Soberanía hídrica con energía propia

Cangrejera consolida un modelo comunitario de agua más autónomo, sostenible y preparado para los retos actuales

Cuando un sistema comunitario de agua reduce su dependencia energética, mejora su gestión y fortalece las capacidades de sus lideresas, no estamos hablando solo de una mejora técnica. Estamos hablando de soberanía.

El pasado 11 de febrero tuvo lugar en Cangrejera (La Libertad, El Salvador) la visita final para el acta de cierre del proyecto “Soluciones innovadoras con energía solar y TIC’s para la sostenibilidad de Sistemas rurales de agua potable y saneamiento en El Salvador”. Pero más allá del cierre administrativo, lo que se consolida es un paso firme en la defensa del derecho humano al agua desde la gestión comunitaria.

Tecnología al servicio del derecho, no del negocio

En El Salvador, miles de sistemas rurales de agua funcionan gracias a la organización comunitaria. Las juntas de agua garantizan un servicio esencial en territorios donde el Estado muchas veces no llega con suficientes recursos. En este contexto, reforzar su sostenibilidad no es una cuestión secundaria: es una decisión política.

En Cangrejera, el Sistema de Agua ARA —con 41 años de trayectoria— abastece a nueve comunidades y a más de 2.700 personas. El proyecto ha contribuido a fortalecer este sistema a partir de tres ejes que apuntan en la misma dirección: autonomía, eficiencia y capacidad organizativa.

La instalación de un sistema fotovoltaico híbrido permite reducir de manera significativa los costes energéticos del bombeo. En un país donde la factura eléctrica puede comprometer la viabilidad financiera de los sistemas comunitarios, disminuir la dependencia de la red no solo tiene un impacto ambiental: protege la accesibilidad del servicio y evita que el coste recaiga sobre las familias.

Hablar de energía solar aquí es hablar de estabilidad económica y de capacidad de resistencia ante un contexto cambiante.

Gestión más transparente, comunidad más fuerte

El proyecto también ha impulsado la implementación de la aplicación AIGAR, una herramienta que moderniza la gestión administrativa del sistema. Automatizar la facturación y el registro de consumos mejora la transparencia, reduce errores y optimiza el tiempo dedicado a tareas comunitarias.

Pero lo más relevante es que esta innovación no sustituye la gestión comunitaria: la refuerza. Reconoce que las juntas de agua pueden ser eficientes, tecnológicamente actualizadas y capaces de replicar modelos sostenibles sin perder su esencia colectiva.

Además, el proceso ha incorporado una dimensión formativa con la participación de la Universidad Don Bosco, contribuyendo a fortalecer las capacidades técnicas y organizativas de los sistemas rurales. La tecnología solo es transformadora cuando se convierte en conocimiento apropiado y gestionado localmente.

Fortalecer la gestión comunitaria en un contexto de tensiones

El encuentro de cierre reunió a liderazgos comunitarios de nueve sistemas de la Cordillera del Bálsamo integrados en ASAPS, que compartieron aprendizajes y retos de futuro.

En el marco de la Ley de Recursos Hídricos de El Salvador, los sistemas comunitarios afrontan nuevos desafíos institucionales y normativos. La sostenibilidad no depende únicamente de la infraestructura instalada, sino de la capacidad colectiva de organizarse, adaptarse y defender su modelo frente a posibles procesos de concentración o debilitamiento del control comunitario.

Desde ESF entendemos que acompañar estos procesos forma parte de una apuesta estratégica por la soberanía hídrica y la gestión pública y comunitaria de los servicios esenciales. La tecnología, cuando se pone al servicio de las comunidades y no del lucro privado, puede convertirse en una herramienta real de transformación.

El proyecto deja instalaciones, herramientas digitales y personas formadas. Pero sobre todo deja un sistema comunitario más fuerte, más autónomo y con mayor capacidad para seguir garantizando el derecho humano al agua desde la base.

Este proyecto ha sido ejecutado por Enginyeria Sense Fronteres junto con ACUA, ASAPS e ICARTO, con la financiación principal de AECID y la Xunta de Galicia, y la cofinanciación de varios ayuntamientos catalanes como el Ayuntamiento de Blanes, el Ayuntamiento de Castellbisbal y el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú.

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