El municipalismo reclama la titularidad pública de la red eléctrica
Una Proposición No de Ley impulsada por la AMEP y presentada por seis grupos parlamentarios reclama recuperar el control público de una infraestructura clave para la transición energética y el bien común
Seis grupos parlamentarios han registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley para reclamar la titularidad pública de la red de distribución eléctrica. La iniciativa, impulsada por la Asociación de Municipios y Entidades por la Energía Pública (AMEP) con el apoyo de Fundación Renovables, cuenta actualmente con el respaldo de 119 municipios, dos diputaciones, un consejo comarcal y diversas entidades.
La propuesta, presentada por SUMAR, ERC, EH Bildu, BNG, Més-Compromís y Podemos, defiende que la red de distribución eléctrica —una infraestructura esencial para la vida cotidiana y la transición energética— pase a ser de titularidad pública. El objetivo es avanzar hacia una gestión más transparente, descentralizada y orientada al bien común.
Actualmente, la red está en manos de operadores privados que funcionan en régimen de monopolio natural, con escaso control público y con una gran capacidad para condicionar el modelo energético. Según denuncia la AMEP, esta situación genera dificultades para conectar nuevos proyectos renovables, retrasos en la transición energética y obstáculos para nuevas inversiones industriales, además de limitar la capacidad de intervención de las administraciones públicas sobre una infraestructura estratégica.
La propuesta defiende un cambio de modelo que permita recuperar la titularidad pública de la red eléctrica y avanzar hacia una gestión transparente, con mayor capacidad de decisión para municipios y comunidades autónomas, acceso público a los datos y una planificación energética orientada al bien común y no a los intereses privados.
También prevé una transición gradual del modelo actual hacia este nuevo marco, con garantías para los operadores existentes.
👉 Desde Ingeniería Sin Fronteras hace años que defendemos que la transición energética no puede quedar en manos de los mismos oligopolios responsables del modelo extractivista y desigual actual. Democratizar la energía implica avanzar hacia el control público y comunitario de las infraestructuras estratégicas, garantizando la participación ciudadana y poniendo la energía al servicio de las necesidades colectivas y no del beneficio privado.
En un contexto de emergencia climática y aumento de las desigualdades, recuperar capacidad pública sobre el sistema energético es una cuestión de soberanía, justicia social y democracia.
La propuesta se prevé que pueda debatirse durante el mes de junio en el Congreso de los Diputados.
