Definiciones de la Campaña “Agua un Derecho y no una Mercancía”

Acceso al agua

Es el acceso sostenible a una fuente de agua mejorada, es decir, potable con cantidad y calidad suficientes. La fuente mejorada tiene que situarse a menos de 250 metros de la casa, el coste de esta agua no tiene que suponer más del 3% de la renta familiar y tenemos que tener acceso a toda la información relativa a la gestión del recurso. Esta fuente mejorada puede ser agua canalizada, una fuente pública, una perforación, un pozo muy protegido o agua de lluvia muy recogida. No se incluye el agua proporcionada por vendedores, vehículos cisterna, agua embotellada o fuentes y pozos desprotegidos.

Saneamiento sostenible

Es el acceso a instalaciones de tratamiento de residuos como alcantarillado, fosas sépticas, letrina simple o mejorada de agujero ventiladas, a condición de que no sean públicas, así como un correcto mantenimiento de estas instalaciones.

Agua vida

El agua vida como alimento del hombre: tenemos que garantizar un acceso universal y asequible para toda la humanidad. También el agua vida como alimento de la naturaleza, de los ríos y acuíferos sanos, el agua vida como alimento del mundo y como alimento indispensable porque este planeta pueda seguir viviendo, con su biodiversidad y riqueza ecológica. Así mismo, también tendremos que garantizar el derecho a la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos porque sin este derecho no podremos garantizar el agua vida para las futuras generaciones.

Agua social

Tener al alcance agua potable y salubre en nuestras casas durante todo el día, no es un derecho humano, pero sí es un derecho social. Las actividades sociales basadas en el uso de agua-social tienen que ser consideradas de interés general y, por lo tanto, protegidas por la comunidad. Un consumo social que tendrá que tener un coste, puesto que no es un derecho humano, pero reducido, puesto que es de interés general. Agua para una vida en sociedad que tiene que basarse en los principios de sostenibilidad, por lo cual los límites de este consumo no tienen que ser económicos sino medioambientales y éticos.

Agua negocio

El agua negocio, la encontramos cuando han sido cubiertas las necesidades anteriores y todavía existe un excedente de agua dentro de los límites de sostenibilidad del recurso. También nace de la comprensión que en la sociedad actual existen muchas actividades económicas que necesitan este recurso. Es importante destacar que estas actividades persiguen un beneficio económico particular, por lo cual no pueden ser consideradas ni un derecho humano ni social, dado que nacen de un interés particular y no general. Por este motivo este consumo no tiene que financiarse con dinero público y tendrá que tener un coste elevado, puesto que no contribuye ni a la dignidad humana ni a la vida en sociedad, sino que principalmente responde a un afán lucrativo.

Cuando los intereses económicos hacen pasar primero el agua negocio ante otros usos, vitales o sociales para la sociedad y los ecosistemas, decimos que se produce un proceso de mercantilització, dado que el agua está siendo tratada como una mercancía y se está especulando con un derecho humano básico o con el deber de garantizar la vida de los ecosistemas. También entramos en la mercantilització cuando no existen límites medioambientales y éticos para el consumo de agua sino únicamente límites económicos.

 

La privatización

Entendemos por privatización del agua el proceso por el cual las empresas privadas con finalidades de lucro asumen la responsabilidad de la gestión del servicio bajo diferentes formas; en cambio, por mercantilització del recurso entendemos el hecho que el agua cotice su precio en el libre mercado y exista la posibilidad de especulación o cuando la misma gestión del recurso se basa en políticas mercantiles y en la investigación de beneficios. También identificamos mercantilització cuando los ecosistemas acuáticos pasan a regirse por principios económicos y no éticos o medioambientales.

Así, las políticas privatizadoras que nacen del Consenso de Washington en el sector del agua se resumen perfectamente en los cuatro puntos siguientes:

  • Los recursos hídricos se tienen que asignar siguiendo principios de mercado.
  • Tal como recoge la Declaración de Dublín, los servicios de agua y saneamiento se tienen que considerar como un bien económico.
  • Los usuarios de estos servicios son consumidores, y tienen derecho a este servicio en cuanto que clientes.
  • Los servicios de agua y saneamiento tienen que ser suministrados por operadores privados, que siempre serán más eficientes que los operadores públicos. Cuanto más pequeña sea la regulación, más eficiente será un operador privado.

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