Fortalecimiento de la sociedad civil por la participación activa en la promoción de la buena gobernación de los recursos extractivos en Mozambique

Presentación del proyecto

El proyecto propuesto consiste en el fortalecimiento a la sociedad civil para la mejora de la gobernación y de la democracia participativa. El proyecto tiene un enfoque de desarrollo del conocimiento, a través de la capacitación de la sociedad civil, del intercambio de experiencias, de la recogida de evidencias y el registro y sistematización de información. Por otro lado, pretende mejorar la participación y estimular las redes estableciendo alianzas y grupos de la sociedad civil fuertes a nivel provincial, y haciendo uso de los medios de comunicación. Finalmente el proyecto facilitará el diálogo entre la sociedad civil y el gobierno, a través de una participación profunda de la sociedad civil en el muestreo, la incidencia y el debate sobre las políticas del sector extractivo. Las plataformas de la sociedad civil son el medio donde la sociedad civil puede tener una voz única articulada para tener más influencia al hacer sentir y ampliar las preocupaciones de las comunidades locales.

Por esta razón se pretende fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) porque su capacidad de incidencia e influencia en la toma de decisiones sea incrementada. Inicialmente se realizará un levantamiento de las necesidades formativas según las especificidades de cada provincia, para capacitar y proveer de herramientas a representantes de las OSC en cada una de las provincias afectadas. El fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil se considera un factor clave porque esta pueda participar en el diálogo de forma cualificada. En relación a la participación de la sociedad civil, será creado un mecanismo en que las organizaciones de las plataformas provinciales se relacionarán entre si, compartiendo e intercambiando información y experiencias, que también serán intercambiadas con la plataforma nacional, para una incidencia concertada. La plataforma nacional podrá apoyar técnico sobre temas de incidencia, legislación, enfoque basado en evidencias. Uno de los objetivos será establecer mecanismos de trabajo en red, creando una base de datos con grupos virtuales, realizando seminarios conjuntos para el debate de los temas candentes y, también, para determinar cómo abordar las necesidades de las plataformas provinciales y nacional desde el punto de vista de materias para las capacitaciones. El seguimiento más detallado de las actividades realizadas a nivel de las provincias se realizará a Cabo Delgado lugar que es una de las provincias más afectadas por la industria extractiva y dónde ya existe un mínimo de organizaciones de la sociedad civil trabajando en este asunto. Así mismo, el proyecto se articulará con otros actores de cooperación, específicamente con el programa de gobernación de ActionAid a Cabo Delgado, en los pilares de Participación de la Sociedad Civil y Justicia Fiscal, dado que este programa tiene objetivos similares a los del presente proyecto. Se providenciarà el intercambio de información y la concertación de posiciones entre los grupos temáticos, evitando la duplicación de esfuerzos. Finalmente, las experiencias trabajadas en las acciones del proyecto alimentarán una estrategia comunicativa que las partes implementadoras difundirán entre las redes internacionales.

Contexto y antecedentes

Las industrias extractivas (petróleo, gas y minería en general) han sido consideradas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) durante la década de los noventa como un sector productivo con un potencial enorme para la erradicación de la pobreza, dada su capacidad para generar ingresos monetarios y paliar, eventualmente, los desequilibrios económicos producidos por la deuda externa, entre otros factores. La realidad ha sido muy diferente: muchos informes internacionales revelan el papel que estas actividades han jugado en la reactivación de conflictos por el control de las materias primeras, como se han consolidado las prácticas de corrupción, entre otros impactos negativos. Ha sido la presión ciudadana en los países empobrecidos, coordinada con los movimientos sociales norteños, la única que puntualmente ha hecho evolucionar esta situación y puede transformar este tipo de actividad en una fuente de riqueza para aquellos países, respetuosa con el medio ambiente y las culturas y formas de vida humana presentes. El gobierno de Mozambique concibe la investigación, producción y el desarrollo de los recursos naturales no renovables, junto con el desarrollo asociado a las industrias extractivas, como una forma atractiva para el desarrollo del país. Sin embargo las comunidades locales afectadas por el desarrollo de las industrias extractivas tienden a ver sus estrategias de subsistencia dramáticamente cambiadas debido a los impactos sociales y ambientales. De la misma forma, la biodiversidad del país se ve fuertemente amenazada. Estos dos casos son ejemplos vivos del que ocurre en las explotación de carbón en Moatize y Changara en Tete y de arenas pesadas en Moma, Nampula. En muchas ocasiones, estas inversiones van asociadas a impactos negativos para las comunidades locales; entre ellas la violación de los derechos de las comunidades rurales más pobres. Además, estos proyectos traen impactos ambientales acumulativos, adversos e irreversibles haciendo las comunidades rurales más pobres incluso del que eran antes. La legislación de Mozambique reconoce los derechos de las comunidades afectadas y de las partes interesadas. Sin embargo, uno de los mayores desafíos es la implementación de la legislación, como la realización de consultas previas a las comunidades, o la capacidad de estas para participar en estos procesos y así exigir sus derechos, entre otros factores. En muchos casos, estas comunidades acaban para ser retiradas de sus zonas de origen y reasentadas en otros lugares sin la compensación adecuada. Es en este contexto que la sociedad civil está llamada a contribuir porque las comunidades locales sean empoderadas y conozcan sus derechos para usarlos en las negociaciones tanto con el gobierno como con las empresas. Esto sólo será posible si la sociedad civil está capacitada y fortalecida para poder empoderar las comunidades locales porque estas estén preparadas para enfrentar el desafío que los es impuesto por la industria extractiva, y que esta forma este proceso revierta en su beneficio. Adicionalmente, la sociedad civil podrá incidir en los procesos de toma de decisiones en nombre de las comunidades locales y donante ve a los cuales no suelen tenerla.

La industria extractiva es una actividad emergente en Mozambique gracias a los descubrimientos de abundantes recursos extractivos tales como carbón mineral, arenas pesadas, hierro, sulfatos, hidrocarburos, entre otros. Estos recursos atraen inversión directa del extranjero en forma de megaproyectos. El gobierno de Mozambique ha sido diseñando políticas para crear un ambiente favorable a la atracción de inversión directa extranjera, que resulta en un crecimiento macroeconómico, colocando en el país entre las economías con mayor crecimiento de África Subsahariana. A pesar de esto, el índice de desarrollo humano continúa estando entre los cinco más bajos del mundo, lo cual significa que estas inversiones no han repercutido en desarrollo. El sector extractivo trae en sí desafíos que tienen que ser tenidos en cuenta y resueltos en el ámbito de la gobernanza de los recursos naturales. Uno de los desafíos es la buena gobernanza, transparencia y prestación de cuentas. Existe una necesidad en el país de desarrollar un abordaje de los modelos de desarrollo de los recursos extractivos que estén en línea con el uso sostenible de los recursos. El país necesita diseñar políticas y un marco regulador que puedan responder a los desafíos impuestos por el sector, además de reforzar la capacidad institucional para una buena implementación de los instrumentos reguladores, incluyendo la fiscalización. Mozambique es implementador y fue declarado en octubre de 2012 como cumplidor de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva; esta iniciativa constituye una oportunidad única y un foro de diálogo entre las partes interesadas, es decir el gobierno, las empresas y la sociedad civil, como implementadoras del proceso. La sociedad civil tiene que aprovechar la ITIE como una oportunidad única para influenciar los procesos de toma de decisiones en la gobernança, transparencia y prestación de cuentas de las recaudaciones que provienen de los recursos extractivos. La sociedad civil juega un papel importante para la buena gobernança y prestación de cuentas, a través de sus acciones de monitorización e incidencia. Sin embargo, la sociedad civil sólo podrá ejercer completamente estas funciones si responde primero en el desafío de falta de capacidades, conocimiento y dominio del sector. En Mozambique hay muy pocas organizaciones de la sociedad civil que trabajen en la industria extractiva, especialmente a nivel provincial. Por ejemplo, la Plataforma Nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil para Recursos Naturales e Industria Extractiva, se compone de cerca de 34 organizaciones, de las cuales 22 tienen base a la ciudad de Maputo y sólo 12 están repartidas por el resto las 10 provincias. Este dato ilustra que hay una necesidad de involucrar más organizaciones a nivel provincial, incluyendo diversidad de organizaciones locales, grupos religiosos, jóvenes, mujeres y sindicatos, entre otros. Es en estos desafíos que KUWUKAJDA y ESF pretenden responder, contribuyendo con su modesto saber y experiencia a capacitar y mejorar la implicación y el compromiso de la sociedad civil en la gobernanza de los recursos, capacitándola y fortaleciéndola en todas estas provincias afectadas por la industria extractiva, con especial dedicación en Cabo Delgado, porque la sociedad civil pueda contribuir por sí suela en la buena gobernanza y un desarrollo más sostenible.

Ubicación geográfica

El proyecto se desarrolla en las provincias de Inhambane y Ninguna Delgado, para ser unas de las más afectadas por la Industria Extractiva. En la provincia de Cabo Delgado el proyecto se ha centrado principalmente en la identificación de los organizaciones de la sociedad civil para analizar los suyas metodologías de trabajo en red. En la provincia de Inhambane se ha trabajado directamente con los comunidades afectadas por los actividades extractivas en los distritos de Inhassoro y Jangamo, mediante actividades de sensibilización, capacitación y empoderament.

Análisis y justificación de la acción

Mozambique destaca para ser un país con una gran riqueza en recursos naturales, lo cual lo ha catapultado en los últimas décadas en el punto de mira de intereses internacionales y de grandes multinacionales. Las grandes cuestiones surgidas en torno esta situación giran alrededor de si el país te las políticas adecuadas para proporcionar una inversión estable y predecible que proteja los suyas tierras, intereses y habitantes de los típicos riesgos de este tipo de inversiones.

Las industrias extractivas (petróleo, gas y minería en general) han sido consideradas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) durante la década de los noventa como un sector productivo con un potencial enorme para la erradicación de la pobreza, dada su capacidad para generar ingresos monetarios y paliar, eventualmente, los desequilibrios económicos producidos por la deuda externa, entre otros factores.

La realidad ha sido muy diferente: muchos informes internacionales revelan el papel que estas actividades han jugado en la reactivación de conflictos por el control de las materias delgadas, como se han consolidado las prácticas de corrupción, entre otros impactos negativos.

Ha sido la presión ciudadana en los países empobrecidos, coordinada con los movimientos sociales norteños, la única que puntualmente ha hecho evolucionar esta situación y puede transformar este tipo de actividad en una fuente de riqueza para aquellos países, respetuosa con el medio ambiente y las culturas y formas de vida humana presentes.

El gobierno de Mozambique concibe la investigación, producción y el desarrollo de los recursos naturales no renovables, junto con el desarrollo asociado a las industrias extractivas, como una forma atractiva para el desarrollo del país. Sin embargo las comunidades locales afectadas por el desarrollo de las industrias extractivas tienden a ver sus estrategias de subsistencia dramáticamente cambiadas debido a los impactos sociales y ambientales. De la misma forma, la biodiversidad del país se ve fuertemente amenazada. Estos dos casos son ejemplos vivos del que ocurre en las explotaciones de carbón en Moatize y Changara a Tete y de arenas pesadas a Moma, Nampula.

En muchas ocasiones, estas inversiones van asociadas a impactos negativos para las comunidades locales; entre ellas la violación de los derechos de las comunidades rurales más pobres. Además, estos proyectos traen impactos ambientales acumulativos, adversos e irreversibles haciendo las comunidades rurales más pobres incluso del que eran antes.

La legislación en Mozambique reconoce los derechos de las comunidades afectadas y de las partes interesadas. Sin embargo, uno de los mayores desafíos es la implementación de la legislación, como la realización de consultas previas a las comunidades, o la capacidad de estas para participar en estos procesos y así exigir sus derechos, entre otros factores. En muchos casos, estas comunidades acaban para ser retiradas de sus zonas de origen y reasentadas en otros lugares sin la compensación adecuada.

En este contexto, el proyecto tiene como objetivo fortalecer la sociedad civil para mejorar la gobernabilidad y la democracia participativa, a través de la formación, el intercambio de experiencias, la recogida de pruebas y lo registre y sistematización de la información a los provincias de Cabo Delgado y Inhambane. Paralelamente, con el proyecto es pretende mejorar la participación y alentar a organizaciones de base para formar alianzas y fortalecer los suyas redes provinciales y nacionales con la intención de realizar acciones de incidencia en torno a la vulneración de sus Derechos.

Estrategia y metodología de intervención

El proyecto se desarrolla en las provincias de Inhambane y Cabo Delgado, para ser unas de las más afectadas por la Industria Extractiva. En la provincia de Cabo Delgado el proyecto se ha centrado principalmente en la identificación de los organizaciones de la sociedad civil para analizar los suyas metodologías de trabajo en red. En la provincia de Inhambane se ha trabajado directamente con los comunidades afectadas por los actividades extractivas en los distritos de Inhassoro y Jangamo, mediante actividades de sensibilización, capacitación y empoderament. Con el proyecto es pretende facilitar el diálogo entre la sociedad civil y el gobierno, a través de una mayor participación de la sociedad civil en el monitori, la conciencia y el debate sobre la política en el sector extractivo.

Beneficiarios/aries e impactos esperados

Los beneficiarios/as finales de esta propuesta son los/las pobladores/as de las comunidades afectadas por actividades extractivas a las provincias de Nampula, Tete, Cabo Delgado, Manica y Inhambane. Para poder beneficiar al máximo de pobladores se apuesta por un refuerzo de los tejidos sociales, por esta razón se propone una estrategia diferenciada de trabajo, en la cual se evaluarán las necesidades de cada provincia y se dispondrán espacios para tratar asuntos concretos con las organizaciones participantes. Paralelamente se encuentra la provincia de Cabo Delgado. Las organizaciones de esta provincia, para recibir atención y seguimiento especial a terreno, experimentarán un salto cualitativo importante, tanto a nivel de conocimiento como de herramientas a su disposición, lo cual revertirá en la población local. Se trata de una provincia con gran actividad extractiva y que está teniendo graves impactos ambientales y sociales, por lo cual se opta para dar especial atención. Así, en un espacio de tiempo no muy elevado, se pretende disponer de una sociedad civil capacitada para afrontar los desafíos en pro de los intereses de las comunidades locales. Por otro lado, a nivel regional y nacional se tendrá como principales beneficiarios las instituciones y personas que conforman la Plataforma para los Recursos Naturales y la Industria Extractiva (PRNIE). Esta Plataforma, además de ofrecer herramientas y especialistas en formación, y resultados de investigaciones desarrolladas, se nutre del conocimiento, datos recogidos y evidencias de las organizaciones que hacen parte de ella. Así, la llegada de miembros de las provincias con mayor extracción de recursos naturales (que no serán los primeros miembros de estas provincias pero si aumentarán la cantidad) permitirá el aumento y mejora de las actividades de esta Plataforma. Al mismo tiempo, las organizaciones beneficiarias del proyecto serán parte de él, pues se contemplan actividades de trabajo directo con la comunidad, que será efectuado por ellas después de los seminarios de formación. Se prevé la participación al menos de 10 organizaciones, dos por cada provincia beneficiaria. Ellas recibirán las formaciones y el asesoramiento y serán las fuentes de recogida de evidencias que serán mostradas y discutidas en el seminario nacional con actores políticos y del sector privado.

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