La societat civil s’uneix a tot el món per demanar una nova mirada dels serveis públics per fer front a les crisis mundials

Organitzacions i moviments de la societat civil llancem avui un important manifest que demana un enfocament renovat dels serveis públics, com ara l’educació, l’energia, l’alimentació, els serveis sanitaris i d’atenció, l’habitatge, la seguretat social, les telecomunicacions, el transport, la recollida i eliminació de residus i l’aigua i sanejament, per fer front a les crisis ecològiques, les desigualtats i altres crisis que enfronta el món actualment.

Aquest manifest ha estat desenvolupat col·lectivament durant els darrers deu mesos per desenes d’organitzacions de la societat civil i persones a través d’una sèrie de reunions, tallers regionals i consultes en línia. La pandèmia COVID-19 ha posat en evidència les conseqüències de dècades de privatització i comercialització de serveis essencials per a la dignitat humana. Els impactes continus de la pandèmia es creuen amb els altres dos grans reptes que s’enfronta el món: les desigualtats creixents i la crisi climàtica i ecològica, que amenaça d’empènyer 120 milions de persones més a la pobresa el 2030.

El manifest respon a aquest context, servint com a crit de suport als serveis públics, oferint una alternativa concreta a la narrativa neoliberal dominant que no ha pogut complir els drets humans i garantir una vida digna per a tothom. El manifest situa els serveis públics com el fonament d’una societat justa i d’un pacte social fonamentat en els valors de la solidaritat, la igualtat i la dignitat humana. Avança una sèrie de deu principis per als serveis públics de qualitat universal al segle XXI i descriu com és possible finançar serveis públics de qualitat universal.

El manifest es llança abans de «Ja n’hi ha prou: el futur és públic», un esdeveniment que es realitzarà el 26 d’octubre (de 14 a 16 hores UTC) per debatre sobre el paper crucial dels serveis públics en la construcció d’un sistema més inclusiu i sostenible, economia i societat socialment justes i resistents.

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Desde el pasado mes de abril, los precios de la electricidad han subido hasta alcanzar máximos históricos que han sido superados una y otra vez. Además, los mercados de futuro auguran un invierno con mayores subidas de las que ya estamos padeciendo.

El carácter sistémico del precio de la electricidad afecta de manera directa a bienes y servicios de todos los sectores, incluidos los productos de primera necesidad. La subida del precio de la luz impacta a toda la ciudadanía, pero lo hace de forma desigual, en función de la clase social, el género u otros factores, como la pertenencia a algún colectivo racializado.

Desde la sociedad civil hacemos un llamamiento al Gobierno, responsable de la protección de los derechos de todas las personas, para que lleve a cabo las reformas legislativas necesarias con el fin de garantizar a la ciudadanía los siguientes cinco puntos básicos:

1. NO A LOS CORTES DE SUMINISTROS BÁSICOS
Reclamamos al Gobierno que cumpla con los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 y desarrolle el principio de precaución, entendido como la obligación de las empresas suministradoras de consultar a los Servicios Sociales sobre la situación de las familias antes de efectuar cualquier corte de luz, agua o gas y a garantizarles el suministro, en caso de que se encuentren en situación de vulnerabilidad, hasta que no cese tal situación, con independencia del tiempo que transcurra.

El grado de protección que ofrece el llamado “mínimo vital eléctrico”, aprobado por el Gobierno en septiembre de 2021, está lejos del nivel de protección que garantizaría el principio de precaución, pues solo afecta al suministro eléctrico (no a los otros suministros esenciales) y limita a un plazo de 10 meses la prohibición de cortes, sin atender a la situación de las personas transcurrido ese plazo.

Igualmente, ante la escalada de los precios que está empobreciendo a muchas familias, especialmente a las regentadas por mujeres, es imprescindible redefinir y ampliar el concepto de vulnerabilidad.

Mientras estas propuestas no sean desarrolladas, reivindicamos que se prorrogue la moratoria de cortes incluida en el escudo social, aprobado en el contexto de pandemia. Pese a que esta medida es un parche temporal, es lo mínimo imprescindible para hacer frente a las necesidades más urgentes.

2. TARIFAS JUSTAS PARA TODAS LAS PERSONAS
El acceso a un nivel mínimo de suministros básicos, como el agua y la energía, es fundamental para garantizar los derechos más básicos de las personas. Sin embargo, la falta de medidas permite que estos bienes sigan siendo considerados exclusivamente como productos de mercado, lo que pone en serio riesgo el derecho a la salud, la higiene o a una alimentación adecuada.

Con el fin de garantizar unas condiciones de vida dignas en todos los hogares, los suministros básicos deberían estar asegurados a un precio asequible y, en cualquier caso, la tarifa debería ser progresiva en función de los ingresos de los hogares y adaptada a las realidades y necesidades particulares, en especial, de las personas más vulnerables.

Medidas como el bono social son parches que no alcanzan a proteger a todas las personas que padecen pobreza energética. En la actualidad, el bono social únicamente alcanza a algo más de un millón de personas, mientras el Instituto Nacional de Estadística (INE) advierte que un 26,4 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

3. VIVIENDAS QUE NO MALGASTEN ENERGÍA Y DINERO
Frente a la emergencia climática, es necesario ahondar en medidas que permitan ahorrar energía en los edificios y garantizar unas condiciones adecuadas en los hogares. Cabe recordar que los actores sociales con mayor capacidad económica son los que tienen un mayor impacto climático. En cambio, las poblaciones más vulnerables son las que reciben en mayor medida las consecuencias de esta degradación climática.

Reclamamos que se amplíen los fondos destinados a la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de los edificios, priorizando las actuaciones y ayudas en las comunidades más vulnerables, donde las viviendas son más ineficientes energéticamente y las personas disponen de menos capacidad económica para reformarlas. Asimismo, es importante asegurar que el acceso a estos recursos sea sencillo y que las personas puedan recibir acompañamiento para solicitarlos.

4. UN SISTEMA ELÉCTRICO DEMOCRÁTICO, CIUDADANO Y AMBIENTALMENTE JUSTO
Actualmente, el sistema de fijación de precios de la energía se basa en los principios de la economía liberal, cuyo objetivo es aumentar exponencialmente los beneficios económicos de las empresas. El oligopolio energético (Endesa, Iberdrola y Naturgy), que controla gran parte de la producción, transporte y distribución de la electricidad, tiene una gran capacidad de influencia en el sistema de fijación de precios.

Ante esta situación, es crucial disputar el poder al oligopolio para avanzar hacia un modelo controlado por la ciudadanía, en el que cada tecnología tenga un precio acorde a sus costes reales, y que no esté subordinado a un sistema mercantil construido para rentabilizar las inversiones de unas minorías sociales. El suministro eléctrico se ha convertido en un negocio muy rentable, pero debería ser considerado un servicio público, como lo fue en el pasado, gestionado por entidades a disposición del bien común (empresas públicas, cooperativas, etc).

Mostramos nuestro rechazo a la campaña que el oligopolio está realizando contra la tarifa PVPC del mercado regulado, empujando a la ciudadanía hacia otras tarifas que excluyen a las personas vulnerables de determinados derechos, como el acceso al bono social. Estas estrategias, además de dar beneficio extra a las compañías, pueden dejar fuera de juego a las comercializadoras independientes, como las cooperativas.

Las multinacionales también cuentan con instrumentos para proteger sus inversiones en el sector energético y demandar a los Estados ante tribunales privados cuando consideran que han legislado en contra de sus intereses económicos.
La implementación de medidas encaminadas a reducir el precio de la electricidad y asegurar el acceso a la energía de toda la población del Estado Español puede dar lugar a demandas millonarias bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), como ya ha ocurrido en algunos países de Europa del este. Para garantizar un sistema energético justo y democrático que no deje a miles de personas en situación de vulnerabilidad, también es crucial abandonar el TCE de inmediato.

5. HOGARES Y COMUNIDADES QUE GENEREN LA ELECTRICIDAD QUE UTILIZAN
Es crucial apostar por el autoconsumo, las comunidades energéticas y las cooperativas, por la inversión pública y local, por una transición energética con soberanía ciudadana, también en el sector doméstico. Está demostrado que la energía comunitaria es una herramienta que contribuye a reducir la pobreza energética y el consumo. El Estado español tiene la obligación legal de crear marcos jurídicos para asegurar que se cumpla el derecho de la ciudadanía y las comunidades a producir, almacenar, consumir y vender su propia energía renovable.

La actual subida del precio de la luz está estrechamente vinculada con la crisis de escasez de recursos fósiles, que está provocando una escalada del precio del gas a nivel mundial. Para abordar la crisis climática y social que atravesamos, es fundamental emprender de forma inmediata una transición energética democrática, ambiental y socialmente justa, con un nuevo marco de fuentes de energía renovable accesibles para todos los hogares.

¡El 28 de octubre, salgamos todas y todos a la calle!

Adhiérete al manifiesto a través de este formulario

Ecologistas en Acción, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Greenpeace, Coordinadora cde Pensionistas de Madrid, Federación regional de asociaciones vecinales de Madrid, Coordinadora de Vivienda de Madrid, Fridays For Future Madrid, Amigos de la Tierra, Campaña Estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión, Feministas por el Clima, Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras, Xarxa per la Sobirania Energètica, Yayoflautas Madrid, Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, CGT, Anticapitalistas Madrid, Movimiento Ibérico Antinuclear, No Más Precariedad, Plataforma de Pensionistas de Móstoles, Sindicat de Llogateres, Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Comença el 4rt Congrès Global d’Operadors Públics d’Aigua, teixim aliances per fer crèixer el model

Aquesta setmana ha començat el 4rt Global WOP Congress que organitza la GWOPA – UN Habitat. Com diu el seu lema, el Congrés és una oportunitat per aprendre, compartir i inspirar, amb altres realitats de gestió pública de l’aigua. És un espai en el qual aprofundir en el convenciment que la gestió pública és la millor fórmula per garantir l’accés a un dret bàsic com l’aigua, però alhora de la necessitat de mantenir una constant revisió i actualització per adaptar els models a les necessitats dels nostres temps.

Aquesta edició del Congrès se celebrarà completament en format telemàtic, facilitant així la participació, i per això us animem a registrar-vos de manera gratuïta en aquest enllaç

ONGs y sindicatos reivindican la protección de la población en situación de pobreza energética de la subida de las facturas energéticas

 La Right to Energy Coalition ha criticado una “caja de herramientas” publicada hoy por la Comisión Europea para mitigar los impactos de la subida vertiginosa de los precios del gas por poner vidas en peligro [1].

A medida que las facturas energéticas continúan aumentando, millones de europeos se enfrentan a un invierno gélido, obligados a elegir entre calentar sus hogares o tener comida en la mesa. Esto será peligroso, y en algunos casos letal, para los hogares vulnerables a menos que se implementen medidas de socorro de emergencia más fuertes en toda la UE y se aborden las causas fundamentales de la pobreza energética, afirma la coalición que une a ONG, sindicatos y organizaciones de justicia social de todo el mundo. Europa.

La guía de la Comisión [2] aconseja a los estados miembros que proporcionen apoyo financiero específico, planes de aplazamiento de facturas, exenciones fiscales y salvaguardias para prohibir las desconexiones para proteger a los grupos vulnerables. Todas estas medidas son vitales, pero no alcanzan a abordar la magnitud del problema, dice la coalición. La Right to Energy Coalition sostiene que la guía alienta a los estados miembros a implementar un alivio a corto plazo, pero no ha cumplido con lo que los eurodiputados y la sociedad civil esperan de un plan de acción sólido en toda la UE. 

Martha Myers, activista en materia de pobreza energética de Friends of the Earth Europe dijo:

“El acceso a energía limpia y asequible es un derecho humano. Los europeos se han visto obligados a cargar con la subida del precio de nuestro volátil sistema energético, dominado por combustibles fósiles. La guía de la Comisión es solo una gota en el océano para quienes viven en situación de pobreza energética este invierno. Lo mínimo necesario es un plan a escala europea para eximir a las personas en situación de pobreza energética de la deuda de facturas y hacerles llegar renovaciones subsidiadas y energías renovables a quienes más las necesitan.”

Antes de que tenga lugar la cumbre de jefes de gobierno de la UE la semana que viene, la cual estará dominada por la crisis del gas [3], la Right to Energy Coalition ha pedido que se tenga un enfoque estratégico para proporcionar un alivio inmediato y abordar las causas profundas de la pobreza energética, vinculadas a la vivienda ineficiente y al sistema energético neoliberal, centrado en las ganancias.

Jan Willem Goudriaan, Secretario General de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP), dijo:

“Esta crisis de los precios de la energía revela las deficiencias masivas del sistema energético neoliberal. Los gobiernos deberían actuar de inmediato para prohibir las desconexiones y detener la eliminación gradual de los precios regulados de la energía para los hogares. El control público es ahora más que nunca esencial para que se dé un verdadero derecho a la energía”.

La coalición recomienda una prohibición urgente en toda Europa de las desconexiones, similar a las medidas tomadas durante la pandemia producida por el Covid-19 en algunos países [4], para garantizar que todos en Europa tengan acceso a la energía si incumplen sus facturas. La Comisión ha sugerido que los estados miembros implementen salvaguardas sobre desconexiones, pero no existe un plan de acción de la UE, y muchos estados miembros ignorarán este consejo. En la guía de políticas también falta el requisito de que los estados miembros brinden apoyo financiero inmediato.

Los grupos instan a la Comisión Europea y a los estados miembros a comprometerse con programas de rehabilitaciones profundas, totalmente financiados con fondos públicos para hogares vulnerables en toda la UE. La vivienda obsoleta está estrechamente relacionada con más de 100.000 muertes prematuras al año [5] y una carga invisible para la salud pública de más de 140 000 millones de euros [6]. Los activistas piden a la Comisión Europea que se comprometa con una vivienda digna y segura para todos, al tiempo que reduce el consumo de energía de acuerdo con el Pacto Verde Europeo.

También piden una reevaluación de nuestro mercado energético para priorizar a las personas y al planeta por encima de las ganancias. Las compañías de gas continúan haciendo que las familias pobres paguen desproporcionadamente más por su energía [7] dejando a las personas vulnerables en el frío. Dado que la electricidad renovable es actualmente la más barata del mercado [8]; la Coalición exige programas renovables financiados con fondos públicos para grupos vulnerables, además de abordar el coste inicial de la propiedad comunitaria de energía para que sea accesible a personas de bajos ingresos.

1 de cada 4 hogares europeos ya tiene dificultades para iluminar, calentar o enfriar adecuadamente sus hogares [9]. Sin embargo, la crisis de las facturas energéticas inasequibles ha puesto de relieve con urgencia la necesidad de proporcionar un alivio a corto plazo y rectificar las causas estructurales a largo plazo de la pobreza energética.

Carlos Susias, Presidente de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN) dijo: 

“Es necesario proteger a los ciudadanos más vulnerables del impacto de la subida de los precios de la energía y hacer oír su voz en el proceso de toma de decisiones para acabar con la pobreza energética en Europa.”

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Notas

[1] Página y miembros de la Right to Energy Coalition,  https://righttoenergy.org/coalition-members/ 

[2] Caja de herramientas de la Comisión Europea para hacer frente a la excepcional situación y sus impactos https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5204 

[3] Euractiv, los líderes europeos discuten los altísimos precios energéticos, https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-leaders-to-discuss-soaring-energy-prices/ 

[4] ENGAGER, mapa de las medidas contra la pobreza energética durante el COVID-19, http://www.engager-energy.net/covid19/ 

[5] Organización Mundial de la Salud, 100.000 muertes debido a viviendas obsoletas, https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2011/06/new-evidence-from-who-inadequate-housing-causes-more-than-100-000-annual-deaths-in-europe 

[6] Eurofound, viviendas obsoletas en Europa, http://publications.europa.eu/resource/cellar/5187e545-78ab-11e6-b076-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1 

[7] Right to energy, informe “Who’s to pay?”: https://righttoenergy.org/wp-content/uploads/2020/05/whos-to-pay-splitting-the-costs-of-the-transition-1-1.pdf 

[8] Reuters, las renovables son la major respuesta para la subida de precios de la luz, https://www.reuters.com/business/energy/more-renewables-best-answer-energy-price-surge-europe-power-lobby-hears-2021-09-29/

[9] Right to Energy coalition, estadísticas de la pobreza energética, https://righttoenergy.org/about-energy-poverty/

Declaración final de la reunión del Movimiento Europeo del Agua en Barcelona

Los días 1, 2 y 3 de octubre, el Movimiento Europeo del Agua se reunió presencialmente en Barcelona para analizar la situación actual en este momento de crisis climática y pandemia, revisar los principales problemas del agua y planificar su actividad a corto y medio plazo. Este encuentro reunió a más de 40 personas de 9 países (Alemania, Bélgica, Croacia, España, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Serbia).

En el contexto de la emergencia climática, es urgente abordar de manera participativa los impactos del cambio climático en la disponibilidad de recursos hídricos y la gestión de eventos extremos, que se intensificarán.

Por el reconocimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento

La pandemia de COVID 19 ha tenido un impacto significativo con un aumento significativo de la pobreza y situaciones de vulnerabilidad social y económica. La disponibilidad de agua, bien común, fundamental para la vida, la higiene y la salud, se ha convertido en un tema central. Muchos gobiernos han tomado medidas de protección social positivas para asegurar el suministro de agua y prohibir los cortes de agua, que ahora están disminuyendo. Como parte del reconocimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento, el Movimiento Europeo del Agua pide a los gobiernos:

• mantener o generalizar estas medidas para prohibir los cortes de agua,
• garantizar a las personas vulnerables un suministro mínimo gratuito que cubra sus necesidades básicas de agua y les permita vivir con dignidad,
• mejorar el contenido de la directiva europea sobre la calidad del agua destinada al consumo humano, que no asume sistemáticamente las exigencias de la iniciativa ciudadana right2water cuando se transpone a la legislación estatal.

Por la gestión pública del agua y la lucha contra el acaparamiento de fuentes de agua

El Movimiento Europeo del Agua sigue apostando firmemente contra la privatización y el acaparamiento de fuentes de agua.

Observamos con satisfacción un lento pero significativo incremento de los procesos de remunicipalización, que, en muchos casos, se han llevado a cabo ante la oposición radical de los lobbies privados. Sin embargo, aún existe una firme resistencia a favor de la privatización y con mecanismos de gobernanza y participación ciudadana claramente insuficientes.

Observamos con gran preocupación la política europea a favor de los actores privados tal como se define en el plan de la UE de próxima generación y en los planes nacionales de recuperación relacionados. Por otro lado, la creciente influencia de los actores financieros en el desarrollo de la infraestructura de los servicios de agua y saneamiento impone una lógica especulativa que predomina en el mundo financiero. El agua no puede ser un activo financiero cuyo valor se establezca en los mercados financieros.

Consideramos que los ríos, acuíferos, lagos y humedales son bienes comunes. Por tanto, su gestión debe realizarse sin ánimo de lucro y según criterios de solidaridad, cooperación mutua, acceso colectivo, equidad, control democrático, sostenibilidad y no deterioro de los cuerpos de agua. Por lo tanto, estamos muy preocupados por la construcción de centrales hidroeléctricas en ríos y áreas protegidas, especialmente en los países balcánicos.

Participe y contribuya al éxito del Foro Alternativo Mundial del Agua

El Movimiento Europeo del Agua hace un llamado a todos los movimientos ciudadanos que actúan a favor de la causa del agua a participar en el Foro Alternativo Mundial del Agua que tendrá lugar en 2022 en Dakar, Senegal. Allí estará presente el Movimiento Europeo del Agua y traerá los requisitos arriba indicados. Finalmente, el Movimiento Europeo del Agua se fija el objetivo de mejorar sus contactos con organizaciones que comparten sus luchas a nivel internacional.

L’exposició “Les defensores de l’aigua al país de la pluja” visita Manresa en el marc de la Fira Ecoviure. 

Manresa ha acollit del 5 al 10 d’octubre la Fira Ecoviure,comptant amb una concurrència de centenars de persones. Amb el lema “Compromís amb la sostenibilitat”, s’ha construït un programa divers, amb unes jornades tècniques sobre agricultura, gestió de residus, aigua i energies; debats i exposicions sobre aigua, canvi climàtic, agroecología i biodiversitat. 

Els dies 9 i 10 d’octubre, concretament, el Palau Firal ha acollit l’exposició “Les defensores de l’aigua al país de la pluja” a la qual prenen la paraula  tres dones defensores del Dret Humà a l’Aigua a El Salvador que ens expliquen la seva vivència i les lluites a les quals s’enfronten posant en risc la seva vida, buscant alternatives i denunciant la falta d’una regulació estatal del recurs hídric. 

Les expositores valoren com a positiva la possibilitat de construir espais de sensibilització a Manresa sobre la situació del Salvador pel que fa a indústria minera, contaminació de les aigües, destrucció del medi ambient, sobreexplotació dels aqüífers, falta d’aigua domiciliar, agrotòxics i amenaces contra la vida de les defensores i els seus familiars.

Crónica: Jornada de presentació de l’informe La lluita contra la pobresa energètica al món municipal

El passat 30 de setembre va tenir lloc la presentació de l’informe “La lluita contra la pobresa energètica al món municipal. L’aplicació de la Llei 24/2015, en xifres”, a la Federació d’Entitats Calabria 66. 

La jornada tenia com a objectiu donar a conèixer el contingut de l’informe i en especial fer retorn als ajuntaments, consells comarcals i altres ens supramunicipals que van respondre a la petició d’informació pública, promoguda per l’Aliança contra la pobresa energètica (APE) i Enginyeria sense Fronteres (ESF), per obtenir les dades que han estat la base de l’informe. A tal efecte, es van organitzar dues taules amb participació de les administracions, amb l’objectiu de permetre a aquestes entitats intercanviar experiències i fer propostes de millora en el futur.  

A la jornada hi van participar presencialment 60 persones en representació de 12 Ajuntaments, 9 Consells comarcals i 13 entitats diferents, mentre que prop d’una cinquantena de persones van seguir la retransmissió online de l’esdeveniment.  

A la primera part de la jornada, el Sergio Tirado, investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona i coautor de l’estudi, va presentar les dades obtingudes en l’estudi, i, seguidament, la Maria Campuzano, portaveu de l’APE, va explicar el seu context i va presentar les conclusions i recomanacions que s’extreuen d’aquest.

En aquest espai, es van compartir dades inèdites sobre l’aplicació de la Llei 24/2015 en matèria de pobresa energètica, que permeten analitzar l’abast i el nivell de protecció que garanteix la llei, així com detectar les llacunes d’informació que existeixen i les dificultats que tenen els serveis socials per aplicar-la. Es van posar de manifest dades tan rellevants com el nombre de talls evitats gràcies a la norma. En aquest sentit,  s’estima que a Catalunya, des de la vigència de la llei, com a mínim s’han aconseguit aturar 200.000 talls de subministrament i s’han protegit a més de 100.000 famílies. Aquestes xifres demostren que la Llei 24/2015 funciona. 

En el torn de preguntes i debat, van participar membres d’ajuntaments i consells comarcals que van coincidir en la importància i eficàcia de la Llei, però, a la vegada, van posar sobre la taula les dificultats de la seva aplicació. Moltes d’aquestes dificultats estan associades a la manca d’instruccions clares sobre com gestionar el gran volum d’informació que faciliten les companyies subministradores, sovint de forma desordenada i sense una periodicitat definida. Entre els obstacles més freqüents, es va fer referència també a les dificultats per  identificar les persones que, tot i no ser usuàries de serveis socials, consten als llistats facilitats per les companyies. Per últim, diverses intervencions van posar sobre la taula la sobrecàrrega de treball de serveis socials. 

La segona part de la jornada va consistir  en una taula d’experiències amb representants tècnics de diferents ajuntaments i consells comarcals. En ella hi van participar Joan Cantos Villanueva, educador social dels serveis socials d’atenció primària del Consell Comarcal de l’Anoia; Lourdes Fort, Coordinadora de l’Àrea d’atenció a les persones del Consell Comarcal del Pla d’Urgell; Josep Miquel Beltran, Director gerent de l’IMSST de l’Ajuntament de Tarragona; Raquel Rodríguez; Coordinadora especialista en Drets Energètics del PAE de l’Ajuntament de Barcelona i Maria Campuzano, portaveu de l’APE.

El representant de l’Ajuntament de Tarragona va parlar sobre el protocol per a la instal·lació de comptadors socials d’aigua per persones en risc d’exclusió residencial i en situació d’ocupació en precari. Aquest protocol, aprovat recentment pel consistori tarragoní, té origen en un protocol provisional que es va implementar durant el període confinament amb motiu/arran del tancament de les fonts públiques.

El Consell Comarcal de l’Anoia va transmetre les dificultats que experimenten pel que fa a la gestió dels llistats facilitats per les companyies subministradores. Igualment, va fer propostes de millora encaminades a la centralització de la informació, a través de, per exemple, una base de dades electrònica que pugui ser consultada tant per les companyies com pels serveis socials o la creació d’una figura que operi com a  mediadora entre la companyia i serveis socials. 

Des del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, van compartir la seva experiència en la gestió de la pobresa energètica, tenint en compte les dificultats que suposa un context amb població més dispersa. Des d’aquest ens, es va remarcar amb preocupació que el volum de feina administrativa no permet fer polítiques preventives. També es va compartir el projecte Associació Leader Ponent, un servei d’assessoria energètica destinat principalment a ens municipals i comerços, però també a alguns particulars, que estan tirant endavant amb altres consells comarcals del territori.

L’Ajuntament de Barcelona, per la seva banda, va fer èmfasi en la importància de la recopilació de dades per poder analitzar quines són les problemàtiques més comunes i, a la vegada, detectar buits i millores en el servei. En aquesta línia, va explicar com el consistori, des de ben aviat, va apostar per la implementació d’un aplicatiu informàtic que, tot i que inicialment va significar un esforç molt gran, a la llarga els ha permès automatitzar processos i donar respostes ràpides com, per exemple, passar a un servei 100% telefònic en el context de pandèmia.  

L’Ajuntament de Sallent va exposar la seva experiència amb el protocol d’instal·lació de comptadors socials de llum. Si bé la instal·lació d’aquests comptadors és un dels compromisos assumits per Endesa a través del conveni signat, el març de 2021, amb el Govern de la Generalitat, de moment Sallent ha estat l’únic ajuntament de Catalunya que ha aconseguit la instal·lació de 6 comptadors per part de la companyia.

Per últim, l’APE va destacar el paper de les entitats promotores de la Llei en el seguiment de l’aplicació d’aquesta. Va posar de manifest com les entitats han assumit que aprovar una Llei no canvia la realitat d’un dia per l’altre i que cal estar darrere l’administració i les empreses, dia a dia, per fer-la complir. 

En acabar les intervencions, es va obrir un torn de paraules on es van fer reflexions sobre la importància de què els ajuntaments empadronin les persones en situació d’ocupació en precari, ja que encara hi ha molts consistoris que no ho fan. Es va remarcar la importància de treballar conjuntament amb les oficines d’habitatge i la necessitat de què, des de la Generalitat, es faci un traspàs als serveis socials dels acords del conveni signat amb Endesa. Es va reivindicar insistentment la necessitat de dotar a les administracions públiques de recursos suficients per aplicar la Llei 24/2015 i promoure la creació de serveis especialitzats en assessoria energètica als municipis amb el suport de la Generalitat. Es va llançar la proposta de signar convenis amb els gremis d’instal.ladors per tal de poder facilitar la gestió de la instal·lació de comptadors socials de llum. Es va considerar també molt necessari el desplegament de campanyes comunicatives sobre drets energètics. En l’àmbit estatal, es va apuntar a la imperiosa necessitat de promoure mesures més ambicioses que el bo social, com per exemple, la implementació d’una tarifa social progressiva, en funció dels ingressos de la família. 

La jornada es va tancar amb una taula de debat que va comptar  amb la participació de l’Anna Figueras, secretària d’Afers Socials i Famílies; la Yolanda Ferrer, Regidora delegada d’Igualtat i Benestar Social de l’Ajuntament de Rubí i l’Esther Marcos, Regidora de Comerç i mercats Festes Cooperació Noves tecnologies Sostenibilitat Promoció de la salut Gent gran i Diversitat funcional.

Des de la Generalitat, es va aportar informació sobre l’estat en què es troba l’aplicació del conveni signat amb Endesa el març de 2021. Entre els avenços, es va fer públic que, durant el mes d’octubre, Endesa enviarà una carta  a  més de 35.000 famílies, confirmant-los la condonació del deute, tal com es va comprometre la companyia en l’esmentat conveni. En la mateixa direcció, va traslladar el compromís de fer front al deute acumulat durant el 2021, així com de crear un òrgan gestor que ha de donar suport als ajuntaments i ens supramunicipals en la implementació de la Llei.

Des de l’Ajuntament de Rubí, es va fer èmfasi en el paper essencial dels municipis en la lluita contra la pobresa energètica i es va compartir el protocol d’instal·lació de comptadors socials d’aigua que es va posar en marxa el 2014, abans que entrés en vigor la Llei 24/2015.

Per últim, l’Ajuntament de Figueres va compartir la seva preocupació pels talls de llum per culpa del mal estat de la xarxa de distribució que afecten barris com El colobret. Així mateix, va transmetre a la Generalitat la proposta de fer servir els Fons Europeus per dotar els ajuntaments de recursos destinats a la lluita contra la pobresa energètica.

Descarrega l’informe

I es va fer la llum. Un història sobre pobresa energètica en la infància 

I es va fer la llum és un conte inspirat en les famílies de l’Aliança contra la Pobresa Energètica i el testimoniatge de la infància de la Cañada Real, que ara fa un any que viuen sense llum. És un conte il·lustrat per Ivonne Navarro Varas que pretén aportar un petit gra de sorra per superar aquesta injustícia de manera col·lectiva.

Amb un llenguatge senzill alhora que contundent, és el conte ideal per a que en àmbits educatius es puguin acompanyar aquestes situacions i, alhora, enfortir les xarxes de suport que volen revertir aquesta situació.

Enginyeria Sense Fronteres i l’Aliança contra la Pobresa Energètica impulsen l’ecoedició d’un conte infantil, elaborat amb el testimoniatge de persones que pateixen aquesta situació. Il·lustrat per Ivonne Navarro Varas  i ecoeditat per Pol·len edicions, el conte I es va fer la llum vol contribuir a l’acompanyament de situacions de vulneració de drets, alhora que fomentar la creació de xarxes de suport per a revertir aquestes situacions.

Per aconseguir publicar I es va fer la llum Enginyeria Sense Fronteres, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i Pol·len edicions van iniciar una campanya de finançament popular a través de la plataforma Goteo: goteo.cc/iesvaferlallum.

Ara el llibre imprès és una realitat, el podeu trobar a les següents llibreries:

A TRES TINTES
AL.LOTS / PETIT PRINCEP
ALEXANDRIA LLIBRES
ARANYA
ARGONAUTA, BALAGUER
CALMOT LLIBRES
CAPONA, LA
CASA ANITA
CASELLES
CIUTAT INVISIBLE
CONTIJOCH
CUCUT
CULTURAL LLIBRERIA
EDISON LLIBRERIA
EL LOKAL
EL REFUGI – LLIBRERIA CRÍTICA
FOSTER & WALLACE
GAUDí (II)
GELI
GENET BLAU
GRALLA, LA
INSOLITA, LA
L’ODISSEA LLIBRES I MÚSICA, S.
LA GARBA LLIBRERIA
LA TRIBU LLIBRERIA
LAIE CCCB
LES VOLTES
LILLIPUT
LLAR DEL LLIBRE
LLORENS LLIBRES
MATER
MUNTANYA DE LLIBRES
NINOT JOCS EDUCATIUS I LLIBRES
ONA LLIBRES
PARCIR
PEBRE NEGRE
PETITA DEL POBLENOU
POPULAR DISTRIBUIDORA
QUATRECANTONS
RACÓ DEL LLIBRE
ROCAGUINARDA
RODAL BOTIGA AGROECOLOGICA
SALTAMARTI
SIGLANTANA, LA
SYNUSIA LLIBRERIA
TAIFA LLIBRES
TRABOOKAIRE LLIBRERIA
VINT-I-DOS