ESFeres 31: Pagar hasta que duela
Con motivo de la gira de incidencia política de las #ComunidadesVSAgbar realizada en abril del 2021 y gracias a la coordinación internacional que se ha generado desde 2020 entre activistas y afectadas por la gestión irregular de Agbar a varios países del mundo, os presentamos el estudio ejecutivo que analiza en profundidad las vulneraciones que se dan a Cartagena, Osorno y Saltillo. Podéis encontrar el estudio en catalán, castellano e inglés.
Estas tres ciudades latinoamericanas tienen en común la vulneración de derechos humanos y ambientales bajo la gestión publicoprivada de empresas filiales de la Sociedad General de Aigües de Barcelona (SGAB o popularmente conocida cómo Agbar).
El informe permite desgranar la arquitectura corporativa de Agbar y su matriz empresarial Suez-Veolia. Un modelo operacional que pasa por el aprovechamiento -o incluso la modificación interesada- de contextos políticos y normativos favorables para ganar concesiones y desarrollar una política de negocio que prioriza los máximos beneficios por los accionistas a expensas de la vulneración de derechos humanos y ambientales. En concreto, se vulneran las cinco dimensiones del Derecho Humano al Agua y el Saneamiento (accesibilidad, disponibilidad, calidad, asequibilidad y adecuación cultural) y los principios fundamentales de los derechos humanos de acceso a la información, transparencia y participación; entre otros.
Los tres casos demuestran que la privatización y la colaboración publico-privada implican una dejadez de las responsabilidades y los deberes de las administraciones públicas. Lejos de cumplir las promesas y los supuestos beneficios -nunca demostrados- de la privatización de la gestión del agua, los casos de estudio muestran el debilitamiento de las capacidades de los municipios para hacer frente a retos como la emergencia climática y la adaptación al cambio climático desde la gestión del agua, que precisamente son los grandes retos de todas las sociedades de hoy en día. Fruto de una voluntad de maximización de beneficios (de unos pocos, y la mayoría de ellos europeos), la política de gestión de las filiales de la matriz Suez-Veolia deslocaliza e invisibiliza el deterioro ambiental de muchos pueblos del exterior.
Esperamos que este documento sea de utilidad para los titulares de obligaciones y responsabilidades, que tienen el deber de garantizar y proteger el derecho al agua y el resto de derechos humanos y ambientales. En especial, por aquellos titulares de obligaciones europeos que tantas veces han cedido ante grupos empresariales que vulneran de una forma flagrante e impune los derechos humanos y ambientales al exterior, como es el caso de las relaciones públicas con el grupo Agbar/Suez. Esperamos que estos casos nos sirvan para andar hacia instrumentos legislativos pioneros como es la creación del Centro Catalán de Empresa y DDHH, aquí y en todas partes.
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