Ideario de la Campaña “Agua un Derecho y no una Mercancía”

El agua es un elemento indispensable para la vida de los ecosistemas, la dignidad de las personas y el desarrollo humano. A pesar de todo, el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento sostenible es una tarea pendiente en muchos países.
La carencia de acceso al agua y al saneamiento es el resultado de una escasa voluntad política para emprender reformas e inversiones que aseguren el control y la disponibilidad del recurso. El agua es un bien común que no puede estar al servicio de los intereses económicos de empresas sino que tiene que estar al servicio de todo el mundo.
Tenemos que construir una gobernabilidad del agua que se sustente mediante los principios de la sostenibilidad y la participación, una nueva gestión pública que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento.

Para conseguirlo, en ESF trabajamos por:

  • Sensibilizar y concienciar la población. Propiciar un proceso de reflexión ante la situación del agua en el mundo.
  • Formar y saber cuáles son las claves que causan, perpetúan y agravan la crisis del agua, así como también sus impactos.
  • Apoyar y construir una nueva gestión pública del agua, con participación y con control social, así como establecer puentes de cooperación entre entidades sin ánimo de lucro.
  • Influir y aconsejar a las entidades competentes sobre temas relacionados con la gestión integral del agua.
  • Denunciar y oponerse a los procesos de mercantilitzación del agua, causantes y agravantes de la crisis del agua, así como dar voz a las resistencias ante estos procesos privatitzadores excluyentes.

La dignidad humana y los ecosistemas

Hoy en día 663 millones de personas no tienen acceso a fuentes de agua potable y 2.400 no disponen del saneamiento sostenible, principalmente gente que vive en las áreas rurales o periurbanas de Asia y África Subsahariana.

Un tercio de la superficie terrestre está amenazada por la degradación de las tierras; la salud: el 85% de las enfermedades en los países en desarrollo son de origen hídrico; la alimentación: el 70% de la población vulnerable vive en zonas rurales, donde la agricultura es la actividad básica; la educación y el género: la tarea de obtener agua recae sobre las mujeres y los niños y niñas. Esto repercute en la escolarización, así como en las tareas domésticas y actividades económicas, y en conflictos: el agua es un factor determinante en numerosos conflictos armados existentes, así como también en conflictos sociales e inestabilidad política. Todos estos impactos en definitiva afectan el desarrollo humano.

Las causas que nos han traído a esta crisis son: la contaminación provocada por la acción del hombre y por leyes ambientales ineficaces e insuficientes; una mala gestión basada en las leyes del mercado de la oferta y la demanda, que agravan así el desequilibrio existente entre la disponibilidad y el consumo, gestiones que muchas veces desembocan en una sobreexplotación del recurso; la falta de recursos así como la deuda externa hace que los gobiernos no inviertan suficientemente en mejoras de los servicios y en infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de agua; y la deficiente información y participación ciudadana en las diversas etapas de la gestión.

Muy a menudo se habla que las causas de la situación mundial del agua son económicas, cuando la situación mundial del agua es, en realidad, fruto de una carencia de prioridad y voluntad política para revertir esta situación.

Los servicios públicos de agua y saneamiento

Los servicios públicos de agua y saneamiento son de vital importancia para la consecución de una vida digna de las personas y los pueblos, por eso el 90% de los servicios de agua en el mundo son públicos. Entre sus funciones principales hay la cohesión social y la gobernabilidad de los territorios. Además el acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento es la base para poder garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.

Aquellos países que disfrutan de un acceso universal al agua lo han conseguido gracias al sector público. Aún así, tenemos que construir una nueva gestión pública que incorpore las nuevas necesidades y visiones del agua, que vele por la sostenibilidad y no con finalidades electoralistas a corto plazo. Esta nueva gestión se tendría que basar en los principios siguientes:

  • Universalidad. Acceso universal a los servicios públicos de agua y saneamiento a toda la población, sin ningún tipo de exclusión.
  • Equidad. Acceso a los servicios públicos de agua y saneamiento independientemente de las condiciones de raza y socioeconómicas de la población.
  • Integral. Enmarcada en los servicios públicos de agua y saneamiento dentro del ciclo integral del agua, incorporando el alcantarillado, drenaje pluvial y el control de vectores.
  • Gestión pública. La comprensión de servicios públicos de agua y saneamiento tiene que ser, por definición pública, ofrecidos por entidades de naturaleza pública, en el ámbito social y comunitario.
  • Participación y control social. Tenemos que incorporar la sociedad civil en los servicios públicos de agua y saneamiento para lograr una gestión eficaz y sostenible desde la perspectiva social, ambiental y económica.
  • Intersectorial. Hacer posible el desarrollo tanto en las zonas urbanas como las rurales desde una visión ecosistèmica del agua.
  • Calidad del servicio. Se tiene que garantizar un servicio con regularidad, continuidad, eficacia, seguridad y calidad en el suministro.
  • Acceso justo. La tarifa no tiene que ser motivo de no acceso al agua y al saneamiento básico, así el agua vida tendría que ser asequible, y poderse financiar con tarifas cruzadas u otras formas.
  • No lucrativo.

La participación y el control social

En el marco de la gestión de los servicios públicos de agua y saneamiento, la participación y el control social en la gestión de los servicios comportan una oportunidad de construcción social:

  • Igualdad. La participación puede generar igualdad de oportunidades entre varios actores y ciudadanos para incidir en las decisiones públicas, hecho que beneficia aquellos sectores de población tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones públicas. Al mismo tiempo, mediante prácticas de participación ciudadana puede conseguirse una mejor redistribución de los recursos públicos.
  • Ciudadanía. La participación extiende los derechos de los ciudadanos, otorga nuevas libertades y responsabilidades al ejercicio democrático. Se potencian las capacidades de la ciudadanía, se aumenta su autoestima y se construye una sociedad con más justicia.
  • Confianza. La participación permite la transparencia y el control por parte de los ciudadanos, lo cual establece nuevas relaciones con el gobierno y un acercamiento entre los ciudadanos y los representantes políticos, y permite recuperar la legitimidad perdida por las formas de gobierno tradicional y fomentar la confianza.
  • Eficacia. Impulsar la participación ciudadana para obtener una eficacia más grande en la elaboración de las políticas públicas. Con participación ciudadana la identificación de problemas es más ajustada a la realidad y las políticas públicas responden mejor a las necesidades colectivas, son más funcionales y transparentes.

Desde la Campaña de Agua exigimos:

Reconocimiento derecho humano

  1. Es necesario que los gobiernos reconozcan e implementen el agua como derecho humano para garantizar un acceso universal al agua potable y al saneamiento. Este derecho tiene que incluirse en todas las constituciones de los países y en los principios básicos de Naciones Unidas.
  2. Así mismo, exigimos el reconocimiento del agua como derecho al medio ambiente para la vida de los ecosistemas acuáticos y la preservación del recurso. Una gestión sostenible que proteja los ciclos naturales del agua, mantenga las funciones ecológicas y la calidad de las aguas en nuestros ríos y acuíferos. Este modelo de gestión también tiene que evitar la construcción de grandes proyectos de infraestructuras (presas, trasvases, etc.), financiados mediante inversiones públicas que promueven directamente la comercialización del agua por las grandes corporaciones.
  3. Tenemos que garantizar un acceso físico, económico e informativo al agua, con cantidad y calidad suficientes, base para la vida y el desarrollo humano, así como también un saneamiento sostenible.
  4. Es el sector público, gestor del 90% de los servicios del agua, el único ente capaz de garantizar este acceso y de velar por el derecho humano al agua y al saneamiento. Así pues entendemos que las inversiones necesarias para garantizar la seguridad y el abastecimientode agua sostenible en todo el mundo son una responsabilidad colectiva, que tiene que ser pagada a través de impuestos generales.

No a la mercantilitzación

  1. Denunciamos las instituciones financieras internacionales que, al servicio de las grandes corporaciones privadas, han definido el agua como bien económico, sujeto a las reglas de mercado. Para afrontar los retos del agua hay que acabar con la mercantilitzación del agua, auténtica causante y agravante de la crisis del agua.
  2. En este sentido no aceptamos las actividades de las transnacionales del agua que cuentan con el apoyo de las IFI y las agencias de cooperación de los países donantes, como por ejemplo la privatización de los servicios de agua o la explotación industrial de agua mineral embotellada. Transnacionales que buscan nuevos mercados para nuevas ganancias, pero que son incapaces de garantizar el acceso universal y además se lucran de la crisis del agua.
  3. Visto el fracaso de las políticas de agua que han marcado los organismos internacionales para hacer frente a esta situación, pedimos un cambio de orientación de estas políticas que tiene que empezar para sacar el agua de los acuerdos de la OMC y de todos los acuerdos comerciales internacionales. Además exigimos en los gobiernos que no apoyen a los Foros Mundiales ilegítimos del agua organizados por el Consejo Mundial del agua, un organismo privado sin ninguna legitimidad democrática.

Una nueva gestión pública

  1. El ámbito público, social o comunitario tiene que asegurar que los modelos de gestión públicos de agua sean a la vez cada vez más eficientes, y avancen hacia una nueva cultura del agua, basada en políticas de demanda-ahorro, planificación integral, fomento de la eficacia y una gestión integral del ciclo de agua.
  2. La propiedad, la gestión y el control del ciclo integral del agua tiene que ser pública y participativa a escala social y comunitaria. Los principios de participación pública y democrática, con plena transparencia y rendición de cuentas, tienen que ser respetados.
  3. Por todo esto creemos que es importante potenciar las colaboraciones entre entidades públicas de agua de varios países. Así pues, pedimos que todos los gobiernos apoyen desde el punto de vista político y financiero a las diversas formas de colaboración público-públicas, a través de cooperación internacional para el desarrollo y la cooperación financiera para garantizar el acceso al agua, el intercambio de mejores prácticas entre las empresas públicas y las autoridades locales, así como modelos de participación y la solidaridad entre los ciudadanos y las comunidades de diferentes países y regiones.

Información oficial

Definiciones