Carta de la Red de Agua Pública (RAP) al Presidente del Gobierno

Madrid, 19 de noviembre de 2021

Estimado Presidente Pedro Sánchez Pérez-Castejón:

Cuando en su discurso de investidura del 4 de enero de 2020 usted afirmó, en el marco de la transición ecológica y el medio ambiente, su determinación de consagrar el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil, las organizaciones ciudadanas que reivindicamos estos planteamientos, constatamos un posicionamiento diáfano por su parte, en tanto que supuso una declaración pública de voluntad política para avanzar en el reconocimiento e implementación del derecho humano al agua y al saneamiento en esta legislatura. Esta percepción se vio refrendada posteriormente en el marco de la crisis sanitaria del COVID 19, cuando mediante sucesivos decretos ley se ha configurado un escudo social a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad, que incorpora la garantía de suministro de los servicios básicos de agua, luz y gas, así como la prohibición de realizar cortes.

Hemos percibido una sensibilidad positiva de su gobierno con estos temas. Por esto nos ha sorprendido muy negativamente que, por intermedio de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia dependiente directamente de Presidencia de Gobierno, se haya organizado en Alicante los días 22 y 23 de noviembre, unos diálogos sobre el futuro del agua en España sin que se haya contado con la participación activa de la ciudadanía, ni en su organización ni en la composición de los talleres previstos en esta iniciativa. Comprobamos que todo el debate estará hegemonizado por representantes de los intereses privados del agua, por lo que un acto de diálogo como el que se ha programado estará desgraciadamente sesgado hacia los planteamientos que defienden la privatización del agua y reivindican abiertamente su carácter mercantil. Se perderá así una oportunidad única para analizar, en el contexto del futuro del agua, la consideración del derecho humano al agua y al saneamiento como uno de los retos más relevantes que se deben encarar. Por la composición mayoritaria de los talleres, se omitirán debates relevantes como son los de la privatización y financiarización del agua y los riesgos que suponen para el disfrute de los derechos humanos al agua y al saneamiento, tal como han puesto en evidencia Leo Heller y Pedro Arrojo, relatores especiales de Naciones Unidas sobre estos derechos en sendos informes temáticos presentados ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Por último, queríamos incidir en la necesaria participación ciudadana en este tipo de iniciativas; pero debe realizarse en un marco de una participación activa en los temas clave, y no limitarla, como se ha previsto en el acto, a una mera consulta sobre aspectos relativamente secundarios.

Sirva, pues, esta comunicación para transmitirle nuestro profundo malestar con la forma en la que se ha organizado los diálogos sobre el futuro del agua en España, en los que, como ya mencionamos, la Oficina de Prospectiva ha jugado un papel preponderante. Entendemos que, como está prevista, omitirá cuestiones estratégicas muy relevantes y reforzará la visión mercantil del agua.

Cordialmente

Comisión de Coordinación de la Red Agua Pública

(Integrada por AEOPAS, Aigua és Vida, Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana, Attac, Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, Fundación Nueva Cultura del Agua, Marea Azul del Sur, Plataforma ciudadana por la defensa del agua pública en Asturies, Plataforma de Bizkaia Ur Publikoa, Red Agua Pública de Aragón, Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y Xarxa Valenciana per l´aigua pública)

Nueva encuesta sobre vivienda, suministros y salud. ¿Nos ayudas?

Te necesitamos para llevar a cabo el nuevo estudio sobre el estado de exclusión social en Cataluña para visibilizar la vulneración del derecho a la vivienda y a la energía y sus efectos en la salud.

¿Tienes problemas para pagar tu vivienda?

¿Tienes orden de desahucio o has sufrido alguno?

¿Estás ocupando una vivienda porque no has podido acceder a un alquiler?

¿Has tenido algún corte de agua, luz o gas o tienes deudas con las suministradoras?

¿Toda esta situación te está afectando a tu salud?

Si es así te pedimos que rellenes la siguiente #EncuestaViviendaYSalud: https://bit.ly/EncuestaViviendaYSalud

La PAH de Barcelona, la Alianza contra la Pobreza Energética, el Observatori DESC, Enginyeria Sense Fronteres y la Agencia de Salud pública de Barcelona estamos elaborando un nuevo informe sobre el estado de exclusión social en Cataluña y el impacto que tiene sobre las personas vulnerables la Ley 24/2015 contra los desahucios y los cortes. Si es conocida o no, y lo más importante: qué efectos tiene en las familias que están en riesgo de perder su vivienda.

Con los datos de la encuesta, tratados de manera anónima, evaluaremos y pondremos luz a aquello que los bancos, fondos de inversión y suministradoras quieren invisibilizar: la vulneración del derecho a la vivienda y a la energía y sus efectos en la salud.

Gracias de antemano por responder la encuesta, no te ocupará más de 10 minutos. Y si conoces a alguien que se encuentre en esta situación, compártela. ¡La información es poder, distribuyámosla!

https://bit.ly/EncuestaViviendaYSalud

A lo largo de los últimos años hemos realizado diferentes informes aportando datos propios cuantitativos y cualitativos para profundizar en la problemática de la pérdida de la vivienda, el acceso a los suministros y las consecuencias en la salud con el objetivo de visibilizar los efectos de la grave situación habitacional existente y aportando toda una serie de recomendaciones para los diferentes niveles de la Administración pública, orientadas a abordar la problemática:

¡Gracias por tu implicación!

Desde el pasado mes de abril, los precios de la electricidad han subido hasta alcanzar máximos históricos que han sido superados una y otra vez. Además, los mercados de futuro auguran un invierno con mayores subidas de las que ya estamos padeciendo.

El carácter sistémico del precio de la electricidad afecta de manera directa a bienes y servicios de todos los sectores, incluidos los productos de primera necesidad. La subida del precio de la luz impacta a toda la ciudadanía, pero lo hace de forma desigual, en función de la clase social, el género u otros factores, como la pertenencia a algún colectivo racializado.

Desde la sociedad civil hacemos un llamamiento al Gobierno, responsable de la protección de los derechos de todas las personas, para que lleve a cabo las reformas legislativas necesarias con el fin de garantizar a la ciudadanía los siguientes cinco puntos básicos:

1. NO A LOS CORTES DE SUMINISTROS BÁSICOS
Reclamamos al Gobierno que cumpla con los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 y desarrolle el principio de precaución, entendido como la obligación de las empresas suministradoras de consultar a los Servicios Sociales sobre la situación de las familias antes de efectuar cualquier corte de luz, agua o gas y a garantizarles el suministro, en caso de que se encuentren en situación de vulnerabilidad, hasta que no cese tal situación, con independencia del tiempo que transcurra.

El grado de protección que ofrece el llamado “mínimo vital eléctrico”, aprobado por el Gobierno en septiembre de 2021, está lejos del nivel de protección que garantizaría el principio de precaución, pues solo afecta al suministro eléctrico (no a los otros suministros esenciales) y limita a un plazo de 10 meses la prohibición de cortes, sin atender a la situación de las personas transcurrido ese plazo.

Igualmente, ante la escalada de los precios que está empobreciendo a muchas familias, especialmente a las regentadas por mujeres, es imprescindible redefinir y ampliar el concepto de vulnerabilidad.

Mientras estas propuestas no sean desarrolladas, reivindicamos que se prorrogue la moratoria de cortes incluida en el escudo social, aprobado en el contexto de pandemia. Pese a que esta medida es un parche temporal, es lo mínimo imprescindible para hacer frente a las necesidades más urgentes.

2. TARIFAS JUSTAS PARA TODAS LAS PERSONAS
El acceso a un nivel mínimo de suministros básicos, como el agua y la energía, es fundamental para garantizar los derechos más básicos de las personas. Sin embargo, la falta de medidas permite que estos bienes sigan siendo considerados exclusivamente como productos de mercado, lo que pone en serio riesgo el derecho a la salud, la higiene o a una alimentación adecuada.

Con el fin de garantizar unas condiciones de vida dignas en todos los hogares, los suministros básicos deberían estar asegurados a un precio asequible y, en cualquier caso, la tarifa debería ser progresiva en función de los ingresos de los hogares y adaptada a las realidades y necesidades particulares, en especial, de las personas más vulnerables.

Medidas como el bono social son parches que no alcanzan a proteger a todas las personas que padecen pobreza energética. En la actualidad, el bono social únicamente alcanza a algo más de un millón de personas, mientras el Instituto Nacional de Estadística (INE) advierte que un 26,4 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

3. VIVIENDAS QUE NO MALGASTEN ENERGÍA Y DINERO
Frente a la emergencia climática, es necesario ahondar en medidas que permitan ahorrar energía en los edificios y garantizar unas condiciones adecuadas en los hogares. Cabe recordar que los actores sociales con mayor capacidad económica son los que tienen un mayor impacto climático. En cambio, las poblaciones más vulnerables son las que reciben en mayor medida las consecuencias de esta degradación climática.

Reclamamos que se amplíen los fondos destinados a la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de los edificios, priorizando las actuaciones y ayudas en las comunidades más vulnerables, donde las viviendas son más ineficientes energéticamente y las personas disponen de menos capacidad económica para reformarlas. Asimismo, es importante asegurar que el acceso a estos recursos sea sencillo y que las personas puedan recibir acompañamiento para solicitarlos.

4. UN SISTEMA ELÉCTRICO DEMOCRÁTICO, CIUDADANO Y AMBIENTALMENTE JUSTO
Actualmente, el sistema de fijación de precios de la energía se basa en los principios de la economía liberal, cuyo objetivo es aumentar exponencialmente los beneficios económicos de las empresas. El oligopolio energético (Endesa, Iberdrola y Naturgy), que controla gran parte de la producción, transporte y distribución de la electricidad, tiene una gran capacidad de influencia en el sistema de fijación de precios.

Ante esta situación, es crucial disputar el poder al oligopolio para avanzar hacia un modelo controlado por la ciudadanía, en el que cada tecnología tenga un precio acorde a sus costes reales, y que no esté subordinado a un sistema mercantil construido para rentabilizar las inversiones de unas minorías sociales. El suministro eléctrico se ha convertido en un negocio muy rentable, pero debería ser considerado un servicio público, como lo fue en el pasado, gestionado por entidades a disposición del bien común (empresas públicas, cooperativas, etc).

Mostramos nuestro rechazo a la campaña que el oligopolio está realizando contra la tarifa PVPC del mercado regulado, empujando a la ciudadanía hacia otras tarifas que excluyen a las personas vulnerables de determinados derechos, como el acceso al bono social. Estas estrategias, además de dar beneficio extra a las compañías, pueden dejar fuera de juego a las comercializadoras independientes, como las cooperativas.

Las multinacionales también cuentan con instrumentos para proteger sus inversiones en el sector energético y demandar a los Estados ante tribunales privados cuando consideran que han legislado en contra de sus intereses económicos.
La implementación de medidas encaminadas a reducir el precio de la electricidad y asegurar el acceso a la energía de toda la población del Estado Español puede dar lugar a demandas millonarias bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), como ya ha ocurrido en algunos países de Europa del este. Para garantizar un sistema energético justo y democrático que no deje a miles de personas en situación de vulnerabilidad, también es crucial abandonar el TCE de inmediato.

5. HOGARES Y COMUNIDADES QUE GENEREN LA ELECTRICIDAD QUE UTILIZAN
Es crucial apostar por el autoconsumo, las comunidades energéticas y las cooperativas, por la inversión pública y local, por una transición energética con soberanía ciudadana, también en el sector doméstico. Está demostrado que la energía comunitaria es una herramienta que contribuye a reducir la pobreza energética y el consumo. El Estado español tiene la obligación legal de crear marcos jurídicos para asegurar que se cumpla el derecho de la ciudadanía y las comunidades a producir, almacenar, consumir y vender su propia energía renovable.

La actual subida del precio de la luz está estrechamente vinculada con la crisis de escasez de recursos fósiles, que está provocando una escalada del precio del gas a nivel mundial. Para abordar la crisis climática y social que atravesamos, es fundamental emprender de forma inmediata una transición energética democrática, ambiental y socialmente justa, con un nuevo marco de fuentes de energía renovable accesibles para todos los hogares.

¡El 28 de octubre, salgamos todas y todos a la calle!

Adhiérete al manifiesto a través de este formulario

Ecologistas en Acción, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Greenpeace, Coordinadora cde Pensionistas de Madrid, Federación regional de asociaciones vecinales de Madrid, Coordinadora de Vivienda de Madrid, Fridays For Future Madrid, Amigos de la Tierra, Campaña Estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión, Feministas por el Clima, Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras, Xarxa per la Sobirania Energètica, Yayoflautas Madrid, Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, CGT, Anticapitalistas Madrid, Movimiento Ibérico Antinuclear, No Más Precariedad, Plataforma de Pensionistas de Móstoles, Sindicat de Llogateres, Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Miles de familias temen sufrir cortes de agua, luz y gas con el fin de la moratoria de suministros a partir del 9 de agosto

El Gobierno aún no ha clarificado si ampliará la prohibición de cortes a hogares vulnerabilizados
Con los precios más altos de la historia, la Ministra Ribera tiene en su mano no dejar totalmente desprotegidas a miles de familias.

Barcelona, 28 de julio de 2021

Se avecina la tormenta perfecta en pleno agosto: coincidiendo con unas semanas en las cuales los precios de la energía eléctrica han batido récords históricos, el día 9 del próximo mes finaliza el plazo de la moratoria de cortes de suministro a hogares vulnerabilizados. A fecha de hoy, el Gobierno no ha informado si extenderá la prohibición de interrupciones más allá de ese día. A menos de dos semanas de esa posibilidad, las entidades sociales y los colectivos que luchamos por garantizar los servicios esenciales a toda la población exigimos al Presidente Sánchez y a la Ministra Ribera que prorroguen la protección contra los cortes de suministros básicos.

En este sentido, el Gobierno ya nos tiene acostumbrados a dilatar hasta la última semana la aprobación de las diferentes prórrogas del llamado “escudo social”. Este hecho causa gran angustia a todas las familias vulnerabilizadas que no saben si seguirán protegidas ante los cortes o no. La moratoria vigente se incluyó en el Real Decreto-ley 8/2021, publicado en el BOE sólo cuatro días antes del fin de la anterior. La medida, que comprende los suministros de agua, luz y gas, operará hasta el 9 agosto inclusive, si el Gobierno no lo enmienda.

A partir de entonces, si no se aprueba una ampliación de la misma, las familias volverían a quedar a expensas de las compañías suministradoras y, bajo la literalidad del texto (que suspende los plazos para los cortes, pero no pone el contador a cero), los cortes se podrían producir desde el mismo día 10 de agosto.

Cabe recordar que la moratoria ante los cortes de suministros se aprobó con motivo de la situación de especial vulnerabilidad que causó la emergencia de la COVID-19. A día de hoy, la pandemia, lejos de estar atajada, vive una quinta ola que tiene en vilo no solo a miles de familias, sino también a la capacidad de la sanidad pública para hacerle frente. En solo un mes, se han sumado a las estadísticas globales medio millón más de infectados, los hospitalizados han pasado de 2.300 a prácticamente 8.000, el porcentaje de camas que ocupan en los centros sanitarios de menos del 2 % a casi el 7 % y los ingresados en las UCI se doblaron. Esta crisis sanitaria ha tenido como consecuencia una crisis social de forma que durante el primer año de la pandemia el porcentaje de población en situación de carencia material severa pasó del 4,7 a un 7% mientras que las personas que admitieron no poder mantener su hogar a una temperatura adecuada se incrementó del 7,6 al 10,9%. Esta tendencia se ha agudizado durante 2021 de forma que en la actualidad las familias que no pueden afrontar el coste de los suministros del hogar representan una parte muy relevante de la población española a pesar de que el número de beneficiarios del bono social sigue en cifras que no corresponden con las necesidades reales de la población más vulnerabilizada: 1.110.211 de beneficiarios del bono social en marzo de 2021.

Además, por si no fuera suficiente, nos encontramos en el caso de la electricidad en una burbuja de precios del mercado mayorista, que el pasado 21 de julio situó el MWh en 106,57€, récord histórico. Esta situación ha obligado a la Ministra Teresa Ribera a tomar medidas temporales, como la rebaja del IVA en la factura o la suspensión del impuesto a la generación.

Se puede caer en la trampa de pensar que la pobreza energética se sufre sólo en invierno y que en esta época del año esta problemática disminuye. Nada más lejos de la realidad. Mantener una temperatura adecuada en casa es imprescindible también en verano y las necesidades básicas como ducharse o cocinar no dependen de la estación del año. De hecho, el consumo energético aumenta en verano en determinadas zonas climáticas, especialmente en periodos de olas de calor, cada vez más frecuentes. Según el informe Estimaciones de la mortalidad atribuible a excesos de temperatura en España, en el verano de 2020 hubo 1.875 defunciones atribuibles al exceso de temperatura a nivel estatal. Un 56 % se produjo en agosto y un 90 % del exceso de mortalidad se concentró en las personas mayores de 74 años.

En este contexto, como venimos haciendo desde el pasado mes de diciembre, las diferentes entidades sociales y colectivos, exigimos una prórroga de la moratoria de cortes hasta que no se produzcan cambios estructurales en la actual normativa de protección de las familias vulnerabilizadas en materia de suministros básicos. Entre estos cambios, reclamamos:

Principio de precaución que obligue a las empresas suministradoras a consultar a los Servicios Sociales sobre la situación de la familia antes de cualquier corte y a garantizar el suministro si se produce una situación de vulnerabilidad.
Redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que entre otras cuestiones comprenda los tres suministros e incremente los límites de renta, para responder a la realidad social de la ciudadanía. El Gobierno debe empezar a estudiar en este sentido la posible implementación de una tarifa social o mínimo vital para los suministros básicos esenciales.
Periodo de carencia sin cortes en todo el ámbito doméstico mientras las anteriores medidas no se implementen.
Costes de la pobreza energética asumidos por las empresas. Las facturas impagadas que se deriven de la aplicación del principio de precaución se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100 % por las propias compañías de todos los segmentos implicados.
En el caso de empresas suministradoras de energía, cierre de convenios con las compañías suministradoras para sufragar las facturas impagadas por familias vulnerabilizadas desde el inicio de la pandemia y hasta que no se implementen las medidas definitivas.
Que se incorpore a la legislación al más alto nivel el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. Concretar en la normativa y reconocer por ley un mínimo vital de agua, para que todo el mundo tenga el mínimo de agua disponible para beber, cocinar y para la higiene básica.

Una vez más, el Gobierno tiene en su mano evitar un tsunami de cortes en pleno agosto. Las entidades y colectivos lo tenemos claro: ampliemos la moratoria hasta que se produzca una reforma estructural del actual sistema y protejamos a los hogares vulnerabilizados en plena quinta ola y escenario de escalada de precios de la electricidad.

I es va fer la llum. Un història sobre pobresa energètica en la infància

I es va fer la llum és un conte inspirat en les famílies de l’Aliança contra la Pobresa Energètica i el testimoniatge de la infància de la Cañada Real, que ara fa un any que viuen sense llum. És un conte il·lustrat per Ivonne Navarro Varas que pretén aportar un petit gra de sorra per superar aquesta injustícia de manera col·lectiva.

Amb un llenguatge senzill alhora que contundent, és el conte ideal per a que en àmbits educatius es puguin acompanyar aquestes situacions i, alhora, enfortir les xarxes de suport que volen revertir aquesta situació.

Versió en català

Versió en Castellà

Presentamos en castellano la Esferas 15: Como garantizar la asequibilidad del Derecho Humano al agua y al Saneamiento mediante las tarifas

Este estudio pretende analizar en una pequeña muestra de municipios si la estructura tarifaria y el precio que los habitantes de estas localidades pagan por la factura del agua permite el cumplimiento de la garantía del derecho humano al agua. Por eso se considera tanto la estructura tarifaria y los precios aplicados de forma general, como la existencia de medidas a aplicar en casos de dificultades económicas.

La traducción al castellano ha sido posible gracias a la colaboración con la AECID y Mundubat.

Descarga Esferas 15: Como garantizar la asequibilidad del Derecho Humano al agua y al Saneamiento mediante las tarifas en castellano aquí.

També el trobaràs en català aquí.

Aquestes festes juga amb ESF!

Sabem que aquest any 2020 no ha estat pas un any fàcil, molts dels reptes que ens havíem marcat els hem hagut d’adaptar. El que imaginàvem que seria el 2020 finalment ha estat completament diferent.

Gràcies al compromís dels socis i sòcies, a la implicació del voluntariat i al suport dels finançadors aquest any hem pogut tirar endavant projectes i campanyes per seguir reforçant la nostra tasca vers la justícia social i el dret a l’aigua pública i l’energia.

Per tot això aquestes festes volem compartir amb totes vosaltres el Joc de Memòria que ha preparat el Grup El Salvador d’ESF. Un joc pels més petits però també pels més grans on a més de la diversió i l’agilitat mental també hi trobareu informació molt important pel que respecta el Dret Humà a l’aigua i en concret a El Salvador.

Quina és la quantitat mínima per garantir les necessitats més bàsiques d’aigua per persona i per dia? Sabies que l’agricultura extensiva contribueix a la degradació del sòl i facilitar les inundacions? Totes aquestes preguntes i respostes les trobareu en el Joc de memòria de El Salvador!

Us convidem a jugar-hi aquestes festes i a compartir-ho amb amics i familiars! Juntes treballem per garantir el Dret Humà a l’Aigua!

Juga en aquest enllaç!

Más de 220 organizaciones y miembros de la sociedad civil solicitan a Teresa Ribera y al Gobierno de España que abandone el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo de inversiones para el sector energético firmado en 1995 por el Estado español.

El Tratado permite a los inversores denunciar a los Estados y reclamar sumas astronómicas si consideran que sus leyes han disminuido sus beneficios económicos presentes o futuros.
España ya ha sido condenada a pagar 1.036 millones de euros y los inversores reclaman más de 8.000 millones, casi el equivalente al PIB de La Rioja.
En un escenario de emergencia sanitaria por la COVID-19 las medidas del Gobierno para luchar contra la pobreza energética podrían desencadenar demandas millonarias por parte de los inversores contra España.

Consulta la carta y las firmas: Carta abierta para salir del TCE

La campaña estatal ‘No a los Tratados de Comercio e Inversión’, ha entregado una carta a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en la que pide la salida del España del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). La carta ha sido firmada por más de 220 organizaciones, sindicatos y representantes de la sociedad civil, académicas y académicos, juristas y figuras políticas a título individual.

La reivindicación central es que España abandone un tratado ratificado en 1994 a espaldas de la ciudadanía y sin debate público. El TCE, que inicialmente nació para garantizar el suministro energético a Europa occidental tras la caída del muro de Berlín, se ha vuelto en contra de los Estados firmantes y se ha convertido en un coladero de reclamaciones millonarias. A través de un mecanismo de solución de controversias inversor-estado (ISDS por sus siglas en inglés), permite a las multinacionales e inversores demandar a los Estados si estas consideran que la las medidas legislativas va en contra de sus beneficios económicos presentes o futuros.

En un escenario de emergencia sanitaria y social, las últimas leyes propuestas para luchar contra el cambio climático o las medidas adoptadas para luchar contra la pobreza energética -como alargar el bono social o prohibir los cortes de suministros- podrían desencadenar una oleada de demandas por parte de grandes inversores bajo el TCE. No sería la primera vez. Bulgaria y Hungría ya han sufrido demandas millonarias por intentar garantizar precios asequibles en la electricidad para la ciudadanía.

De hecho, España ya ha sido condenada a pagar 1.036 millones de euros (casi siete veces el presupuesto que el Gobierno se ha comprometido a aportar al Fondo Verde Europeo sobre el clima) y los inversores reclaman más de 8.000 millones de euros. El dinero para pagar estas inversiones saldría de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, de las arcas públicas o se computaría como deuda. Tampoco se descarta una subida en la factura de la luz como ya ocurrió en el caso Castor.

España: récord de demandas

España es el país que más demandas acumula bajo el TCE: 47 en total, interpuestas por la política de recortes a las renovables entre 2011 y 2014. La paradoja es que todos los demandantes son empresas o inversores vinculados a los combustibles fósiles que invirtieron siendo conscientes del escenario de crisis del país.

En otros países se han dado situaciones similares. La empresa alemana Uniper ha declarado que demandará a Holanda por el cierre de las centrales eléctricas de carbón en 2030, una acción que forma parte de la estrategia nacional de reducción de gases de efecto invernadero.

Con estos precedentes el TCE podría truncar la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética española. Es previsible imaginar un escenario en el que el Estado español sea objeto de una oleada de demandas millonarias por la puesta en marcha del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) o por sus medidas adoptadas en la pandemia de la COVID-19.

Una reforma abocada al fracaso

La petición de abandonar el Tratado por parte de la sociedad civil se realiza unas semanas antes de que comience la segunda ronda de negociación entre el 7 y el 10 de julio para la modernización del TCE. Un proceso que, tal y como han manifestado organizaciones de toda Europa, no dará lugar a un tratado respetuoso con el clima, el medio ambiente y el bienestar de las personas.

Hasta la fecha, las piezas clave que hacen del TCE un tratado extremadamente asimétrico que atenta contra la soberanía de los Estados, los presupuestos públicos, y cualquier intento por frenar la emergencia climática, no están sobre la mesa. La agenda de negociación no contempla el fin de la protección de las inversiones en combustibles fósiles y energía nuclear, la exclusión de los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados ISDS, o la incorporación de objetivos climáticos y ambientales vinculantes.

Las organizaciones sociales y ambientales firmantes de la carta alertan que bajo el TCE las inversiones relacionadas con el sector de los combustibles fósiles y energía nuclear están altamente protegidas. Las multinacionales e inversores extranjeros ya están utilizando este tratado para cuestionar y obstaculizar las medidas de acción climática y transición energética justa como: el abandono de las fuentes de energía contaminantes, el impulso de las renovables, o la reducción del coste de la factura de la luz a las personas más vulnerables.

La RAP denuncia les pressions del lobby privat dels serveis de l’aigua per manipular l’actual crisi sanitària per afavorir els interessos empresarials i dóna suport a la gestió pública de l’aigua

En plena crisi sanitària, es posa de manifest la importància de l’aigua, pel que fa a la seva disponibilitat és fonamental per a la vida, la higiene personal i domèstica i, en conseqüència, per a la salut.

La Red de Agua Pública (RAP) reclama suport a ajuntaments i operadors públics en el seu compromís amb la defensa del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament, i denuncia la justificació de talls de subministraments i que els lobby privat dels operadors dels serveis d’aigua promoguin modificacions legislatives per a mantenir els seus beneficis.

La RAP posa de manifest la necessitat de promoure i acometre la remunicipalització dels serveis privatitzats per a prioritzar la funció social i ambiental de l’aigua.

La RAP rebutja i qualifica d’egoista, insolidària i mesquina l’actitud del sector privat que ha sol·licitat al govern reprendre els talls d’aigua i ampliar la duració de les seves concessions. El passat 3 d’abril, el president de l’Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) va trametre una carta dirigida al govern on s’argumenta, sense aportar dades ni considerar que les mesures dels decrets llei emesos en relació al subministrament d’aigua són circumstancials mentre es mantingui la pandèmia, que, per a mantenir la sostenibilitat del servei, és necessari poder realitzar talls en el subministrament perquè, en cas contrari, s’augmentarà la morositat a molt curt termini produint un dèficit financer estructural. També plantegen la necessitat de modificar la durada dels contractes concessionals per a poder assumir les pèrdues ocasionades per la disminució del consum que creuen que es produirà per la crisi sanitària; és a dir, aprofiten la crisi sanitària per a demanar modificacions legislatives, que afecten a la Llei de Contractes del Sector Públic, no avalades per dades sinó només per expectatives, evadint la transferència de riscos que està implícita en els contractes de concessió.

AGA, que conjuntament amb la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), conformen el lobby defensor dels interessos de les empreses privades de l’aigua a l’Estat espanyol, no ha dubtat en aplicar la doctrina del shock, aprofitant la situació actual de crisi sanitària, per intentar treure profit per als seus interessos empresarials.

El 17 i 31 de Març, el govern va aprovar ambdós decrets llei on es concretaven mesures extraordinàries en l’àmbit econòmic i social per a fer front a la crisi sanitària motivada pel coronavius, i específicament les destinades a garantir, en aquest context, el subministrament dels serveis públics d’aigua. En el primer decret llei (8/2020), se establia, l’obligació de garantir l’accés a l’aigua als col·lectius amb la condició de vulnerables, vulnerables severs o en risc d’exclusió social, mentre es mantingui l’estat d’alarma, atès que la condició de vulnerabilitat és previsible que s’ampliï substancialment.

Aquestes mesures són coherents amb el Dret Humà a l’aigua, que estableix l’obligació de disposar d’un subministrament continu i la prohibició de talls per motius de vulnerabilitat econòmica o social. A més, en plena crisi sanitària, es posa de manifest la importància de l’aigua, pel que fa a la seva disponibilitat és fonamental per a la vida, la higiene personal i domèstica i, en conseqüència, per a la salut.

Al contrari que el sector privat, els operadors públics d’aigua han garantit el subministrament en les condicions establertes en ambdós decrets llei avançant-se, fins i tot, a la seva aplicació a l’assumir les obligacions del Dret Humà a l’aigua de respectar-lo, protegir-lo i acomplir-lo.

En el context de crisi sanitària, i davant l’actitud d’AGA, la RAP reivindica els punts següents:

Suprimir les vigents limitacions i condicionalitats a la gestió i finançament públic dels serveis d’aigua previstos en la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, com a pas previ a la seva derogació. Establir nous enfocs i línies de finançament que afavoreixin la gestió pública d’aquests serveis públics essencials vinculats a Drets Humans.

Dotar de finançament suficient a tots els serveis públics, en particular la sanitat i els serveis d’aigua, intrínsecament relacionats al tenir ambdós la consideració de Drets Humans i, com es posa contínuament en evidència durant la pandèmia, ser garants del manteniment de la salut humana.

Facilitar processos de remunicipalització que assumeixin la gestió no lucrativa, pública, transparent i amb rendició de comptes d’acord amb el paradigma definit pel marc conceptual del Dret Humà a l’Aigua.

Després de 10 anys del reconeixement del Dret Humà a l’aigua per part de l’Assemblea General de les Nacions Unides, és necessari reconèixer-lo i regular-lo formalment, amb l’objectiu que no es manipuli el seu abast i contingut en relació amb els seus criteris i principis definitoris, i específicament els relatius a la no discriminació, universalitat, assequibilitat i disponibilitat, com l’expressa prohibició de talls de subministrament.

22 d’abril de 2020

Red Agua Pública (RAP), és un espais que aglutina a desenes de plataformes, organitzacions socials, ambientals, sindicals i polítiques de l’Estat espanyol – a Catalunya tots els grups, organitzacions, xarxes i plataformes que formen Aigua és Vida-, que promouen una visió de l’aigua com un bé comú i un servei públic, i que lluiten per la gestió pública de l’aigua, sense ànim de lucre, transparent i participativa dels serveis d’abastament i sanejament.

https://redaguapublica.wordpress.com

https://www.aiguaesvida.org/

Para vencer el coronavirus hay que garantizar el de Derecho Humano al Agua y al Saneamiento

La Red Agua Pública (RAP) denuncia las condiciones de hacinamiento e insalubridad imperantes en los asentamientos informales de varios territorios como Huelva, Sevilla, Madrid, Almería o Murcia donde no se garantiza la vida digna, la higiene y la salud, conculcándose los derechos humanos al agua y al saneamiento.
La RAP apoya la denuncia de la Mesa Social del Agua de Andalucía sobre las condiciones de vida en los asentamientos de trabajadores de los invernaderos de Huelva, donde malviven cerca de 5.000 personas, que pueden convertirse en sitios vulnerables para la propagación del coronavirus.
Ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, ahora más que nunca, es urgente poner en marcha las medidas necesarias para garantizar el acceso al agua y al saneamiento en los asentamientos precarios, chabolistas e infraviviendas.

En las últimas semanas diversas redes y organizaciones ciudadanas, como la Mesa Social del Agua de Andalucía, han denunciado las condiciones de vida de las personas alojadas en asentamientos precarios de los invernaderos de Huelva, donde malviven cerca de 5.000 personas. Este escenario de marginación de grupos sociales y étnicos se da en otras zonas y territorios, como Almería, Sevilla, Murcia o Madrid, donde no se garantiza el acceso al agua potable ni a sistemas de saneamiento adecuados, dando lugar a condiciones de insalubridad, elevando el riesgo sanitario e incumpliendo flagrantemente los derechos humanos al agua y al saneamiento. Precisamente esta situación alarmó a Philip Alston, actual Relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, quién, durante su reciente visita a España en enero y febrero de 2020, denunció que las condiciones de vida de los trabajadores que habitan en los asentamientos de algunas zonas de Estado “rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo”.

Con la actual crisis sanitaria del coronavirus, las condiciones sociales y materiales en estos asentamientos se han agravado de forma radical, ya que si bien en situaciones normales la ausencia de acceso directo al agua potable, a una red de saneamiento, a la recogida de basuras y a energía crean condiciones de elevados riesgos para la salud, estos se multiplican cuando hay una emergencia sanitaria como la del coronavirus. En estos contextos no se pueden seguir las mínimas medidas de higiene recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio, como es lavarse las manos con frecuencia y desinfectarse con agua y jabón. Tampoco la distancia social es posible en unas infraviviendas minúsculas donde no es posible el aislamiento personal dadas las condiciones de hacinamiento insalubre que imperan; por otro lado, las personas que viven en estas condiciones tienen sistemas inmunitarios debilitados por la mala alimentación y las condiciones insalubres que los hace más vulnerables al contagio y la enfermedad.

Es urgente poner en marcha las medidas necesarias para garantizar el acceso al agua y al saneamiento en los asentamientos precarios, chabolistas e infraviviendas. Los ayuntamientos son los titulares de los servicios de abastecimiento y saneamiento y, por tanto, los que tienen que garantizar los derechos humanos asociados; es fundamental que asuman consecuentemente las obligaciones establecidas de respetarlos, cumplirlos y protegerlos.

En la actual situación de alarma sanitaria por coronavirus, los gobiernos municipales donde existan este tipo de asentamientos precarios deben coordinarse con el Ministerio de Sanidad para que, como autoridad competente tal como establece el Real Decreto 463/2020, tome con carácter de urgencia las medidas para resolver las carencias detectadas.

Tras la finalización del estado de alarma, será el momento en que las administraciones locales, en consecuencia con sus responsabilidades y competencias, aborden planes para la eliminación de las infraviviendas facilitando alojamiento con los servicios básicos esenciales para una vida digna.

Red Agua Pública (RAP), es un espacio que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas del Estado español que promueven una visión del agua como bien común y servicio público, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento.