Impactos de la precariedad energética sobre infancia y adolescencia

Impactos de la precariedad energética sobre infancia y adolescencia

Irene González // Ingeniería sin Fronteras

En la ciudad de Barcelona el 15% de hogares con menores no se pueden permitir mantener la vivienda a una temperatura adecuada los meses fríos y un 13,4% ha sufrido atrasos en el pago de suministros vinculados a la vivienda. A pesar de  ser  altas, estas cifras son tan solo medias que esconden fuertes desigualdades entre zonas de la ciudad, como es el caso del distrito de Nou Barris, donde un 35% de hogares no puede mantener una temperatura adecuada y cerca del 29% sufre atrasos en el pago de las facturas. Los datos nos muestran, también, que la correlación entre estos dos indicadores es más bien baja; es decir, las familias que tienen dificultades para mantener una temperatura adecuada en su vivienda no coinciden, necesariamente, con las que tienen facturas atrasadas. Por lo tanto, el total de la población afectada por precariedad energética (uno u otro factor), sería todavía más elevado.

Los datos se vuelven todavía más alarmantes cuando consideramos colectivos más estigmatizados e invisibilizados, como son las familias con suministros irregulares: entre las 160 familias en esta situación encuestadas por la Alianza contra la Pobreza Energética  había al menos 145 menores. Estos niños y niñas viven permanentemente en una situación de inseguridad y riesgo de incendio y/o electrocución debido a la negativa de las empresas suministradoras de instalar contadores en hogares en situación de ocupación.

Tradicionalmente el foco de la precariedad energética no se ha puesto en la infancia y adolescencia y por lo tanto hay pocos datos al respecto y un déficit de políticas públicas específicas. Varios estudios consultados y entrevistas realizadas con personas expertas y familias afectadas indican, aun así, que carecer de servicios energéticos dignos durante los primeros años de vida puede tener impactos irreversibles en la salud física, cognitiva y social futura de las personas. 

Ante una situación de precariedad energética, las familias generalmente optan por cuatro estrategias: reducir el consumo energético por debajo del nivel necesario para cubrir las necesidades energéticas básicas, reducir el consumo de otros bienes y servicios para poder hacer frente a la factura energética, endeudarse para hacer frente a las facturas o, finalmente, conectarse de manera irregular e insegura a la red. Estas estrategias tienen diferentes impactos sobre la salud física, la salud mental, la educación y la seguridad de niños y niñas.

En lo que respecta a la salud física, hay una alta incidencia de asma, bronquitis y otras enfermedades de las vías aéreas, que se vuelven recurrentes y difíciles de curar; también se han relevado casos de desnutrición a consecuencia de la mala alimentación que a menudo sufren las familias que tienen que decidir si comer bien o pagar facturas. 

Existen también graves efectos sobre la salud mental de niños y jóvenes como los relacionados con una posible carencia de higiene corporal, estigma, aislamiento, culpabilidad o estrés familiar debido a la impotencia de no poder proveer a los menores de condiciones de vida dignas y del acoso vinculado a deudas impagadas, etc. Es especialmente delicada la situación de los adolescentes, que demandan más intimidad, acceso a las tecnologías, priorizan la relación entre iguales y pueden buscar diferenciación y/o confrontación con la familia. De hecho, un estudio llevado a cabo por el National Children Bureau del Reino Unido apunta que uno de cada cuatro adolescentes viviendo en precariedad energética está en riesgo de sufrir problemas de salud mental (en el total de población adolescente la proporción es 1 de cada 20).

No debemos desestimar tampoco los impactos de la precariedad energética en la dimensión educativa, que se traducen en absentismo debido a la recurrencia de enfermedades, falta de concentración, dificultades de estudio en casa, posibles situaciones de bullying, estigma o falta de descanso nocturno.

Finalmente, hay que considerar los impactos sobre la seguridad de niños y niñas derivados de conexiones irregulares a los suministros. En 2014 cuatro menores perdían la vida en el municipio del Vendrell (Barcelona) en una vivienda precaria de la que habían sido desahuciados por Bankia y que habían ocupado posteriormente pinchando el suministro de la luz.  El 2016, los bomberos de la UGT alertaban sobre el incremento de incendios y los riesgos eléctricos derivados de instalaciones defectuosas, de acometidas sin las protecciones adecuadas, de sobrecargas de instalaciones y de electrocuciones.

El acceso a la energía es imprescindible para la dignidad humana y desde la perspectiva  del interés superior de la infancia se tendría que garantizar automáticamente un suministro seguro para estos hogares. Existe un discurso fuertemente criminalizador hacia estas familias, generado en base a algunas falsedades alrededor de los suministros pinchados. La realidad es que los datos demuestran que sólo un 1% de lo que las compañías denominan “fraude eléctrico” proviene de las familias vulnerables y que la mayoría de familias en situación de ocupación querrían regularizar el suministro y pagar el servicio.

Es imprescindible comprender que, dadas las necesidades energéticas que implican las tareas de cuidado y sostenimiento de la vida, especialmente presentes y necesarias en el día a día de niños y niñas, las familias buscarán la manera de proveerse de servicios energéticos aunque sean inseguros y es urgente revertir esta situación.

Vistas las consecuencias que puede tener para los menores vivir en precariedad energética, hay que emprender medidas transversales para combatir esta situación. Desde entidades como Enginyeria sense Fronteres y la Alianza contra la Pobreza Energética proponemos ampliar la detección de situaciones de riesgo, puesto que muchas familias quedan fuera de los circuitos oficiales: sugerimos, por ejemplo, una propuesta de protocolo de detección en centros educativos. También es necesario  establecer ayudas dirigidas a la infancia y adolescencia que no paternalicen a las familias y que combatan las situaciones de vulnerabilidad severa desde una perspectiva de justicia social. Las asignaciones universales por hijo/a han probado ser efectivas en otros países europeos – Alemania, Austria, Bélgica, Reino Unido, etc.- para disminuir el riesgo de pobreza en hogares con menores a cargo. 

Si desde la perspectiva de los derecho de la infancia proporcionamos educación y sanidad, y la precariedad energética vulnera ambas, porque no deberíamos pensar en una habitabilidad digna que incluya agua y energía suficientes para no comprometer su salud física y mental? De qué manera esperamos que funcione la igualdad de oportunidades si dentro de las provisiones básicas a la infancia no estamos incorporando los suministros básicos y la seguridad residencial?

Hay que romper con la mirada de que la infancia es un tránsito a la edad adulta y no un colectivo con derechos específicos. Es necesario asegurar la participación activa de la infancia en la definición de políticas públicas. Es urgente, también, que como sociedad abandonemos posturas individualistas que vinculan la suerte de los niños a las condiciones materiales de las persones adultas con quienes conviven y asumamos colectivamente el reto de la igualdad de oportunidades real. 

El principio de interés superior de la infancia es el conjunto de acciones y procesos que deben garantizar un desarrollo integral y una vida digna al menor, así como las condiciones materiales y efectivas para el máximo bienestar posible. Por lo tanto, no sólo implica acciones relacionadas con la custodia de menores en casos de violencia, maltrato o desatención, sino también velar por los derechos económicos, sociales y culturales de nuestros niños, niñas y jóvenes para garantizarles la posibilidad real de escoger un futuro.

Finalmente, tenemos que tener con cuenta que el bienestar la infancia está muy vinculado al propio bienestar de las persones adultas con las que conviven. Se trata, por lo tanto, de adoptar medidas específicas para la infancia pero también hay que actuar sobre el problema de manera global. Es necesario sacar el foco de la precariedad energética de la capacidad económica de los hogares y abordar sus causas estructurales: precios abusivos, opacidad en los costes de las facturas, mal estado de las viviendas, falta de mantenimiento de las redes de distribución y una gestión orientada a maximizar el beneficio económico de las compañías en lugar de asegurar los derechos energéticos de la población. Porque el primer paso debe ser empezar a hablar de derechos energéticos y cuestionarnos la mercantilización de servicios tan esenciales para la vida como son los suministros básicos.  Por lo tanto, es necesario establecer protocolos para aumentar la detección y generar políticas que contrarresten los impactos de la precariedad energética sobre niños y niñas pero también impulsar una ciudadanía activa durante la infancia que cuestione y exija sus derechos energéticos para una vida digna.

 

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