Carta de la Red de Agua Pública (RAP) al Presidente del Gobierno

Madrid, 19 de noviembre de 2021

Estimado Presidente Pedro Sánchez Pérez-Castejón:

Cuando en su discurso de investidura del 4 de enero de 2020 usted afirmó, en el marco de la transición ecológica y el medio ambiente, su determinación de consagrar el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil, las organizaciones ciudadanas que reivindicamos estos planteamientos, constatamos un posicionamiento diáfano por su parte, en tanto que supuso una declaración pública de voluntad política para avanzar en el reconocimiento e implementación del derecho humano al agua y al saneamiento en esta legislatura. Esta percepción se vio refrendada posteriormente en el marco de la crisis sanitaria del COVID 19, cuando mediante sucesivos decretos ley se ha configurado un escudo social a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad, que incorpora la garantía de suministro de los servicios básicos de agua, luz y gas, así como la prohibición de realizar cortes.

Hemos percibido una sensibilidad positiva de su gobierno con estos temas. Por esto nos ha sorprendido muy negativamente que, por intermedio de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia dependiente directamente de Presidencia de Gobierno, se haya organizado en Alicante los días 22 y 23 de noviembre, unos diálogos sobre el futuro del agua en España sin que se haya contado con la participación activa de la ciudadanía, ni en su organización ni en la composición de los talleres previstos en esta iniciativa. Comprobamos que todo el debate estará hegemonizado por representantes de los intereses privados del agua, por lo que un acto de diálogo como el que se ha programado estará desgraciadamente sesgado hacia los planteamientos que defienden la privatización del agua y reivindican abiertamente su carácter mercantil. Se perderá así una oportunidad única para analizar, en el contexto del futuro del agua, la consideración del derecho humano al agua y al saneamiento como uno de los retos más relevantes que se deben encarar. Por la composición mayoritaria de los talleres, se omitirán debates relevantes como son los de la privatización y financiarización del agua y los riesgos que suponen para el disfrute de los derechos humanos al agua y al saneamiento, tal como han puesto en evidencia Leo Heller y Pedro Arrojo, relatores especiales de Naciones Unidas sobre estos derechos en sendos informes temáticos presentados ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Por último, queríamos incidir en la necesaria participación ciudadana en este tipo de iniciativas; pero debe realizarse en un marco de una participación activa en los temas clave, y no limitarla, como se ha previsto en el acto, a una mera consulta sobre aspectos relativamente secundarios.

Sirva, pues, esta comunicación para transmitirle nuestro profundo malestar con la forma en la que se ha organizado los diálogos sobre el futuro del agua en España, en los que, como ya mencionamos, la Oficina de Prospectiva ha jugado un papel preponderante. Entendemos que, como está prevista, omitirá cuestiones estratégicas muy relevantes y reforzará la visión mercantil del agua.

Cordialmente

Comisión de Coordinación de la Red Agua Pública

(Integrada por AEOPAS, Aigua és Vida, Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana, Attac, Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, Fundación Nueva Cultura del Agua, Marea Azul del Sur, Plataforma ciudadana por la defensa del agua pública en Asturies, Plataforma de Bizkaia Ur Publikoa, Red Agua Pública de Aragón, Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y Xarxa Valenciana per l´aigua pública)

Nueva encuesta sobre vivienda, suministros y salud. ¿Nos ayudas?

Te necesitamos para llevar a cabo el nuevo estudio sobre el estado de exclusión social en Cataluña para visibilizar la vulneración del derecho a la vivienda y a la energía y sus efectos en la salud.

¿Tienes problemas para pagar tu vivienda?

¿Tienes orden de desahucio o has sufrido alguno?

¿Estás ocupando una vivienda porque no has podido acceder a un alquiler?

¿Has tenido algún corte de agua, luz o gas o tienes deudas con las suministradoras?

¿Toda esta situación te está afectando a tu salud?

Si es así te pedimos que rellenes la siguiente #EncuestaViviendaYSalud: https://bit.ly/EncuestaViviendaYSalud

La PAH de Barcelona, la Alianza contra la Pobreza Energética, el Observatori DESC, Enginyeria Sense Fronteres y la Agencia de Salud pública de Barcelona estamos elaborando un nuevo informe sobre el estado de exclusión social en Cataluña y el impacto que tiene sobre las personas vulnerables la Ley 24/2015 contra los desahucios y los cortes. Si es conocida o no, y lo más importante: qué efectos tiene en las familias que están en riesgo de perder su vivienda.

Con los datos de la encuesta, tratados de manera anónima, evaluaremos y pondremos luz a aquello que los bancos, fondos de inversión y suministradoras quieren invisibilizar: la vulneración del derecho a la vivienda y a la energía y sus efectos en la salud.

Gracias de antemano por responder la encuesta, no te ocupará más de 10 minutos. Y si conoces a alguien que se encuentre en esta situación, compártela. ¡La información es poder, distribuyámosla!

https://bit.ly/EncuestaViviendaYSalud

A lo largo de los últimos años hemos realizado diferentes informes aportando datos propios cuantitativos y cualitativos para profundizar en la problemática de la pérdida de la vivienda, el acceso a los suministros y las consecuencias en la salud con el objetivo de visibilizar los efectos de la grave situación habitacional existente y aportando toda una serie de recomendaciones para los diferentes niveles de la Administración pública, orientadas a abordar la problemática:

¡Gracias por tu implicación!

Desde el pasado mes de abril, los precios de la electricidad han subido hasta alcanzar máximos históricos que han sido superados una y otra vez. Además, los mercados de futuro auguran un invierno con mayores subidas de las que ya estamos padeciendo.

El carácter sistémico del precio de la electricidad afecta de manera directa a bienes y servicios de todos los sectores, incluidos los productos de primera necesidad. La subida del precio de la luz impacta a toda la ciudadanía, pero lo hace de forma desigual, en función de la clase social, el género u otros factores, como la pertenencia a algún colectivo racializado.

Desde la sociedad civil hacemos un llamamiento al Gobierno, responsable de la protección de los derechos de todas las personas, para que lleve a cabo las reformas legislativas necesarias con el fin de garantizar a la ciudadanía los siguientes cinco puntos básicos:

1. NO A LOS CORTES DE SUMINISTROS BÁSICOS
Reclamamos al Gobierno que cumpla con los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 y desarrolle el principio de precaución, entendido como la obligación de las empresas suministradoras de consultar a los Servicios Sociales sobre la situación de las familias antes de efectuar cualquier corte de luz, agua o gas y a garantizarles el suministro, en caso de que se encuentren en situación de vulnerabilidad, hasta que no cese tal situación, con independencia del tiempo que transcurra.

El grado de protección que ofrece el llamado “mínimo vital eléctrico”, aprobado por el Gobierno en septiembre de 2021, está lejos del nivel de protección que garantizaría el principio de precaución, pues solo afecta al suministro eléctrico (no a los otros suministros esenciales) y limita a un plazo de 10 meses la prohibición de cortes, sin atender a la situación de las personas transcurrido ese plazo.

Igualmente, ante la escalada de los precios que está empobreciendo a muchas familias, especialmente a las regentadas por mujeres, es imprescindible redefinir y ampliar el concepto de vulnerabilidad.

Mientras estas propuestas no sean desarrolladas, reivindicamos que se prorrogue la moratoria de cortes incluida en el escudo social, aprobado en el contexto de pandemia. Pese a que esta medida es un parche temporal, es lo mínimo imprescindible para hacer frente a las necesidades más urgentes.

2. TARIFAS JUSTAS PARA TODAS LAS PERSONAS
El acceso a un nivel mínimo de suministros básicos, como el agua y la energía, es fundamental para garantizar los derechos más básicos de las personas. Sin embargo, la falta de medidas permite que estos bienes sigan siendo considerados exclusivamente como productos de mercado, lo que pone en serio riesgo el derecho a la salud, la higiene o a una alimentación adecuada.

Con el fin de garantizar unas condiciones de vida dignas en todos los hogares, los suministros básicos deberían estar asegurados a un precio asequible y, en cualquier caso, la tarifa debería ser progresiva en función de los ingresos de los hogares y adaptada a las realidades y necesidades particulares, en especial, de las personas más vulnerables.

Medidas como el bono social son parches que no alcanzan a proteger a todas las personas que padecen pobreza energética. En la actualidad, el bono social únicamente alcanza a algo más de un millón de personas, mientras el Instituto Nacional de Estadística (INE) advierte que un 26,4 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

3. VIVIENDAS QUE NO MALGASTEN ENERGÍA Y DINERO
Frente a la emergencia climática, es necesario ahondar en medidas que permitan ahorrar energía en los edificios y garantizar unas condiciones adecuadas en los hogares. Cabe recordar que los actores sociales con mayor capacidad económica son los que tienen un mayor impacto climático. En cambio, las poblaciones más vulnerables son las que reciben en mayor medida las consecuencias de esta degradación climática.

Reclamamos que se amplíen los fondos destinados a la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de los edificios, priorizando las actuaciones y ayudas en las comunidades más vulnerables, donde las viviendas son más ineficientes energéticamente y las personas disponen de menos capacidad económica para reformarlas. Asimismo, es importante asegurar que el acceso a estos recursos sea sencillo y que las personas puedan recibir acompañamiento para solicitarlos.

4. UN SISTEMA ELÉCTRICO DEMOCRÁTICO, CIUDADANO Y AMBIENTALMENTE JUSTO
Actualmente, el sistema de fijación de precios de la energía se basa en los principios de la economía liberal, cuyo objetivo es aumentar exponencialmente los beneficios económicos de las empresas. El oligopolio energético (Endesa, Iberdrola y Naturgy), que controla gran parte de la producción, transporte y distribución de la electricidad, tiene una gran capacidad de influencia en el sistema de fijación de precios.

Ante esta situación, es crucial disputar el poder al oligopolio para avanzar hacia un modelo controlado por la ciudadanía, en el que cada tecnología tenga un precio acorde a sus costes reales, y que no esté subordinado a un sistema mercantil construido para rentabilizar las inversiones de unas minorías sociales. El suministro eléctrico se ha convertido en un negocio muy rentable, pero debería ser considerado un servicio público, como lo fue en el pasado, gestionado por entidades a disposición del bien común (empresas públicas, cooperativas, etc).

Mostramos nuestro rechazo a la campaña que el oligopolio está realizando contra la tarifa PVPC del mercado regulado, empujando a la ciudadanía hacia otras tarifas que excluyen a las personas vulnerables de determinados derechos, como el acceso al bono social. Estas estrategias, además de dar beneficio extra a las compañías, pueden dejar fuera de juego a las comercializadoras independientes, como las cooperativas.

Las multinacionales también cuentan con instrumentos para proteger sus inversiones en el sector energético y demandar a los Estados ante tribunales privados cuando consideran que han legislado en contra de sus intereses económicos.
La implementación de medidas encaminadas a reducir el precio de la electricidad y asegurar el acceso a la energía de toda la población del Estado Español puede dar lugar a demandas millonarias bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), como ya ha ocurrido en algunos países de Europa del este. Para garantizar un sistema energético justo y democrático que no deje a miles de personas en situación de vulnerabilidad, también es crucial abandonar el TCE de inmediato.

5. HOGARES Y COMUNIDADES QUE GENEREN LA ELECTRICIDAD QUE UTILIZAN
Es crucial apostar por el autoconsumo, las comunidades energéticas y las cooperativas, por la inversión pública y local, por una transición energética con soberanía ciudadana, también en el sector doméstico. Está demostrado que la energía comunitaria es una herramienta que contribuye a reducir la pobreza energética y el consumo. El Estado español tiene la obligación legal de crear marcos jurídicos para asegurar que se cumpla el derecho de la ciudadanía y las comunidades a producir, almacenar, consumir y vender su propia energía renovable.

La actual subida del precio de la luz está estrechamente vinculada con la crisis de escasez de recursos fósiles, que está provocando una escalada del precio del gas a nivel mundial. Para abordar la crisis climática y social que atravesamos, es fundamental emprender de forma inmediata una transición energética democrática, ambiental y socialmente justa, con un nuevo marco de fuentes de energía renovable accesibles para todos los hogares.

¡El 28 de octubre, salgamos todas y todos a la calle!

Adhiérete al manifiesto a través de este formulario

Ecologistas en Acción, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Greenpeace, Coordinadora cde Pensionistas de Madrid, Federación regional de asociaciones vecinales de Madrid, Coordinadora de Vivienda de Madrid, Fridays For Future Madrid, Amigos de la Tierra, Campaña Estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión, Feministas por el Clima, Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras, Xarxa per la Sobirania Energètica, Yayoflautas Madrid, Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, CGT, Anticapitalistas Madrid, Movimiento Ibérico Antinuclear, No Más Precariedad, Plataforma de Pensionistas de Móstoles, Sindicat de Llogateres, Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Miles de familias temen sufrir cortes de agua, luz y gas con el fin de la moratoria de suministros a partir del 9 de agosto

El Gobierno aún no ha clarificado si ampliará la prohibición de cortes a hogares vulnerabilizados
Con los precios más altos de la historia, la Ministra Ribera tiene en su mano no dejar totalmente desprotegidas a miles de familias.

Barcelona, 28 de julio de 2021

Se avecina la tormenta perfecta en pleno agosto: coincidiendo con unas semanas en las cuales los precios de la energía eléctrica han batido récords históricos, el día 9 del próximo mes finaliza el plazo de la moratoria de cortes de suministro a hogares vulnerabilizados. A fecha de hoy, el Gobierno no ha informado si extenderá la prohibición de interrupciones más allá de ese día. A menos de dos semanas de esa posibilidad, las entidades sociales y los colectivos que luchamos por garantizar los servicios esenciales a toda la población exigimos al Presidente Sánchez y a la Ministra Ribera que prorroguen la protección contra los cortes de suministros básicos.

En este sentido, el Gobierno ya nos tiene acostumbrados a dilatar hasta la última semana la aprobación de las diferentes prórrogas del llamado “escudo social”. Este hecho causa gran angustia a todas las familias vulnerabilizadas que no saben si seguirán protegidas ante los cortes o no. La moratoria vigente se incluyó en el Real Decreto-ley 8/2021, publicado en el BOE sólo cuatro días antes del fin de la anterior. La medida, que comprende los suministros de agua, luz y gas, operará hasta el 9 agosto inclusive, si el Gobierno no lo enmienda.

A partir de entonces, si no se aprueba una ampliación de la misma, las familias volverían a quedar a expensas de las compañías suministradoras y, bajo la literalidad del texto (que suspende los plazos para los cortes, pero no pone el contador a cero), los cortes se podrían producir desde el mismo día 10 de agosto.

Cabe recordar que la moratoria ante los cortes de suministros se aprobó con motivo de la situación de especial vulnerabilidad que causó la emergencia de la COVID-19. A día de hoy, la pandemia, lejos de estar atajada, vive una quinta ola que tiene en vilo no solo a miles de familias, sino también a la capacidad de la sanidad pública para hacerle frente. En solo un mes, se han sumado a las estadísticas globales medio millón más de infectados, los hospitalizados han pasado de 2.300 a prácticamente 8.000, el porcentaje de camas que ocupan en los centros sanitarios de menos del 2 % a casi el 7 % y los ingresados en las UCI se doblaron. Esta crisis sanitaria ha tenido como consecuencia una crisis social de forma que durante el primer año de la pandemia el porcentaje de población en situación de carencia material severa pasó del 4,7 a un 7% mientras que las personas que admitieron no poder mantener su hogar a una temperatura adecuada se incrementó del 7,6 al 10,9%. Esta tendencia se ha agudizado durante 2021 de forma que en la actualidad las familias que no pueden afrontar el coste de los suministros del hogar representan una parte muy relevante de la población española a pesar de que el número de beneficiarios del bono social sigue en cifras que no corresponden con las necesidades reales de la población más vulnerabilizada: 1.110.211 de beneficiarios del bono social en marzo de 2021.

Además, por si no fuera suficiente, nos encontramos en el caso de la electricidad en una burbuja de precios del mercado mayorista, que el pasado 21 de julio situó el MWh en 106,57€, récord histórico. Esta situación ha obligado a la Ministra Teresa Ribera a tomar medidas temporales, como la rebaja del IVA en la factura o la suspensión del impuesto a la generación.

Se puede caer en la trampa de pensar que la pobreza energética se sufre sólo en invierno y que en esta época del año esta problemática disminuye. Nada más lejos de la realidad. Mantener una temperatura adecuada en casa es imprescindible también en verano y las necesidades básicas como ducharse o cocinar no dependen de la estación del año. De hecho, el consumo energético aumenta en verano en determinadas zonas climáticas, especialmente en periodos de olas de calor, cada vez más frecuentes. Según el informe Estimaciones de la mortalidad atribuible a excesos de temperatura en España, en el verano de 2020 hubo 1.875 defunciones atribuibles al exceso de temperatura a nivel estatal. Un 56 % se produjo en agosto y un 90 % del exceso de mortalidad se concentró en las personas mayores de 74 años.

En este contexto, como venimos haciendo desde el pasado mes de diciembre, las diferentes entidades sociales y colectivos, exigimos una prórroga de la moratoria de cortes hasta que no se produzcan cambios estructurales en la actual normativa de protección de las familias vulnerabilizadas en materia de suministros básicos. Entre estos cambios, reclamamos:

Principio de precaución que obligue a las empresas suministradoras a consultar a los Servicios Sociales sobre la situación de la familia antes de cualquier corte y a garantizar el suministro si se produce una situación de vulnerabilidad.
Redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que entre otras cuestiones comprenda los tres suministros e incremente los límites de renta, para responder a la realidad social de la ciudadanía. El Gobierno debe empezar a estudiar en este sentido la posible implementación de una tarifa social o mínimo vital para los suministros básicos esenciales.
Periodo de carencia sin cortes en todo el ámbito doméstico mientras las anteriores medidas no se implementen.
Costes de la pobreza energética asumidos por las empresas. Las facturas impagadas que se deriven de la aplicación del principio de precaución se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100 % por las propias compañías de todos los segmentos implicados.
En el caso de empresas suministradoras de energía, cierre de convenios con las compañías suministradoras para sufragar las facturas impagadas por familias vulnerabilizadas desde el inicio de la pandemia y hasta que no se implementen las medidas definitivas.
Que se incorpore a la legislación al más alto nivel el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. Concretar en la normativa y reconocer por ley un mínimo vital de agua, para que todo el mundo tenga el mínimo de agua disponible para beber, cocinar y para la higiene básica.

Una vez más, el Gobierno tiene en su mano evitar un tsunami de cortes en pleno agosto. Las entidades y colectivos lo tenemos claro: ampliemos la moratoria hasta que se produzca una reforma estructural del actual sistema y protejamos a los hogares vulnerabilizados en plena quinta ola y escenario de escalada de precios de la electricidad.

I es va fer la llum. Un història sobre pobresa energètica en la infància

I es va fer la llum és un conte inspirat en les famílies de l’Aliança contra la Pobresa Energètica i el testimoniatge de la infància de la Cañada Real, que ara fa un any que viuen sense llum. És un conte il·lustrat per Ivonne Navarro Varas que pretén aportar un petit gra de sorra per superar aquesta injustícia de manera col·lectiva.

Amb un llenguatge senzill alhora que contundent, és el conte ideal per a que en àmbits educatius es puguin acompanyar aquestes situacions i, alhora, enfortir les xarxes de suport que volen revertir aquesta situació.

Versió en català

Versió en Castellà

Presentem en castellà l’ESFeres 15: Com garantir l’assequibilitat del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament mitjançant les tarifes

Aquest estudi pretén analitzar en una petita mostra de municipis si l’estructura tarifària i el preu que els habitants d’aquestes localitats paguen per la factura de l’aigua permet el compliment de la garantia del dret humà a l’aigua. Per això es considera tant l’estructura tarifària i els preus aplicats de forma general, com l’existència de mesures a aplicar en casos de dificultats econòmiques.

La traducció al castellà ha estat possible gràcies a la col·laboració amb l’AECID i Mundubat.

Descarrega ESFeres 15: Com garantir l’assequibilitat del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament mitjançant les tarifes en castellà aquí.

També el trobaràs en català aquí.

Aquestes festes juga amb ESF!

Sabem que aquest any 2020 no ha estat pas un any fàcil, molts dels reptes que ens havíem marcat els hem hagut d’adaptar. El que imaginàvem que seria el 2020 finalment ha estat completament diferent.

Gràcies al compromís dels socis i sòcies, a la implicació del voluntariat i al suport dels finançadors aquest any hem pogut tirar endavant projectes i campanyes per seguir reforçant la nostra tasca vers la justícia social i el dret a l’aigua pública i l’energia.

Per tot això aquestes festes volem compartir amb totes vosaltres el Joc de Memòria que ha preparat el Grup El Salvador d’ESF. Un joc pels més petits però també pels més grans on a més de la diversió i l’agilitat mental també hi trobareu informació molt important pel que respecta el Dret Humà a l’aigua i en concret a El Salvador.

Quina és la quantitat mínima per garantir les necessitats més bàsiques d’aigua per persona i per dia? Sabies que l’agricultura extensiva contribueix a la degradació del sòl i facilitar les inundacions? Totes aquestes preguntes i respostes les trobareu en el Joc de memòria de El Salvador!

Us convidem a jugar-hi aquestes festes i a compartir-ho amb amics i familiars! Juntes treballem per garantir el Dret Humà a l’Aigua!

Juga en aquest enllaç!

La RAP denuncia les pressions del lobby privat dels serveis de l’aigua per manipular l’actual crisi sanitària per afavorir els interessos empresarials i dóna suport a la gestió pública de l’aigua

En plena crisi sanitària, es posa de manifest la importància de l’aigua, pel que fa a la seva disponibilitat és fonamental per a la vida, la higiene personal i domèstica i, en conseqüència, per a la salut.

La Red de Agua Pública (RAP) reclama suport a ajuntaments i operadors públics en el seu compromís amb la defensa del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament, i denuncia la justificació de talls de subministraments i que els lobby privat dels operadors dels serveis d’aigua promoguin modificacions legislatives per a mantenir els seus beneficis.

La RAP posa de manifest la necessitat de promoure i acometre la remunicipalització dels serveis privatitzats per a prioritzar la funció social i ambiental de l’aigua.

La RAP rebutja i qualifica d’egoista, insolidària i mesquina l’actitud del sector privat que ha sol·licitat al govern reprendre els talls d’aigua i ampliar la duració de les seves concessions. El passat 3 d’abril, el president de l’Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) va trametre una carta dirigida al govern on s’argumenta, sense aportar dades ni considerar que les mesures dels decrets llei emesos en relació al subministrament d’aigua són circumstancials mentre es mantingui la pandèmia, que, per a mantenir la sostenibilitat del servei, és necessari poder realitzar talls en el subministrament perquè, en cas contrari, s’augmentarà la morositat a molt curt termini produint un dèficit financer estructural. També plantegen la necessitat de modificar la durada dels contractes concessionals per a poder assumir les pèrdues ocasionades per la disminució del consum que creuen que es produirà per la crisi sanitària; és a dir, aprofiten la crisi sanitària per a demanar modificacions legislatives, que afecten a la Llei de Contractes del Sector Públic, no avalades per dades sinó només per expectatives, evadint la transferència de riscos que està implícita en els contractes de concessió.

AGA, que conjuntament amb la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), conformen el lobby defensor dels interessos de les empreses privades de l’aigua a l’Estat espanyol, no ha dubtat en aplicar la doctrina del shock, aprofitant la situació actual de crisi sanitària, per intentar treure profit per als seus interessos empresarials.

El 17 i 31 de Març, el govern va aprovar ambdós decrets llei on es concretaven mesures extraordinàries en l’àmbit econòmic i social per a fer front a la crisi sanitària motivada pel coronavius, i específicament les destinades a garantir, en aquest context, el subministrament dels serveis públics d’aigua. En el primer decret llei (8/2020), se establia, l’obligació de garantir l’accés a l’aigua als col·lectius amb la condició de vulnerables, vulnerables severs o en risc d’exclusió social, mentre es mantingui l’estat d’alarma, atès que la condició de vulnerabilitat és previsible que s’ampliï substancialment.

Aquestes mesures són coherents amb el Dret Humà a l’aigua, que estableix l’obligació de disposar d’un subministrament continu i la prohibició de talls per motius de vulnerabilitat econòmica o social. A més, en plena crisi sanitària, es posa de manifest la importància de l’aigua, pel que fa a la seva disponibilitat és fonamental per a la vida, la higiene personal i domèstica i, en conseqüència, per a la salut.

Al contrari que el sector privat, els operadors públics d’aigua han garantit el subministrament en les condicions establertes en ambdós decrets llei avançant-se, fins i tot, a la seva aplicació a l’assumir les obligacions del Dret Humà a l’aigua de respectar-lo, protegir-lo i acomplir-lo.

En el context de crisi sanitària, i davant l’actitud d’AGA, la RAP reivindica els punts següents:

Suprimir les vigents limitacions i condicionalitats a la gestió i finançament públic dels serveis d’aigua previstos en la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, com a pas previ a la seva derogació. Establir nous enfocs i línies de finançament que afavoreixin la gestió pública d’aquests serveis públics essencials vinculats a Drets Humans.

Dotar de finançament suficient a tots els serveis públics, en particular la sanitat i els serveis d’aigua, intrínsecament relacionats al tenir ambdós la consideració de Drets Humans i, com es posa contínuament en evidència durant la pandèmia, ser garants del manteniment de la salut humana.

Facilitar processos de remunicipalització que assumeixin la gestió no lucrativa, pública, transparent i amb rendició de comptes d’acord amb el paradigma definit pel marc conceptual del Dret Humà a l’Aigua.

Després de 10 anys del reconeixement del Dret Humà a l’aigua per part de l’Assemblea General de les Nacions Unides, és necessari reconèixer-lo i regular-lo formalment, amb l’objectiu que no es manipuli el seu abast i contingut en relació amb els seus criteris i principis definitoris, i específicament els relatius a la no discriminació, universalitat, assequibilitat i disponibilitat, com l’expressa prohibició de talls de subministrament.

22 d’abril de 2020

Red Agua Pública (RAP), és un espais que aglutina a desenes de plataformes, organitzacions socials, ambientals, sindicals i polítiques de l’Estat espanyol – a Catalunya tots els grups, organitzacions, xarxes i plataformes que formen Aigua és Vida-, que promouen una visió de l’aigua com un bé comú i un servei públic, i que lluiten per la gestió pública de l’aigua, sense ànim de lucre, transparent i participativa dels serveis d’abastament i sanejament.

https://redaguapublica.wordpress.com

https://www.aiguaesvida.org/

Para vencer el coronavirus hay que garantizar el de Derecho Humano al Agua y al Saneamiento

La Red Agua Pública (RAP) denuncia las condiciones de hacinamiento e insalubridad imperantes en los asentamientos informales de varios territorios como Huelva, Sevilla, Madrid, Almería o Murcia donde no se garantiza la vida digna, la higiene y la salud, conculcándose los derechos humanos al agua y al saneamiento.
La RAP apoya la denuncia de la Mesa Social del Agua de Andalucía sobre las condiciones de vida en los asentamientos de trabajadores de los invernaderos de Huelva, donde malviven cerca de 5.000 personas, que pueden convertirse en sitios vulnerables para la propagación del coronavirus.
Ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, ahora más que nunca, es urgente poner en marcha las medidas necesarias para garantizar el acceso al agua y al saneamiento en los asentamientos precarios, chabolistas e infraviviendas.

En las últimas semanas diversas redes y organizaciones ciudadanas, como la Mesa Social del Agua de Andalucía, han denunciado las condiciones de vida de las personas alojadas en asentamientos precarios de los invernaderos de Huelva, donde malviven cerca de 5.000 personas. Este escenario de marginación de grupos sociales y étnicos se da en otras zonas y territorios, como Almería, Sevilla, Murcia o Madrid, donde no se garantiza el acceso al agua potable ni a sistemas de saneamiento adecuados, dando lugar a condiciones de insalubridad, elevando el riesgo sanitario e incumpliendo flagrantemente los derechos humanos al agua y al saneamiento. Precisamente esta situación alarmó a Philip Alston, actual Relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, quién, durante su reciente visita a España en enero y febrero de 2020, denunció que las condiciones de vida de los trabajadores que habitan en los asentamientos de algunas zonas de Estado “rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo”.

Con la actual crisis sanitaria del coronavirus, las condiciones sociales y materiales en estos asentamientos se han agravado de forma radical, ya que si bien en situaciones normales la ausencia de acceso directo al agua potable, a una red de saneamiento, a la recogida de basuras y a energía crean condiciones de elevados riesgos para la salud, estos se multiplican cuando hay una emergencia sanitaria como la del coronavirus. En estos contextos no se pueden seguir las mínimas medidas de higiene recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio, como es lavarse las manos con frecuencia y desinfectarse con agua y jabón. Tampoco la distancia social es posible en unas infraviviendas minúsculas donde no es posible el aislamiento personal dadas las condiciones de hacinamiento insalubre que imperan; por otro lado, las personas que viven en estas condiciones tienen sistemas inmunitarios debilitados por la mala alimentación y las condiciones insalubres que los hace más vulnerables al contagio y la enfermedad.

Es urgente poner en marcha las medidas necesarias para garantizar el acceso al agua y al saneamiento en los asentamientos precarios, chabolistas e infraviviendas. Los ayuntamientos son los titulares de los servicios de abastecimiento y saneamiento y, por tanto, los que tienen que garantizar los derechos humanos asociados; es fundamental que asuman consecuentemente las obligaciones establecidas de respetarlos, cumplirlos y protegerlos.

En la actual situación de alarma sanitaria por coronavirus, los gobiernos municipales donde existan este tipo de asentamientos precarios deben coordinarse con el Ministerio de Sanidad para que, como autoridad competente tal como establece el Real Decreto 463/2020, tome con carácter de urgencia las medidas para resolver las carencias detectadas.

Tras la finalización del estado de alarma, será el momento en que las administraciones locales, en consecuencia con sus responsabilidades y competencias, aborden planes para la eliminación de las infraviviendas facilitando alojamiento con los servicios básicos esenciales para una vida digna.

Red Agua Pública (RAP), es un espacio que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas del Estado español que promueven una visión del agua como bien común y servicio público, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento.

Proponemos medidas al gobierno para que la aplicación móvil COVID-19 respete nuestra privacidad

El BOE del pasado sábado 28 de marzo anunciaba que el gobierno central encargaba de manera urgente el desarrollo de una aplicación informática móvil para el apoyo a la gestión de la crisis sanitaria que atravesamos. Desde Ingeniería Sin Fronteras consideramos imprescindible que esta medida incorpore garantías de protección de los derechos fundamentales de privacidad de la ciudadanía y para ello proponemos diversas medidas, como la liberación del código fuente de tales aplicaciones.

El BOE número 86 del pasado sábado 28 de marzo recogía en su disposición 4162 (BOE-A-2020-4162), resolución primera, la encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de “el desarrollo urgente y operación de una aplicación informática para el apoyo en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”. Según la publicación oficial, tal aplicación permitiría realizar una autoevaluación en base a los síntomas sobre la probabilidad de que esté infectado por el COVID-19, proporcionando información adicional e indicando acciones a seguir. Además de lo anterior, la aplicación permitiría la geolocalización a los solos efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar. Para tal desarrollo, la Secretaría General de Administración Digital queda habilitada para recurrir a otros encargados.

En una segunda resolución, el boletín anuncia que se va a contar con información real sobre la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento. El objetivo que se establece es entender los desplazamientos de la población para comprobar el dimensionamiento de servicios sanitarios de cada provincia. En este caso se especifica que tal tratamiento de datos se someterá al Reglamento General de Protección de Datos

Ante el contenido publicado, mostramos nuestra preocupación por cómo serán gestionados los datos requeridos por la aplicación, si estos serán almacenados en un fichero de datos, y si serán puestos o no a disposición de terceros. Tal preocupación esta basada en las siguientes consideraciones:

La aplicación manejará datos relativos a la salud, que están considerados como datos sensibles en el Reglamento General de Protección de Datos, y como tales se les han de aplicar medidas de protección adicional.
La externalización a terceros del desarrollo de la aplicación no detalla si los datos quedarán o no a disposición de la empresa o entidad que desarrolle la aplicación, siéndo ésta una práctica habitual bastante implantada en la industria tecnológica.
No se arbitran medidas para la publicación del código fuente de la aplicacíón. Esta medida permitiría auditar el funcionamiento de la aplicación y dotaría de total transparencia a la iniciativa, y no menoscabaría en absoluto la consecución de los objetivos de la misma.

Basándonos en lo anterior, desde Ingeniería Sin Fronteras proponemos los siguientes puntos de mejora para garantizar la transparencia de la medida y la privacidad de la ciudadanía:

La publicación código fuente de los sistemas desarrollados, bajo una licencia libre avalada por la Free Software Foundation. El código, documentación y el desarrollo deberían estar disponibles en un repositorio público, tal y como se ha llevado a cabo en la República Checa, siguiendo las directrices marcadas por la FSFE en su campaña “Public Money, Public Code”. El software creado con dinero público ha de licenciarse como libre para que quede disponible para futuros desarrollos y también para prevenir una posterior apropiación privada con fines lucrativos. Ésta es a la vez una medida de transparencia y propicia el análisis y solución de posibles vulnerabilidades, facilitando así la realización de auditoras de seguridad.
La garantía de que los datos serán tratados de manera agregada (nunca indiviudalizados) y desasociados de los datos personales. Poderes extraordinarios requieren medidas de protección extraordinarias.
La liberalización, una vez aplicadas las medidas anteriores, de los datos obtenidos, integrándolos en plataformas abiertas de datos.
La no cesión a terceros de los datos, en especial a iniciativas privadas (participantes o no del desarrollo), con fines lucrativos.

Hasta este momento la postura del gobierno no es clara. Según el BOE 86, parece que seguirá apoyando un modelo híbrido, proponiendo el desarrollo de aplicaciones para la ciudadanía sin dejar claro si serán usadas para un control de la población. Este tipo de sistemas ponen en riesgo el nuestro derecho a la privacidad.

Estas actuaciones no se han llevado a cabo solamente en España, en otros países como Singapur o China los gobiernos han optado por crear sistemas que de trazabilidad que permiten conocer la localización de las personas en cada momento.

En una visión global, la aplicación de la tecnología para combatir la situación de pandemia ha seguido dos direcciones. Una de ellas es usar la tecnología como medio de comunicación y transparencia. Algunos gobiernos como el de la comunidad Autónoma Andaluza tienen aplicaciones para dar información y comunicarse con la ciudadanía. El otro camino tomado nos acerca peligrosamente al uso de la tecnología como una herramienta de control. La tecnología ha de estar al servicio del desarrollo humano, y para ello ha de fomentar la transparencia garantizando la confidencialidad de los datos de la ciudadanía.

Por otro lado, estamos atravesando una época donde el negocio de los datos ha supuesto que las grandes compañías de internet asuman la propiedad de nuestra información personal sin que lo consideremos un ataque a nuestros derechos. Mediante los distintos servicios y aplicaciones (y sus Términos y Condiciones) permitimos, la mayoría de las veces sin ser conscientes o sin conocer en qué medida, que se registren y procesen datos sobre nuestra vida diaria. Tales datos pueden ser nuestros desplazamientos, búsquedas en internet, etc., y son muy valiosos para las grandes empresas en la medida que pueden ser utilizados para fines comerciales (publicidad dirigida, por ejemplo). Esto vulnera nuestra privacidad y supone un ataque a nuestros derechos, a costa de lo cual las compañías están alcanzando volúmenes de negocio nunca antes imaginados.