Fondos Next Generation y gestión del agua: ¿quién sale beneficiado?
Publicamos un nuevo estudio que analiza la distribución de estos fondos y su impacto en la gestión del agua.
Los fondos Next Generation EU nacieron como una supuesta herramienta clave para la recuperación económica después de la crisis de la covid-19. Estos fondos, que pretenden fomentar una “economía verde y digital”, han destinado una parte importante de sus recursos a la digitalización del ciclo del agua en España. Pero, ¿a quien están beneficiando realmente estas inversiones? ¿A las empresas públicas o a las empresas privadas? ¿Es la digitalización la necesidad primordial de los servicios públicos de agua?
Desde Ingeniería Sin Fronteras queremos poner luz a la distribución de los fondos Next Generation en el sector del agua y abrir el debate sobre cómo se tendrían que gestionar los recursos públicos para garantizar un acceso equitativo y sostenible al agua.
El PERTE de digitalización del ciclo del agua
El marco de actuación de estas inversiones es el PERTE de digitalización del ciclo del agua, aprobado por el gobierno español en 2022 con una dotación de 3.260 millones de euros. Este plan busca modernizar la gestión del agua a través de tecnologías digitales para mejorar la eficiencia y reducir pérdidas en las redes de suministro.
Todo y estos objetivos, el análisis de las dos primeras convocatorias de subvenciones muestra que una parte significativa de los fondos ha ido a parar a operadores privados, perpetuando el modelo de gestión público-privado que a menudo es la causa de los problemas en la calidad del servicio y en el acceso equitativo al agua.
¿Quién se beneficia de los fondos?
En la primera convocatoria del PERTE, resuelta en octubre de 2023 con 200 millones de euros en subvenciones, el 41% de la financiación fue a empresas privadas, destacando especialmente el Grupo AGBAR, que recibió el 19% del total (37,7 M€). Otros beneficiarios fueron el Grupo Global Omnium (15,5 M€) y Aqualia (7,7 M€).
En la segunda convocatoria, resuelta en octubre de 2024 con un presupuesto ampliado a 300 millones de euros, se incluyeron municipios pequeños, que habían quedado excluidos en la primera fase. Esto corrigió parcialmente algunas de las desigualdades detectadas, pero no modificó la estructura de financiación que sigue favoreciendo grandes operadores privados.
Las dos convocatorias del PERTE han confirmado una tendencia clara en la distribución de la financiación, con un fuerte peso de las empresas privadas, especialmente grandes operadores como el Grupo AGBAR. A pesar de que en la segunda convocatoria se ha intentado corregir algunas desigualdades incluyendo municipios pequeños, la estructura de financiación continúa beneficiando los grandes actores privados, evidenciando la persistencia de un modelo que prioriza estas empresas en la gestión de los recursos.
Un modelo que refuerza la privatización
El PERTE de digitalización del ciclo del agua no pone en entredicho el modelo de gestión mercantil del agua, basado en colaboraciones público-privadas que priorizan el beneficio económico por encima del derecho humano al agua. Más grave todavía, no asume las responsabilidades de las administraciones públicas respecto a sus deberes de fiscalización y transparencia.
Esto comporta que una parte de las subvenciones se destinen a actuaciones que los operadores privados no han realizado, pero han cobrado con las tarifas del agua de las personas usuarias, haciendo que, de facto, se pague dos veces por las mismas inversiones en algunas ocasiones.
Consulta el estudio completo en castellano en este enlace y en catalán en este otro enlace.
