La perspectiva de género es clave para combatir la pobreza energética
GENDER4POWER publica dos nuevas herramientas para incorporar la perspectiva de género en la lucha contra la pobreza energética
El proyecto europeo, del que Ingeniería Sin Fronteras forma parte, presenta un nuevo informe y un manual práctico para ayudar a administraciones públicas, comunidades energéticas y entidades sociales a integrar la perspectiva de género en sus actuaciones contra la pobreza energética.
La pobreza energética no afecta a todas las personas por igual. Las desigualdades de género condicionan el acceso a una energía asequible, segura y suficiente, y deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar políticas y medidas que garanticen el derecho a la energía.
Con este objetivo, el proyecto europeo GENDER4POWER, del que Enginyeria Sense Fronteres forma parte, ha publicado dos nuevos recursos que ofrecen herramientas prácticas para incorporar la perspectiva de género en las acciones de lucha contra la pobreza energética: el Informe sobre métodos con perspectiva de género para combatir la pobreza energética y el Manual de acción con perspectiva de género, que incluye una guía para elaborar Planes de Acción de Género.
La pobreza energética tiene una dimensión de género
Las mujeres se encuentran más expuestas a la pobreza energética debido a desigualdades estructurales como la brecha salarial y de pensiones, una mayor presencia en empleos a tiempo parcial, una mayor esperanza de vida o una distribución desigual de las tareas de cuidados y del trabajo doméstico. Estas situaciones incrementan el riesgo de no poder mantener unas condiciones adecuadas de confort en el hogar y de asumir una mayor carga económica derivada de los gastos energéticos.
Por ello, incorporar la perspectiva de género no es un aspecto accesorio, sino una condición necesaria para avanzar hacia una transición energética más justa e inclusiva.
Del diagnóstico a la acción
El informe analiza programas, ayudas y políticas existentes a escala local, estatal y europea para evaluar hasta qué punto responden a las necesidades de las mujeres y de otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Entre sus recomendaciones destacan la incorporación de criterios de género en los programas de rehabilitación energética, la simplificación de los mecanismos de acceso a las ayudas, el refuerzo de los servicios de asesoramiento de proximidad y el impulso de iniciativas comunitarias financiadas con instrumentos europeos.
Por su parte, el manual ofrece una metodología práctica para que administraciones públicas, comunidades energéticas y otras entidades incorporen la perspectiva de género desde la planificación hasta el seguimiento y la evaluación de sus proyectos, facilitando la elaboración de Planes de Acción de Género adaptados a cada realidad.
Seis experiencias piloto en Europa
Las dos publicaciones recogen la experiencia de los seis proyectos demostrativos de GENDER4POWER, desarrollados en Austria, Alemania, Grecia, Lituania, Eslovenia y España.
En el caso de Barcelona, la Comunidad Energética de La Bordeta, una de las experiencias piloto del proyecto, ha elaborado un Plan de Acción de Género orientado a mantener una participación equilibrada durante el crecimiento de la comunidad energética. Entre las medidas previstas se incluyen una comunicación inclusiva, servicios de cuidado infantil durante las actividades y la creación de un Fondo de Solidaridad para apoyar a personas en situación de pobreza energética.
El papel de Ingeniería Sin Fronteras
En el marco de GENDER4POWER, Ingeniería Sin Fronteras participa en el desarrollo y la implementación de acciones para incorporar la perspectiva de género en la lucha contra la pobreza energética, aportando su experiencia en la defensa del derecho a la energía, la justicia energética y el impulso de comunidades energéticas. Este trabajo refuerza el compromiso de la entidad con una transición energética que, además de descarbonizar el sistema, sitúe a las personas en el centro y contribuya a reducir las desigualdades.
Una transición energética que no deje a nadie atrás
La transición energética solo será justa si es capaz de responder a las desigualdades que condicionan el acceso a la energía. Incorporar la perspectiva de género en las políticas e iniciativas que buscan combatir la pobreza energética es imprescindible para garantizar que las soluciones lleguen a todas las personas.
Con estos nuevos recursos, GENDER4POWER ofrece herramientas para que administraciones públicas, comunidades energéticas y organizaciones sociales avancen hacia un modelo energético más democrático, inclusivo y centrado en las personas.
GENDER4POWER (Grant Agreement n.º 101167565) está cofinanciado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente responsabilidad de su autor o autora y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de ellos.
ISF lleva la defensa del derecho a la energía al debate europeo sobre justicia energética
¿Cómo se puede garantizar que ningún hogar vulnerable se quede sin luz? Esta es una de las preguntas que han centrado el congreso internacional Contested Transitions: Law for Energy Justice, organizado por la Universidad de Groningen (Países Bajos), que ha reunido a investigadoras e investigadores de toda Europa para debatir qué papel puede desempeñar el derecho en la construcción de una transición energética más justa.
En este marco, Josep Babot Barbero, miembro de Ingeniería Sin Fronteras (ISF), ha presentado la ponencia Defining «Full Protection» from Electricity Disconnections: A Framework for Assessing the Transposition of Article 28a of Directive (EU) 2024/1711, centrada en la nueva obligación de los Estados miembros de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad frente a los cortes de suministro eléctrico.
El artículo 28a de la Directiva (UE) 2024/1711 refuerza las garantías para evitar que las personas consumidoras vulnerables puedan ver interrumpido el suministro eléctrico. Pero ¿qué significa exactamente garantizar una «protección completa»? Esta es la pregunta que aborda la investigación presentada por ISF.
El estudio propone un marco de análisis para evaluar cómo los diferentes países incorporan esta obligación a sus ordenamientos jurídicos y defiende que la protección solo es efectiva cuando el sistema impide que un hogar vulnerable pueda ser desconectado antes de que los servicios públicos hayan podido identificar y valorar su situación. A partir de la comparación entre los modelos español y catalán, la investigación muestra que la diferencia no radica únicamente en la existencia de mecanismos de coordinación entre administraciones y empresas suministradoras, sino en la función que estos mecanismos desempeñan para prevenir cortes indebidos y garantizar de manera efectiva el derecho a la energía.
Esta participación permite trasladar al debate jurídico europeo la experiencia acumulada por ESF durante años de trabajo en la defensa del derecho a la energía en Cataluña y en el conjunto del Estado. Las aportaciones de la entidad, construidas desde la incidencia política, el acompañamiento a administraciones públicas y movimientos sociales y el análisis crítico de las políticas energéticas, contribuyen a enriquecer los debates europeos sobre pobreza energética y justicia energética desde una perspectiva basada en la garantía efectiva de los derechos.
Al mismo tiempo, el intercambio con investigadoras, universidades y otros actores europeos permite generar nuevas alianzas, contrastar experiencias e incorporar los últimos avances del debate jurídico internacional al trabajo de incidencia de ESF. Un conocimiento que contribuye a seguir desarrollando propuestas para avanzar hacia un marco legal que garantice, de manera efectiva, el derecho de todas las personas a acceder a los servicios energéticos esenciales.
El Grup Català d’Empresa i Drets Humans celebra l’aprovació històrica de la Llei del Centre Català d’Empresa i Drets Humans a Catalunya i demana compromís i agilitat al Govern per la seva entrada en funcionament
- Amb l’aprovació d’aquesta llei Catalunya esdevé pionera al món en la defensa dels drets humans davant la impunitat empresarial.
- El Centre podrà investigar casos, emetre informes i proposar mesures d’actuació.
- 30 casos documentats que es podrien beneficiar d’aquest centre, entre ells, ACS de Florentino Pérez a Guatemala, o la catalana ICL de Súria amb complicitat amb el genocidi a Palestina, que estan recollits a la web alertadh.org
- La iniciativa compta amb el suport de més de 8.000 organitzacions socials, sindicats, ajuntaments i plataformes cíviques
Barcelona, 1 de juliol de 2026.– Celebrem un pas històric: Catalunya serà pionera en la defensa dels drets humans front als abusos empresarials. Aquest dimecres 1 de juliol de 2026, el Parlament de Catalunya ha aprovat, després de més de 10 anys de negociacions, la Llei del Centre Català d’Empresa i Drets Humans, per 71 vots a favor del Grup Socialista, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, 34 abstencions de Junts i 27 en contra de PP, VOX i Aliança Catalana.
El Centre serà un organisme públic i independent que vetllarà perquè les empreses que operen a Catalunya no vulnerin els drets humans i ambientals, tant a Catalunya com en els països del sud global en el que desenvolupen activitat. «Amb l’aprovació de la llei per a la creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans, Catalunya esdevindrà pionera en la defensa dels drets humans davant la impunitat empresarial. I això ha estat possible gràcies a la feina incansable de la societat civil durant més de deu anys malgrat tots els entrebancs que ens hem trobat dins i fora del Parlament», ha celebrat en roda de premsa Júlia Martí, portaveu del Grup català d’empresa i drets humans, impulsor de la iniciativa.
Aquesta llei, impulsada des del 2015 pel Grup Català d’Empresa i Drets Humans —format per 22 entitats de la societat civil, plataformes universitàries i organitzacions de justícia global—, suposa un avanç sense precedents en la regulació del sector empresarial i en la coherència entre les polítiques econòmiques, d’acció exterior i de cooperació internacional de la Generalitat. «És un victòria col·lectiva que posa al centre els drets de les comunitats del sud global afectades per l’acció empresarial en un moment en el que la desregulació internacional és la norma. Avui, Catalunya ha demostrat ser valenta», ha remarcat Martí, que ha afegit que permet a Catalunya ser «referent mundial en la defensa dels drets humans i situar la cooperació catalana, perquè això és cooperació internacional, en la primera divisió en la defensa i el respecte dels drets humans arreu».
També s’ha demat celeritat per passar a l’acció: “emplacem al Govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per a crear-lo dins l’establert a la llei», ha reclamat Martí. És imprescindible que la Generalitat doti al nou Centre dels recursos necessaris per tal que el Centre pugui començar a operar aquest mateix 2026. També cal que agilitzi la redacció i aprovació del reglament l’abans possible. A més, recordem que la llei estableix un termini de 6 mesos per constituir el Consell Assessor que escollirà la Junta de govern.
Més de 10 anys de negociacions
Fa més d’una dècada, el Grup Català d’Empresa i Drets Humans va començar a treballar en aquesta proposta, que l’any 2020 va ser admesa per primera vegada al Parlament. Des d’aleshores, més de 8.000 organitzacions socials, sindicats, ajuntaments i plataformes cíviques han donat suport a la iniciativa, convertint-la en una demanda transversal de la societat catalana. La tenacitat de la societat civil va fer possible que al març de 2025 es registrés per tercera vegada i aquest cop amb poc més d’un any, gràcies a la feina feta prèviament, ha estat possible finalitzar el tràmit parlamentari. La seva aprovació final és, doncs, un èxit col·lectiu i un compromís amb la justícia global.
Investigar casos, emetre informes i proposar mesures
El Centre neix amb la capacitat d’investigar demandes de comunitats afectades per activitats empresarials i emetre informes públics i proposar polítiques respectuoses amb els drets humans per part del sector empresarial. El seu principal objectiu serà doncs el d’investigar i informar sobre les activitats de les empreses que operen a Catalunya i donar seguiment a demandes sobre possibles vulneracions de drets humans. Aquest organisme dependrà del Departament d’Unió Europea i Acció Exterior i serà independent del poder corporatiu, eficaç en la seva actuació, accessible per a les comunitats afectades, compromès amb la justícia global i valent per investigar la impunitat empresarial, tal com recull la llei.
Fomentar un teixit empresarial responsable
També les administracions i la societat catalanes podran disposar d’una eina per fomentar bones pràctiques empresarials i garantir una contractació pública i un consum just i responsable. De fet, ha especificat Martí en la roda de premsa: «Aquesta no és una llei contra les empreses ni el teixit empresarial català, és una llei que preten afavorir una acció empresarial responsable, coherent i avanguardista en la defensa dels drets bàsics.»
Mentre a nivell europeu i internacional els marcs normatius vinculants són escassos i poc exigents —la recent aprovació de la Directiva europea de diligència deguda n’és un exemple—, Catalunya té l’oportunitat de fer les coses diferent.
Comunitats que se’n poden beneficiar: més de 30 casos documentats
La web AlertaDH.org ja recull prop de 30 casos de vulneracions comeses per empreses transnacionals amb seu o activitat a Catalunya, en països com Mèxic, Guatemala, Colòmbia, Palestina o Bangladesh. Aquests casos demostren la necessitat urgent d’un organisme com el Centre, capaç de prevenir, investigar i fer públics els abusos empresarials.
Gràcies a aquest Centre, per exemple, les comunitats del Sud global com és el poble Lenca a Hondures, al que pertanyia la Berta Cáceres, no caminaran soles en la defensa dels seus drets socials, econòmics, culturals i ambientals.
Un altre cas que podria investigar el centre, és el de Israel Chemicals Limited, una empresa que opera al Bages, i que ha sigut assenyalada pels seus vincles amb l’exèrcit d’Israel, com acaben de denunciar 200 acadèmics i acadèmiques catalanes en un manifest.
Amb l’aprovació d’aquesta llei el Parlament català ha demostrat que pot liderar el canvi i evidenciar que una altra manera de fer política econòmica és possible: frenar les empreses fan negoci de l’explotació laboral, la contaminació i el despull de comunitats arreu del món.
DESCARREGA EL DOSSIER DE PREMSA
Ingeniería Sin Fronteras recibimos el Premio a la Mejor Iniciativa Solidaria del CEEC.
El Clúster de la Energía Eficiente de Cataluña reconoce la trayectoria de ESF en la defensa del derecho a la energía y la justicia social.
La semana pasada tuvimos el honor de recibir el Premio a la Mejor Iniciativa Solidaria en el marco de la Noche de la Eficiencia, organizada por el Clúster de la Energía Eficiente de Cataluña (CEEC).
Recibimos este reconocimiento con alegría, pero sobre todo como una oportunidad para poner en valor una idea que defendemos desde hace muchos años: que la energía no es solo una cuestión tecnológica, sino también una cuestión de derechos, de justicia social y de democracia.
Este premio llega en un momento en el que la transición energética ocupa cada vez más espacio en el debate público. Y es una buena noticia. Pero también creemos que es necesario recordar que la forma en que se lleve a cabo esta transición es tan importante como su velocidad. No basta con descarbonizar el sistema energético si esto se hace reproduciendo desigualdades o dejando atrás a personas y comunidades.
A lo largo de más de treinta años, desde Ingeniería Sin Fronteras hemos trabajado junto a comunidades, movimientos sociales, organizaciones y administraciones para defender el acceso universal a los servicios básicos y construir alternativas que pongan a las personas en el centro. Lo hemos hecho aquí y también en otros territorios del mundo, convencidas de que los retos energéticos tienen una dimensión global pero también profundamente local.
Por eso sentimos que este premio no es solo nuestro. También pertenece a todas las personas voluntarias, socias, compañeras de organizaciones aliadas y comunidades con las que hemos compartido camino durante estos años. Sin ellas, el trabajo de ISF no tendría sentido.
Durante el acto quisimos reivindicar la necesidad de seguir construyendo alianzas entre administraciones, universidades, cooperativas, empresas, movimientos sociales y comunidades. Los retos ecológicos y sociales que tenemos por delante son demasiado grandes para afrontarlos de manera aislada. Necesitamos sumar conocimientos, experiencias y recursos para avanzar hacia modelos energéticos más democráticos, sostenibles y justos.
Este reconocimiento nos anima a seguir trabajando en esta dirección. Porque, al fin y al cabo, lo que nos mueve sigue siendo lo mismo que hace más de tres décadas: defender que la energía, igual que el agua, es un derecho y no un privilegio.
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Llamamiento para firmar los compromisos para el impulso de las comunidades energéticas de Barcelona
La Red de Comunidades Energéticas de Barcelona ha impulsado un documento de compromisos para reforzar el papel de las comunidades energéticas en la ciudad y hace un llamamiento a entidades, asociaciones, cooperativas y organizaciones sociales para que se adhieran y lo apoyen.
La Red es un espacio de aprendizaje, coordinación y reflexión compartida entre los grupos impulsores de las comunidades energéticas de Barcelona. Dinamizada por Coòpolis, se reúne de forma bimestral desde el año 2023 con el objetivo de interconectar experiencias, compartir retos y generar propuestas conjuntas para avanzar hacia una transición energética más democrática, justa y participativa.
Enginyeria Sense Fronteres participa activamente en este espacio, contribuyendo a fortalecer las comunidades energéticas de la ciudad e impulsar acciones de incidencia política que permitan mejorar el marco de apoyo institucional para su desarrollo. Esta labor se enmarca en el compromiso de la entidad con la democratización de la energía y la defensa del derecho a la energía.
A pesar de los instrumentos municipales existentes, las comunidades energéticas siguen encontrándose con numerosas barreras administrativas e institucionales que dificultan su consolidación y crecimiento. La falta de un apoyo municipal estable, coordinado y estructural hace que muchos proyectos dependan principalmente del esfuerzo voluntario de la ciudadanía organizada.
Sin embargo, las experiencias desarrolladas hasta ahora demuestran que las comunidades energéticas son una herramienta efectiva para avanzar hacia una transición energética justa, reducir desigualdades y fomentar la participación ciudadana. Además, las últimas novedades legislativas, como el Decreto ley 22/2025, reconocen a las Comunidades de Energías Renovables (CER) y a las Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE) como entidades de utilidad pública y de interés general, abriendo nuevas oportunidades para un mayor apoyo institucional.
Ante este contexto, la Red de Comunidades Energéticas de Barcelona ha elaborado un documento que recoge cinco compromisos clave que se trasladarán a los miembros de la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. El objetivo es conseguir un apoyo estable y decidido a las comunidades energéticas de la ciudad.
Los compromisos propuestos son:
- Desarrollar un Plan Integral de Impulso y Acompañamiento a las Comunidades Energéticas que las incorpore de manera transversal en las políticas de ciudad.
- Garantizar el derecho a la energía mediante el despliegue de políticas y prácticas público-comunitarias.
- Crear un Fondo Municipal para Comunidades Energéticas.
- Establecer bonificaciones fiscales municipales que reconozcan e incentiven estos proyectos.
- Crear una Oficina Técnica de Comunidades Energéticas de Barcelona que actúe como ventanilla única de apoyo técnico, jurídico y administrativo.
Desde la Red se invita a todas las organizaciones comprometidas con la justicia climática, la democratización de la energía y la participación ciudadana a sumarse a esta iniciativa y apoyar los compromisos propuestos.
Puedes leer el documento completo aquí.
Entidades y colectivos impulsores:
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- Red de Comunidades Energéticas de Barcelona
- BATEC
- Enginyeria Sense Fronteres
- Red por la soberanía energética
- CICrA Justicia Ambiental
- Asociación SEBA, Servicios Energéticos Básicos Autónomos
- Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona
Hacemos un llamamiento a las entidades y grupos municipales que quieran adherirse a completar el siguiente formulario, antes del 3 de julio de 2026, para avanzar hacia un modelo energético más democrático, justo y arraigado al territorio durante el siguiente mandato.
De Bruselas al New European Bauhaus Festival: la juventud de Yconic lleva su voz a Europa
En Ingeniería Sin Fronteras participamos en el proyecto Yconic: Youth Leading a New, Socially Just Era, una plataforma educativa dirigida a jóvenes de entre 12 y 16 años que les ayuda a comprender y reflexionar sobre algunos de los grandes retos del presente y del futuro: el cambio climático, la transición energética justa, la digitalización y la justicia social.
La plataforma Yconic ofrece artículos interactivos, videos, cuestionarios, espacios de debate y herramientas para que los mismos estudiantes puedan crear contenidos propios. Más allá del aprendizaje, el proyecto busca capacitar la juventud para que pueda expresar sus opiniones, desarrollar habilidades de incidencia y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y sostenible.
Un encuentro europeo en Bruselas
Del 21 al 23 de abril de 2026, una cuarentena de estudiantes y profesorado de Bulgaria, Italia y Cataluña se reunieron en Bruselas para profundizar en la relación entre las temáticas de Yconic y los procesos políticos europeos.
Durante tres días, los participantes conocieron de cerca el funcionamiento de las instituciones europeas y reflexionaron sobre como la ciudadanía y las organizaciones sociales pueden influir en las políticas públicas. La visita incluyó una jornada en el Parlamento Europeo y un espacio de diálogo con entidades especializadas en vivienda, eficiencia energética y justicia social, como Buildings Performance Institute Europe, Renovate Europe, Habitado for Humanity Europe y FEANTSA.
La vivienda aconteció el hilo conductor de las discusiones, poniendo de manifiesto como esta cuestión conecta directamente con los cuatro esos centrales de Yconic: clima, energía, digitalización y justicia social.
La juventud toma la palabra en el New European Bauhaus Festival
Fruto del trabajo desarrollado durante el encuentro de Bruselas, el próximo 12 de junio de 2026 Yconic organiza un acontecimiento satélite virtual dentro del New European Bauhaus Festival, una iniciativa de la Comisión Europea que promueve espacios más sostenibles, inclusivos y atractivos para las personas.
Bajo el título «Efficient, affordable housing as a core elemento of social justice«, estudiantes de Bulgaria, Italia y Cataluña compartirán sus propuestas y reflexiones sobre el futuro de la vivienda a Europa. Sus intervenciones abordarán aspectos como:
- Clima y energía
- Vivienda y justicia social
- Diseño y vida comunitaria
- Participación juvenil y democracia
El acontecimiento parte de una realidad preocupante: gran parte de las viviendas europeas son energéticamente ineficientes, generan elevadas emisiones de gases invernadero y comportan costes energéticos difíciles de asumir por muchas familias. Ante este reto, los y las jóvenes participantes presentarán su visión de un modelo de vivienda alineada con los tres principios del New European Bauhaus: sostenible, bonito e inclusivo.
Esta será una oportunidad para escuchar la voz de la juventud y poner en valor su papel en la construcción de soluciones a los grandes retos sociales y ambientales de nuestro tiempo.
Información del evento
- Fecha: 12 de junio de 2026
- Horario: 10:00 – 12:00 h (CEST)
- Formato: En linea
La sesión está abierta a estudiantes, familias, profesorado, profesionales y cualquier persona interesada en el futuro de la vivienda, la sostenibilidad y la participación juvenil.
Inscripciones: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_VqO-u4HaQYejCqpe7s9ZCg#/registration
La decisión del TC supone un nuevo ataque a los derechos básicos, favorece los intereses del oligopolio energético y debilita las herramientas que han protegido a miles de familias frente a la pobreza energética
La decisión del Tribunal Constitucional de limitar la protección contra los cortes de suministro prevista en la Ley 24/2015 pone en riesgo una de las principales herramientas de protección frente a la pobreza energética en Cataluña. Una vez más, como ya ocurrió con parte de las medidas de vivienda de la misma ley, el Tribunal Constitucional se posiciona del lado de los intereses de las grandes compañías del oligopolio energético y vuelve a limitar la capacidad de Cataluña para legislar y proteger derechos sociales ante una emergencia que sigue afectando a miles de hogares vulnerabilizados.
La Ley 24/2015 ha demostrado ampliamente su eficacia. Solo durante sus primeros cinco años permitió evitar más de 200.000 cortes de suministro en Cataluña, protegiendo así a cientos de miles de personas de una situación de vulnerabilidad extrema. Hablamos de una ley que ha salvado vidas y que ha sido una herramienta imprescindible frente a un modelo energético injusto, especulativo y en manos de unas pocas empresas que acumulan beneficios millonarios mientras muchas familias no pueden garantizar el acceso a servicios básicos como la luz, el agua o el gas.
La fuerza de la Ley 24/2015 no solo se refleja en las cifras de cortes evitados. Gracias a la presión social y a la capacidad organizativa de los movimientos sociales, esta ley también permitió forzar a grandes empresas como Endesa y Agbar a firmar convenios que incorporaban mecanismos de condonación de deuda. En el caso de Endesa, alrededor de 41.000 hogares se han beneficiado de estas medidas. Estos datos evidencian que la ley no solo es necesaria, sino que ha funcionado y ha obligado a las grandes suministradoras a asumir su responsabilidad frente a la pobreza energética.
El Tribunal Constitucional ignora deliberadamente el contexto político, social y democrático en el que nació esta norma. La Ley 24/2015 es una conquista colectiva impulsada por los movimientos sociales a través de una ILP que recogió más de 150.000 firmas y que fue aprobada por unanimidad en el Parlament de Catalunya. Que una ley avalada socialmente, aprobada sin ningún voto en contra y demostrada efectiva durante más de diez años pueda ser desmantelada de esta manera envía un mensaje muy grave a la ciudadanía: que incluso los consensos sociales más amplios pueden quedar subordinados a los intereses económicos de las grandes empresas.
Las consecuencias de esta decisión no son abstractas ni simbólicas. El Tribunal Constitucional toma una decisión jurídica con efectos muy concretos sobre la vida de las personas: familias que pueden quedarse sin luz, agua o gas. No podemos permitir más víctimas por pobreza energética ni olvidar casos como el de Rosa de Reus, que murió después de que le cortaran el suministro eléctrico. En pleno 2026, es inadmisible que haya personas obligadas a escoger entre comer o encender la calefacción mientras las grandes energéticas continúan incrementando sus beneficios.
Acciones urgentes para evitar nuevos cortes
Ahora mismo, en Cataluña hay 197.867 hogares que disponen de bono social y que, por tanto, están protegidos frente a los cortes en caso de impago. Sin embargo, esta protección depende de la moratoria estatal, el llamado escudo social, que si nada cambia finaliza el 31 de diciembre de 2026.
Además, diversos estudios alertan de que el bono social ni de lejos llega a todos los hogares que lo necesitan. Según un estudio de ESADE y Oxfam Intermón, Cataluña es la tercera comunidad autónoma del Estado con mayor margen respecto a posibles hogares que podrían beneficiarse del Bono Social Eléctrico y que actualmente no acceden a él: cerca del 80% de los potenciales beneficiarios quedan fuera del sistema, solo por detrás de Canarias y Cantabria. Esto significa que decenas de miles de familias en situación de vulnerabilidad pueden quedar completamente desprotegidas ante esta sentencia.
Para entender el impacto real de la sentencia del Tribunal Constitucional será necesario saber cuántos de los hogares protegidos hasta ahora por la Ley 24/2015 no disponen de bono social. Esta información, a día de hoy, no es pública, y eso aumenta todavía más la preocupación ante las consecuencias que esta resolución puede tener sobre miles de familias.
En esta misma línea, datos facilitados por Endesa muestran que el 86,81% de los hogares con IRER ni siquiera inician los trámites para solicitar el bono social, lo que evidencia las enormes barreras administrativas y de acceso existentes y refuerza la necesidad urgente de desplegar mecanismos de protección automáticos y efectivos.
Ante esta situación, el Departament de Drets Socials debe dar un paso adelante. Le reclamamos que elabore una hoja de ruta para afrontar el nuevo escenario y que aproveche el espacio de la Mesa de Pobreza Energética para consensuar una respuesta conjunta y coordinada con las administraciones y entidades que forman parte de ella. Las administraciones no pueden limitarse a lamentar la sentencia: hacen falta medidas urgentes y contundentes para evitar que esta decisión se traduzca en nuevos cortes de suministro, más exclusión y más sufrimiento social.
También exigimos que las empresas energéticas asuman la corresponsabilidad que establece la ley y dejen de trasladar el coste de la pobreza energética a las familias y a los servicios sociales municipales. La pobreza energética no es un problema individual, sino una consecuencia directa de un modelo energético profundamente desigual que prioriza los beneficios privados por encima de los derechos básicos de la población.
Desde la Alianza contra la Pobreza Energética, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y el Observatori DESCA seguiremos organizadas, movilizadas y defendiendo que el acceso a la energía sea garantizado como un derecho y no tratado como un privilegio. No aceptaremos ningún retroceso en derechos ni que miles de hogares queden desamparados frente a los abusos de las grandes compañías suministradoras.
[Infografías] El Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos: una herramienta clave para investigar y actuar ante vulneraciones de derechos
En Ingeniería Sin Fronteras hemos elaborado una serie de infografías para explicar de manera clara cómo podría funcionar el futuro Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos: un organismo público necesario para investigar vulneraciones de derechos humanos y ambientales cometidas por empresas con actividad en Cataluña.
Este material visual traduce de forma accesible la metodología de investigación y actuación recogida en el Trabajo de Fin de Máster Impunidad corporativa e impacto exterior en el Sur Global. Propuesta de una metodología de acompañamiento para el Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos, elaborado por Marta Buyreu Jorba y dirigido por Gemma Tejedor Papell, Jordi Segalàs Coral, Sandra Tous Rodríguez y Nicolás O’Ryan Febre. Con estas infografías queremos contribuir a hacer comprensible una propuesta que consideramos urgente y necesaria.
Su publicación llega, además, en un momento clave: la aprobación en las próximas semanas de la Ley del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos por parte del Parlament de Catalunya. Después de más de diez años de incidencia colectiva del Grup Català d’Empresa i Drets Humans, del que Ingeniería Sin Fronteras formamos parte, Cataluña da un paso pionero para dotarse de una herramienta pública para investigar vulneraciones de derechos humanos y ambientales vinculadas a empresas que operan en nuestro territorio.
Una propuesta para pasar de la impunidad a la rendición de cuentas
Con demasiada frecuencia, las vulneraciones de derechos humanos vinculadas a la actividad empresarial quedan impunes. Comunidades desplazadas, contaminación de ríos, vulneraciones laborales o persecución de personas defensoras del territorio son solo algunas de las consecuencias de un modelo económico que prioriza el beneficio por encima de la vida.
El Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos nace como una propuesta para contribuir a revertir esta situación. Su función sería investigar denuncias de vulneraciones cometidas fuera del territorio catalán pero vinculadas a empresas que operan aquí, y activar mecanismos para exigir responsabilidades, reparar los daños y evitar que se repitan.
¿Cómo funcionaría?
Las infografías explican, de manera visual, las diferentes fases del proceso:
- Recepción y admisibilidad de la información: valoración inicial de la denuncia, los indicios disponibles y la relación con la empresa.
- Investigación y documentación del caso: recopilación de pruebas, clasificación del riesgo y trazabilidad empresarial, en coordinación con organizaciones locales y personas defensoras.
- Valoración jurídica y estratégica: definición de la mejor vía de actuación junto a las comunidades afectadas.
- Acción formal y respuesta pública: activación de mecanismos legales, institucionales y de presión pública.
- Seguimiento, reparación y garantías de no repetición: acompañamiento a las víctimas y difusión y monitoreo del caso.
- Informe final público: transparencia y retorno social del proceso.
Visibilizar los impactos para transformar las reglas del juego
Estas infografías quieren acercar a la ciudadanía una propuesta concreta para avanzar hacia un marco de control público de las empresas, poner fin a la impunidad corporativa y situar los derechos humanos y la justicia ambiental en el centro.
Desde ESF defendemos que Cataluña debe dotarse de herramientas efectivas para garantizar que las empresas que operan en su territorio respeten los derechos de las personas y de los territorios en todo el mundo.
Te invitamos a consultar y compartir las infografías para ayudar a hacer crecer este debate.
Estas infografías cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.
El municipalismo reclama la titularidad pública de la red eléctrica
Una Proposición No de Ley impulsada por la AMEP y presentada por seis grupos parlamentarios reclama recuperar el control público de una infraestructura clave para la transición energética y el bien común
Seis grupos parlamentarios han registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley para reclamar la titularidad pública de la red de distribución eléctrica. La iniciativa, impulsada por la Asociación de Municipios y Entidades por la Energía Pública (AMEP) con el apoyo de Fundación Renovables, cuenta actualmente con el respaldo de 119 municipios, dos diputaciones, un consejo comarcal y diversas entidades.
La propuesta, presentada por SUMAR, ERC, EH Bildu, BNG, Més-Compromís y Podemos, defiende que la red de distribución eléctrica —una infraestructura esencial para la vida cotidiana y la transición energética— pase a ser de titularidad pública. El objetivo es avanzar hacia una gestión más transparente, descentralizada y orientada al bien común.
Actualmente, la red está en manos de operadores privados que funcionan en régimen de monopolio natural, con escaso control público y con una gran capacidad para condicionar el modelo energético. Según denuncia la AMEP, esta situación genera dificultades para conectar nuevos proyectos renovables, retrasos en la transición energética y obstáculos para nuevas inversiones industriales, además de limitar la capacidad de intervención de las administraciones públicas sobre una infraestructura estratégica.
La propuesta defiende un cambio de modelo que permita recuperar la titularidad pública de la red eléctrica y avanzar hacia una gestión transparente, con mayor capacidad de decisión para municipios y comunidades autónomas, acceso público a los datos y una planificación energética orientada al bien común y no a los intereses privados.
También prevé una transición gradual del modelo actual hacia este nuevo marco, con garantías para los operadores existentes.
👉 Desde Ingeniería Sin Fronteras hace años que defendemos que la transición energética no puede quedar en manos de los mismos oligopolios responsables del modelo extractivista y desigual actual. Democratizar la energía implica avanzar hacia el control público y comunitario de las infraestructuras estratégicas, garantizando la participación ciudadana y poniendo la energía al servicio de las necesidades colectivas y no del beneficio privado.
En un contexto de emergencia climática y aumento de las desigualdades, recuperar capacidad pública sobre el sistema energético es una cuestión de soberanía, justicia social y democracia.
La propuesta se prevé que pueda debatirse durante el mes de junio en el Congreso de los Diputados.
Presentamos “El misterio de un pez motorizado”, el nuevo cuento sobre justicia global de Ingeniería Sin Fronteras.
¿Qué pasa cuando una nueva tecnología llega a un lugar y transforma la manera de relacionarnos, jugar o vivir? ¿Es posible avanzar sin perder el sentido de comunidad?
Este nuevo cuento infantil nos lleva a un lago donde todos los peces de colores disfrutan haciendo natación sincronizada en grupo. Pero la llegada de un pez con una aleta motorizada revolucionará el lago y hará que todo el mundo quiera imitarlo. Entre piruetas, saltos y velocidad, los peces descubrirán que no todo lo que parece moderno o espectacular acaba siendo mejor para todos y todas.
Una historia que invita a reflexionar, desde el humor y la aventura, sobre la tecnología, el consumo, el trabajo colectivo y la transformación de nuestro entorno.
- Cuento infantil para infancia de 7 a 9 años
- Ilustrado por Albert Plaza Nualart
- Con la colaboración de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
En Ingeniería Sin Fronteras creemos en materiales pedagógicos que ayuden a imaginar otras formas de relacionarnos con la tecnología, los recursos y la vida en comunidad. Porque educar también es abrir preguntas e imaginar futuros más justos y sostenibles.
📚 Además del cuento, también impulsamos actividades de cuentacuentos para acercar esta historia a escuelas, bibliotecas y espacios educativos, generando espacios participativos para hablar colectivamente sobre tecnología, sostenibilidad y vida en comunidad. Contáctanos para más información. 🐠💧
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