El agua no es un negocio: La Red Agua Pública reclama garantizar el derecho humano al agua en el Congreso de los Diputados
Con motivo del Día Mundial del Agua de 2025, la Red Agua Pública (RAP) ha organizado la jornada Políticas públicas y justicia hídrica ante la financiarización del agua celebrada en el Congreso de los Diputados de Madrid.
Madrid, 24 de marzo de 2025. – La jornada Políticas públicas y justicia hídrica ante la financiarización del agua, que puede recuperarse en este enlace, ha contado con intervenciones de Pedro Arrojo, relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Emanuele Lobina, de la Universidad de Greenwich, Erika González Briz, de la RAP, e Iva Marković, del Foro de los Pueblos por el Agua.
Video de la jornada haciendo clic aquí o en la imagen:
Exigen asumir el enfoque de derechos humanos en la gestión del agua
Durante la jornada, la Red Agua Pública ha exigido al gobierno y a los grupos parlamentarios tramitar la propuesta de ley sobre el mínimo vital de agua, destinada a garantizar de forma gratuita un suministro mínimo de agua y a establecer la prohibición permanente de cortes de suministro por motivos de vulnerabilidad económica. La Red Agua Pública cree que con una estructura de bloques tarifarios más progresista, y que penalice los consumos más elevados, la sostenibilidad económica de los operadores de la gestión del agua no se verá comprometida.
Por otro lado, la Red Agua Pública exige el cumplimiento del Real Decreto 3/2023, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Este Real Decreto incluye la obligación de garantizar el derecho de acceso al agua potable para toda la ciudadanía, pero más de un año después de su aprobación, la Red Agua Pública constata un nulo avance en su cumplimiento.
La Red Agua Pública también ha pedido reconsiderar, mediante un proceso participativo, la constitución, funcionalidades y gobernanza del futuro Observatorio de la Gestión del Agua, incluido en el Real Decreto 1085/2024, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del recurso hídrico. “Hace años que la sociedad civil pedimos el impulso y reglamentación de Observatorio Ciudadanos en la gestión del agua, por lo que se nos debe tener en cuenta en su creación desde el principio”, declara Susana Gil, de la RAP.
Políticas públicas ante la mercantilización del agua
En España, la mitad de la población es abastecida por empresas privadas de gestión del agua urbana. Según la Red Agua Pública, la privatización del agua conlleva limitaciones para el disfrute de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.
Por eso, exigen la derogación de las disposiciones legales que facilitan la privatización y obstaculizan la recuperación de la gestión directa del servicio. En particular, exigen la revisión de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, y la Ley de Contratos del Sector Público.
También piden prohibir por ley los cánones concesionales, instrumentos que, según ellos, favorecen la privatización. “La cantidad de dinero que deben abonar las empresas con el canon concesional no se utilizan para mejorar el servicio del agua. Mientras no se prohíba ese canon, debe regularse que sea un impuesto finalista, es decir, que el dinero se reintegre en el servicio y no sirva para cubrir otros gastos de los ayuntamientos” explica Gil.
Políticas públicas ante la emergencia climática
Uno de los temas abordados durante la jornada ha sido la evaluación de la gestión de las recientes sequías e inundaciones. En ese sentido, la Red Agua Pública exige asumir la nueva realidad climática de forma estructural en los planes de gestión de las diferentes demarcaciones hidrográficas, contando con la participación activa y significativa de los agentes sociales del territorio.
También han pedido no olvidar, delante de las últimas lluvias, la escasez estructural causada por la sobreexplotación y el deterioro de la calidad de las aguas y los ecosistemas que conlleva la asignación de derechos de agua por encima de las posibilidades de las reservas. Así, piden detener el crecimiento de las demandas hídricas, velar por la garantía de los caudales ecológicos y abordar la reasignación de los derechos de agua mediante políticas públicas y criterios de justicia social y ambiental.
El papel de España en las Conferencias de Agua de Naciones Unidas
De cara a diciembre de 2026, cuando se celebrará la tercera Conferencia del Agua de Naciones Unidas en Emiratos Árabes Unidos, Pedro Arrojo, relator especial de Naciones Unidas por los derechos humanos al agua y al saneamiento, ha pedido al Gobierno español la institucionalización de los debates y la gobernanza del agua, para que radique en el seno de Naciones Unidas y no se deje a merced de los lobbies privados como sucedía hasta ahora.
Iva Markovic, del Foro de los Pueblos por el Agua, quien participó en la Conferencia de 2023 de Nueva York, ha constatado las dificultades que supone el sistema de Naciones Unidas para la participación efectiva de las organizaciones sociales. Ha pedido al gobierno de España que promueva y facilite esa participación, exigida por más de 500 organizaciones firmantes del Manifiesto por la Justicia Hídrica.
Por su parte, Emmanuele Lobina, de la Universidad de Greenwich, ha alertado del fenómeno global de la financiarización del agua. La Comisión Global por la Economía del Agua está presionando para implantar estos esquemas, que acaban redundando en partenariados público-privados que hace años que centros de investigación como el que lidera Emmanuele han demostrado ser fallidos.
Con esta jornada en el Congreso de los Diputados, la Red Agua Pública reafirma su compromiso en la lucha contra la mercantilización y financiarización del agua y la defensa de su gestión como un derecho humano, no como un negocio.
A través de este enlace se puede descargar en PDF el documento con las conclusiones de la Red Agua Pública tras la jornada.
