Participación comunitaria para la defensa de la Gestión Sustentable del agua en el Municipio de Suchitoto, El Salvador

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¿Las empresas que gestionan el agua pueden ejercer su actividad sin ningún control, sin los permisos necesarios y vulnerando los derechos de los ciudadanos?

El pasado mes de septiembre, desarrollamos junto con el Foro del Agua la jornada: “Participación comunitaria para la defensa de la Gestión Sustentable del agua en el Municipio de Suchitoto” en el teatro Alejandro Cotto, en el Municipio de Suchitoto. El tema del acto era el caso de sobrexplotación del recurso hídrico que se está dando en el Cantón de San Lucas, en Suchitoto, por parte de la empresa Textufil S.A. de C.V. Los ponentes de la jornada fueron el Juez Lizama, del Juzgado Ambiental de San Salvador, quien emitió la resolución en respuesta a la denuncia sobre el caso, representantes del MARN, MAG, ANDA y la PDDH, y representación ciudadana de la Junta Directiva del sistema de agua afectado.

La jornada inició con las intervenciones de Oscar Rivera y Raquel Macua, miembros de la Junta Directiva de la Asociación Rural de Agua y Saneamiento Apolinario Serrano. Explicaron la afectación en su sistema de agua por la perforación y explotación de tres pozos perforados por la empresa Textufil, y que emplea para el riego de 135 manzanas de zacate. A causa de esta sobrexplotación se encuentran 325 familias afectadas, que son las que se abastecen de este sistema de agua. Los ciudadanos afectados cuentan con el apoyo del resto de sistemas del municipio.

El Juez Lizama inició su intervención hablando de la importancia en priorizar el consumo humano en la explotación del bien hídrico. Explicó las competencias del Juzgado Ambiental: las medidas cautelares que se pueden tomar; pedir el cese de cualquier proyecto que produzca daños en el medio ambiente; exigir la restauración de los daños producidos y/o la compensación a los damnificados. Continuó explicando la resolución emitida el 26 de julio, la identificación del caso, la falta de permisos de la empresa y las responsabilidades del MARN, MAG, ANDA y la alcaldía. En la resolución se pide que las medidas tomadas por las instituciones se realicen en coordinación con las comunidades de la zona y los sistemas de agua. Varios asistentes preguntaron por la libertad de la empresa de seguir explotando y sobre la seguridad del sistema de agua, y el Juez Lizama explicó que no se le puede exigir el cese a la empresa sin tener antes el resultado del estudio hidrogeológico, que le corresponde al MARN.

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La siguiente ponente fue la Licenciada Silvia Calderón, representante del MARN. Afirmó que desde el ministerio se está trabajando hacia la seguridad hídrica del país. Expuso el Plan Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico y mostró los avances y desafíos que tiene que enfrentar el Ministerio para lograr los objetivos establecidos. El Ministerio ya está trabajando en el estudio hidrogeológico para conocer la situación del acuífero y saber si existe sobrexplotación, pero está pendiente del estudio mandado por el Juez sobre la afectación en la biodiversidad de la zona por la plantación de esta especie invasora de zacate.

Seguidamente intervino el ingeniero Nicolás Coto, en representación de ANDA. Recalcó la importancia de conocer los sistemas de agua de cada zona a la hora de emitir las cartas de no afectación, ya que la carta es un documento técnico que analiza el efecto que tiene la perforación de un nuevo pozo sobre los sistemas de ANDA, pero no siempre se conoce la situación del lugar y por ello no se tienen en cuenta los sistemas comunitarios. Pidió la colaboración por parte de los sistemas para poder catastrarlos. También explicó que la carta de no afectación tiene validez de un año, pasado este tiempo se debe renovar, por lo que se le tiene que dar un seguimiento al caso y si dejara de cumplir los requisitos se le podría retirar el permiso a la empresa. Todavía está pendiente saber cuánto debe pagar la empresa a ANDA por la explotación del agua pero, según los datos proporcionados por la empresa, se estiman alrededor de 35.000 dólares anuales.

El representante del MAG contextualizó la situación actual del país respecto al bien hídrico, mostrando las zonas de recarga hídrica y su estado. También hizo énfasis en la importancia de priorizar el consumo humano en la explotación del agua. Explicó las medidas que se toman por parte del Ministerio. Deberán informar al Juzgado Ambiental si la empresa está registrada como importadora de la especie de zacate que produce, y colaborarán para solucionar el conflicto siempre priorizando el consumo humano del agua.

Por último, intervino la Licenciada Yanira Cortez, Procuradora Adjunta por la Defensa de los Derechos Humanos. Destacó la importancia de que las instituciones presten servicio a los ciudadanos y se aseguren de que en ningún momento se violen los Derechos Humanos, y reprochó que en este caso se está violando el Derecho Humano al Agua, cosa que no se debe permitir. Para ello, en una situación tan delicada, los responsables del estado deben actuar con rapidez y efectividad. Aseguró que desde la PDDH se va a trabajar para evitar que se continúe generando más daño tanto a los ciudadanos como al medio ambiente. Actualmente el país vive una crisis del bien hídrico, y se tiene que garantizar la sostenibilidad ambiental en la explotación del recurso. Destacó que no debería ser posible que una empresa esté explotando el acuífero para el riego de una especie invasora que puede estar amenazando la biodiversidad de la zona, durante dos años, sin ningún permiso y sin que ninguna institución sepa nada de lo ocurrido. También puso énfasis en la importancia que tienen, en estos casos, los testimonios de las víctimas.

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Para finalizar el acto, los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Rural de Agua y Saneamiento Apolinario Serrano dieron las gracias a los asistentes y a los ponentes por su participación en la jornada.

Los asistentes, miembros de otras juntas y ciudadanos del municipio de Suchitoto agradecieron el acto por ser un espacio abierto, donde pudieron formular sus preguntas a los ponentes representantes de las instituciones del gobierno. Reivindicaron la importancia de celebrar más actos como este.

Ahora deberíamos preguntarnos: Si las comunidades no denuncian, ¿las empresas pueden ejercer su actividad sin ningún control, sin los permisos necesarios y vulnerando los derechos de los ciudadanos? En este caso la empresa está pidiendo los permisos después de dos años de iniciar su actividad y tras recibir una denuncia. ¿No habrá ninguna multa por esta explotación ilegal durante todo este tiempo?