Desde el pasado mes de abril, los precios de la electricidad han subido hasta alcanzar máximos históricos que han sido superados una y otra vez. Además, los mercados de futuro auguran un invierno con mayores subidas de las que ya estamos padeciendo.
El carácter sistémico del precio de la electricidad afecta de manera directa a bienes y servicios de todos los sectores, incluidos los productos de primera necesidad. La subida del precio de la luz impacta a toda la ciudadanía, pero lo hace de forma desigual, en función de la clase social, el género u otros factores, como la pertenencia a algún colectivo racializado.
Desde la sociedad civil hacemos un llamamiento al Gobierno, responsable de la protección de los derechos de todas las personas, para que lleve a cabo las reformas legislativas necesarias con el fin de garantizar a la ciudadanía los siguientes cinco puntos básicos:
1. NO A LOS CORTES DE SUMINISTROS BÁSICOS
Reclamamos al Gobierno que cumpla con los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 y desarrolle el principio de precaución, entendido como la obligación de las empresas suministradoras de consultar a los Servicios Sociales sobre la situación de las familias antes de efectuar cualquier corte de luz, agua o gas y a garantizarles el suministro, en caso de que se encuentren en situación de vulnerabilidad, hasta que no cese tal situación, con independencia del tiempo que transcurra.
El grado de protección que ofrece el llamado “mínimo vital eléctrico”, aprobado por el Gobierno en septiembre de 2021, está lejos del nivel de protección que garantizaría el principio de precaución, pues solo afecta al suministro eléctrico (no a los otros suministros esenciales) y limita a un plazo de 10 meses la prohibición de cortes, sin atender a la situación de las personas transcurrido ese plazo.
Igualmente, ante la escalada de los precios que está empobreciendo a muchas familias, especialmente a las regentadas por mujeres, es imprescindible redefinir y ampliar el concepto de vulnerabilidad.
Mientras estas propuestas no sean desarrolladas, reivindicamos que se prorrogue la moratoria de cortes incluida en el escudo social, aprobado en el contexto de pandemia. Pese a que esta medida es un parche temporal, es lo mínimo imprescindible para hacer frente a las necesidades más urgentes.
2. TARIFAS JUSTAS PARA TODAS LAS PERSONAS
El acceso a un nivel mínimo de suministros básicos, como el agua y la energía, es fundamental para garantizar los derechos más básicos de las personas. Sin embargo, la falta de medidas permite que estos bienes sigan siendo considerados exclusivamente como productos de mercado, lo que pone en serio riesgo el derecho a la salud, la higiene o a una alimentación adecuada.
Con el fin de garantizar unas condiciones de vida dignas en todos los hogares, los suministros básicos deberían estar asegurados a un precio asequible y, en cualquier caso, la tarifa debería ser progresiva en función de los ingresos de los hogares y adaptada a las realidades y necesidades particulares, en especial, de las personas más vulnerables.
Medidas como el bono social son parches que no alcanzan a proteger a todas las personas que padecen pobreza energética. En la actualidad, el bono social únicamente alcanza a algo más de un millón de personas, mientras el Instituto Nacional de Estadística (INE) advierte que un 26,4 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
3. VIVIENDAS QUE NO MALGASTEN ENERGÍA Y DINERO
Frente a la emergencia climática, es necesario ahondar en medidas que permitan ahorrar energía en los edificios y garantizar unas condiciones adecuadas en los hogares. Cabe recordar que los actores sociales con mayor capacidad económica son los que tienen un mayor impacto climático. En cambio, las poblaciones más vulnerables son las que reciben en mayor medida las consecuencias de esta degradación climática.
Reclamamos que se amplíen los fondos destinados a la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de los edificios, priorizando las actuaciones y ayudas en las comunidades más vulnerables, donde las viviendas son más ineficientes energéticamente y las personas disponen de menos capacidad económica para reformarlas. Asimismo, es importante asegurar que el acceso a estos recursos sea sencillo y que las personas puedan recibir acompañamiento para solicitarlos.
4. UN SISTEMA ELÉCTRICO DEMOCRÁTICO, CIUDADANO Y AMBIENTALMENTE JUSTO
Actualmente, el sistema de fijación de precios de la energía se basa en los principios de la economía liberal, cuyo objetivo es aumentar exponencialmente los beneficios económicos de las empresas. El oligopolio energético (Endesa, Iberdrola y Naturgy), que controla gran parte de la producción, transporte y distribución de la electricidad, tiene una gran capacidad de influencia en el sistema de fijación de precios.
Ante esta situación, es crucial disputar el poder al oligopolio para avanzar hacia un modelo controlado por la ciudadanía, en el que cada tecnología tenga un precio acorde a sus costes reales, y que no esté subordinado a un sistema mercantil construido para rentabilizar las inversiones de unas minorías sociales. El suministro eléctrico se ha convertido en un negocio muy rentable, pero debería ser considerado un servicio público, como lo fue en el pasado, gestionado por entidades a disposición del bien común (empresas públicas, cooperativas, etc).
Mostramos nuestro rechazo a la campaña que el oligopolio está realizando contra la tarifa PVPC del mercado regulado, empujando a la ciudadanía hacia otras tarifas que excluyen a las personas vulnerables de determinados derechos, como el acceso al bono social. Estas estrategias, además de dar beneficio extra a las compañías, pueden dejar fuera de juego a las comercializadoras independientes, como las cooperativas.
Las multinacionales también cuentan con instrumentos para proteger sus inversiones en el sector energético y demandar a los Estados ante tribunales privados cuando consideran que han legislado en contra de sus intereses económicos.
La implementación de medidas encaminadas a reducir el precio de la electricidad y asegurar el acceso a la energía de toda la población del Estado Español puede dar lugar a demandas millonarias bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), como ya ha ocurrido en algunos países de Europa del este. Para garantizar un sistema energético justo y democrático que no deje a miles de personas en situación de vulnerabilidad, también es crucial abandonar el TCE de inmediato.
5. HOGARES Y COMUNIDADES QUE GENEREN LA ELECTRICIDAD QUE UTILIZAN
Es crucial apostar por el autoconsumo, las comunidades energéticas y las cooperativas, por la inversión pública y local, por una transición energética con soberanía ciudadana, también en el sector doméstico. Está demostrado que la energía comunitaria es una herramienta que contribuye a reducir la pobreza energética y el consumo. El Estado español tiene la obligación legal de crear marcos jurídicos para asegurar que se cumpla el derecho de la ciudadanía y las comunidades a producir, almacenar, consumir y vender su propia energía renovable.
La actual subida del precio de la luz está estrechamente vinculada con la crisis de escasez de recursos fósiles, que está provocando una escalada del precio del gas a nivel mundial. Para abordar la crisis climática y social que atravesamos, es fundamental emprender de forma inmediata una transición energética democrática, ambiental y socialmente justa, con un nuevo marco de fuentes de energía renovable accesibles para todos los hogares.
¡El 28 de octubre, salgamos todas y todos a la calle!
Adhiérete al manifiesto a través de este formulario
Ecologistas en Acción, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Greenpeace, Coordinadora cde Pensionistas de Madrid, Federación regional de asociaciones vecinales de Madrid, Coordinadora de Vivienda de Madrid, Fridays For Future Madrid, Amigos de la Tierra, Campaña Estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión, Feministas por el Clima, Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras, Xarxa per la Sobirania Energètica, Yayoflautas Madrid, Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, CGT, Anticapitalistas Madrid, Movimiento Ibérico Antinuclear, No Más Precariedad, Plataforma de Pensionistas de Móstoles, Sindicat de Llogateres, Sindicato de Inquilinas de Madrid.
Al llarg d’aquest any hem treballat conjuntament amb un grup d’estudiants de l’Escola Guinardó, dins un projecte d’aprenentatge i servei comunitari, per difondre la problemàtica de la pobresa energètica.
El projecte ha culminat amb l’organització d’una jornada al carrer, al barri del Guinardó, per a sensibilitzar al veïnat sobre la pobresa energètica. Al llarg de la jornada l’alumnat es va anar apropant a la ciutadania per explicar, amb díptics i un roll up, què és la pobresa energètica i quines conseqüències té, i com poder fer-hi front.
Compartim un vídeo resum i algunes de les fotografies de la jornada.
Des d’Enginyeria Sense Fronteres estem molt contentes del resultat d’aquest projecte d’Aprenentatge i Servei comunitari amb l’alumnat de l’Escola Guinardó, sens dubte ha estat una molt bona oportunitat per a conscienciar tant en els més joves com en el veïnat del Guinardó sobra la pobresa energètica. Un projecte enriquidor globalment que esperem poder estendre a altres escoles i barris del territori.
Amb la col·laboració de:
ESFeres 30 El impacto de las empresas españolas en el exterior
Vídeo de la presentación del estudio:
Durante décadas, el orden sociopolítico imperante a nivel mundial ha impuesto un modelo de crecimiento económico exponencial basado y sostenido por el aumento continuo de la extracción de recursos naturales. Una tendencia que va directa e inevitablemente ligada a la vulneración de derechos humanos, al aumento del consumo y la emisión indiscriminada de contaminantes. Y deja tras de sí un modelo de desarrollo dependiente de recursos limitados, planteando un reto al paradigma dominante actual, de lógica insostenible y con fuertes impactos y desequilibrios ambientales, sociales y económicos que afectan directamente a los derechos humanos de muchas poblaciones.
Además, las grandes corporaciones se han apoderado del control de la energía, convirtiendo este derecho básico en una mercancía. Su gestión, por un lado, limita el acceso a las familias que no tienen suficientes recursos económicos y, por otro, perpetúa la constante violación de derechos humanos asociada al modelo de obtención de recursos energéticos basado en la extracción hacia el exterior.
Ante esta situación, se hace imperativo buscar alternativas. Desde Enginyeria sense Fronteres defendemos un cambio de paradigma en el modelo de desarrollo, producción y consumo, que se base en el respeto y la protección de los derechos humanos y del medio ambiente y que tenga en cuenta la sostenibilidad de los bienes comunes disponibles. Planteamos también un cambio de modelo que nos lleve a un escenario de soberanía energética, donde los espacios de decisión sean liderados por la ciudadanía, no solo como herramienta de garantía de un modelo sostenible y socialmente justo, sino también como elemento democratizador del acceso a la energía.
Actualmente, estamos inmersas en el debate político y ciudadano de la transición energética. Hay un consenso global que nos dice que el actual modelo energético, mayormente basado en energías fósiles, es insostenible; tanto las instituciones como la sociedad civil, el mundo empresarial y el tercer sector coinciden en la necesidad de transitar hacia una matriz energética basada en energías renovables. Las grandes corporaciones que dominan el panorama energético no son ajenas a este proceso y se están sumando, con la velocidad que sus amplios beneficios les permiten, a la generación renovable.
Sin embargo, observamos a nuestro alrededor distintos hechos que hacen necesaria una reflexión alrededor de la transición energética: municipios que alertan sobre la amenaza que suponen los megaproyectos de renovables, las mismas grandes corporaciones que buscan acceder a fondos públicos para financiar su supuesta transición y mantener los beneficios, o la ausencia de conceptos tan necesarios como el decrecimiento en los sectores mainstream.
No hay duda de la importancia de transitar hacia una energía más verde, pero solamente con esto no alcanzaremos la soberanía energética. La transición a las renovables debe ir acompañada de una democratización del modelo energético, de participación ciudadana vinculante, de una generación energética vinculada a los territorios y a las personas que los habitan; debe deshacerse de grandes empresas transnacionales que solo operan bajo la búsqueda de beneficio económico y generan precariedad energética tanto en el Norte como en el Sur global. Debemos decrecer y generar nuevos consensos que asuman la energía como un derecho indispensable para la vida y reconozcan y prioricen sus usos sociales y de cuidados. Debemos rechazar todo extractivismo, fósil o renovable.
Este estudio pretende aportar más luz sobre cuáles son en realidad los impactos de las energías renovables a gran escala en el Sur Global, y así poder contribuir a la reflexión sobre qué aspectos es necesario cambiar del actual modelo energético más allá de las fuentes de generación de la energía.
Es voluntad de Enginyeria sense Fronteres generar espacios para que las propias comunidades afectadas relaten las vulneraciones a las que se han visto sometidas por parte de grandes corporaciones que operan en el mercado energético del Estado Español. Por ello, las tres capítulos que conforman este informe proceden de distintas autorías que han vivido o han sido testimonios del conflicto. Creemos que este carácter coral aporta riqueza y contribuye a hacer escuchar voces que algunos querrían silenciar.
Descarga el estudio
L’alumnat de l’Escola Guinardó explica al barri què és la pobresa energètica
A través d’un projecte d’aprenentatge i servei comunitari, les alumnes han preparat un vídeo de difusió sobre la problemàtica
Horta-Guinardó és un dels districtes més afectats de Barcelona i les estudiants han compartit amb les veïnes els efectes de la pobresa energètica
Un grup d’estudiants de l’Escola Guinardó han treballat conjuntament amb Enginyeria Sense Fronteres en un projecte d’aprenentatge i servei comunitari per difondre al seu entorn la problemàtica de la pobresa energètica. Després d’unes sessions introductòries, l’alumnat va decidir elaborar un vídeo explicant el fenomen, en el qual s’inclouen situacions pràctiques dels efectes de la pobresa energètica en les famílies que la pateixen. Al vídeo s’hi pot accedir mitjançant un codi qr, que s’ha repartit a moltes veïnes del barri en una jornada al carrer davant del Mercat del Guinardó. A més, també van dissenyar un pòster que ha servit per cridar l’atenció a la gent que s’apropava a fer la seva compra quotidiana.
El projecte culminarà amb la representació de l’obra de teatre L’Apagada, a càrrec de Xucrut Teatre, una peça que explica la vida d’una família que es troba a l’atur i que té dificultats per fer front a les seves factures de subministraments bàsics. La representació, que serà gratuïta i per la qual caldrà reservar entrada, tindrà lloc al Centre Cívic Navas el proper 23 de juliol de 2021. Més informació aquí: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/navas.
Amb la col·laboració de:
Resposta davant la denúncia d’“Abogados Catalanes por la Constitución”: una acusació sense fonamentació jurídica ni ètica
El passat 15 de març alguns mitjans de comunicació van publicar que s’havia presentat una denúncia davant de Fiscalia que implica les nostres entitats i es signa sota la denominació d’”Abogados catalanes por la Constitución”, una entitat vinculada a Societat Civil Catalana i els grans poders econòmics que fa ús del poder judicial per perjudicar els seus adversaris polítics.
Sobre els fets que es denuncien
La denúncia atribueix possibles delictes a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la regidora Laura Pérez, les ex-regidores Laia Ortiz i Gala Pin i la directora de l’Observatori DESC, Irene Escorihuela, en relació amb un conveni de col·laboració que es desenvolupa des de 2012 -per tant, previ a l’arribada de Barcelona en Comú a l’Ajuntament- i que està justificat i auditat anualment.
Com en altres ocasions, com a entitats que treballem en la defensa dels drets socials, ens preguntem si val la pena adreçar algun tipus d’esforç a respondre una acció mancada d’una mínima raonabilitat jurídica i, en conseqüència, d’una mínima actitud ètica. Ara bé, la novetat aquesta vegada és el mitjà que s’utilitza: ja no estem davant d’una informació aïllada, no contrastada i posteriorment difosa per xarxes o per algun diari, sinó que el soroll es vol crear a través d’acusacions greus de tipus penal, podríem dir fent ús del lawfare. Sigui com sigui, ens limitarem una vegada més a exposar una senzilla explicació que, en condicions normals, hauria de servir per esgotar el recorregut d’aquest tipus d’actuacions.
No és la primera vegada que aquestes campanyes polítiques de desprestigi, sovint orquestrades pels lobbies econòmics, embruten la feina de defensa de drets que fem les entitats de drets humans. Més enllà de l’evident atac polític a l’Ajuntament de Barcelona, aquesta denúncia, 9 anys després de l’inici del projecte, no la podem deslligar de la tasca de les entitats sotasignants i altres col·lectius en defensa de l’habitatge i l’energia. És evident que es vol coartar la feina dels moviments socials que lluiten per garantir drets per a totes.
El nostre paper com a organitzacions de defensa dels drets humans
Aquest cop han estat quatre les entitats socials a les quals es pretén perjudicar. L’Observatori DESC és una organització amb més de 20 anys de vida que és internacionalment reconeguda per la vàlua de la seva tasca en defensa dels drets humans en general i dels drets socials en particular. En el marc d’aquesta trajectòria, l’any 2012, durant el mandat de Xavier Trias (CiU), l’Ajuntament de Barcelona va aprovar un conveni de col·laboració que ha estat reeditat fins arribar a l’actualitat i que ha permès un intens treball al voltant de la defensa del dret a l’habitatge i als subministraments bàsics. Així doncs, l’actual consistori únicament ha continuat un projecte que ja portava en execució 4 anys, atès que la situació d’emergència habitacional i pobresa energètica es perpetuava a la ciutat.
Cal recordar que, en les darreres edicions, aquest projecte ha enxarxat la feina de l’Observatori DESC i d’Enginyeria Sense Fronteres, associació amb més de 25 anys de trajectòria que treballa per garantir l’accés universal als serveis bàsics, acompanyant el canvi social i l’enfortiment de les poblacions. Conjuntament amb la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca de Barcelona i l’Aliança contra la Pobresa Energètica, hem abordat la problemàtica de les vulneracions del dret a l’habitatge i la pobresa energètica.
El projecte “Dret a l’habitatge i a l’energia: empoderament col·lectiu i assessorament jurídic social” té com a finalitat oferir respostes a persones i/o famílies que es troben immerses o ja han patit processos de desnonaments o bé que es troben en risc de patir-lo, així com aquelles que no poden garantir l’accés als seus drets energètics. Com a aportació ben tangible, les actuacions que inclou el projecte permeten: disposar d’una base de dades estadística sobre les vulneracions diàries d’aquests drets, realitzar recerca; publicar informes anuals sobre l’estat del dret a l’habitatge i a l’energia (consulteu aquí el darrer); analitzar i fer incidència sobre les noves lleis o polítiques que poden vulnerar drets o que poden protegir-los; col·laborar a formular propostes legals i de política pública per la garantia d’aquests; elaborar documents amb eines jurídiques per defensar el dret a l’habitatge i l’energia; identificar els actors i interessos que controlen el mercat de l’habitatge i l’energia; reforçar en xarxes internacionals la protecció d’aquests drets, etc.
Sobre les subvencions a projectes
Els convenis són mecanismes de col·laboració recollits per llei i àmpliament coneguts (Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic) que els ajuntaments i totes les administracions públiques tenen al seu abast com a eina per abordar el compliment de les seves competències, comptant amb la feina d’entitats socials o de qualsevol tipus. L’Ajuntament de Barcelona té actualment convenis amb diverses entitats socials, culturals i d’altres, que es poden consultar al registre administratiu corresponent, a més de subvencions en règim de concurrència competitiva. La seva aplicació comporta un estricte procediment periòdic de justificació, amb el filtre d’una auditoria independent, el qual les diferents reedicions del projecte han superat sense cap tipus d’incident, incloent el control dels diferents grups polítics amb representació al Ple del consistori.
Pensem que no cal alimentar una nova polèmica artificial. En el propi escrit de denúncia, de la seva total inconsistència es conclou una intencionalitat merament política i un ús esbiaixat de les denúncies davant la Fiscalia. Les entitats socials som aquí afectades per danys col·laterals, però estem orgulloses i convençudes de la feina que fa el sector social i que des de les administracions s’hi doni suport.
Lamentem per tant l’actuació de l’associació “Abogados Catalanes por la Constitución”, que suposa un nou intent de debilitar la defensa dels drets socials d’amplis sectors de la població i la capacitat per qüestionar els interessos de determinats actors privilegiats. Estem, però, convençudes que aquests intents no tindran més ressò del que mereixen. Qualsevol persona que vulgui conèixer a fons la tasca que realitzem pot consultar les nostres webs (web Enginyeria Sense Fronteres, web Observatori DESC, web PAH Barcelona, web Aliança contra la Pobresa Energètica).
Presentem en castellà l’ESFeres 15: Com garantir l’assequibilitat del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament mitjançant les tarifes
Aquest estudi pretén analitzar en una petita mostra de municipis si l’estructura tarifària i el preu que els habitants d’aquestes localitats paguen per la factura de l’aigua permet el compliment de la garantia del dret humà a l’aigua. Per això es considera tant l’estructura tarifària i els preus aplicats de forma general, com l’existència de mesures a aplicar en casos de dificultats econòmiques.
La traducció al castellà ha estat possible gràcies a la col·laboració amb l’AECID i Mundubat.
El dret humà a l’aigua, aterrant el debat a Tarragona
El passat divendres 26 de maç va tenir lloc l’acte de presentació de l’ESFera 29, amb títol “La defensa de la gestió pública i democràtica de l’aigua. Anàlisi i eines per el debat a Tarrgona”, realitzada per la Isabel Vilaseca Boixareu, investigadora de CICrA Justicia Ambiental i activista del grup de Tarragona d’ESF.
L’estudi, emmarcat en el projecte d’EPD, “Un accés universal i una gestió més justa de l’aigua i l’energia a Tarragona i el Sud Global”, té com a objectiu principal fer una radiografia de la situació mundial, estatal i catalana de las gestió pública de l’aigua i situar Tarragona en aquest context, amb la finalitat última d’oferir algunes eines que ajudin a encarar la discussió sobre el tema entre moviments socials i administracions públiques d’aquesta ciutat.
L’estudi aspira a assumir vàries funcions: ser alhora un mapa conceptes bàsics, una retrospectiva històrica, un recull d’experiències locals i globals i una caixa d’eines jurídiques. Atès que està escrit des de dins dels moviments socials en defensa la gestió pública i democràtica de l’aigua a Catalunya, opera també com anàlisi introspectiu, com a revisió crítica del recorregut traçat fins ara i com a identificació de possibles passes futures. Així mateix, a l’estudi predomina una clara intenció de promoure un intercanvi horitzontal d’experiències i coneixements entre el sud i el nord global, així com donar a conèixer a Tarragona els aprenentatges adquirits en el marc dels projectes relacionats amb el dret humà a l’aigua, que ESF duu a terme a l’Equador.
La presentació de l’estudi va anar precedida de la intervenció del Dante Maschio Gastelaars, en la qual, a mode de introducció a la temàtica, va presentar els resultats de l’ESFera 25, escrita per ell mateix i publicada al 2019, en la qual es fa una anàlisi crítica sobre l’ODS6 de Nacions Unides.
Descarrega aquí l’estudi
La crisi sanitària de la Covid19 a El Salvador
La història d’El Salvador ve caracteritzada per constants conflictes interns pel territori, essent la Guerra Civil acabada el 1992 la darrera confrontació bèl·lica rellevant. Avui dia, el país afronta l’existència de les maras que tenen com a objectiu el control sobre els territoris. En aquest context i la manca de regulació estatal, el dret humà a l’aigua no està garantit i hi ha una clara vulneració que es pot il·lustrar amb els següents exemples:
- Fins el 2016, el 40% de la població de Nejapa no té accés a aigua potable, tot i que la regió abasta el segon aqüífer més gran del país. El recurs és privatitzat per la Coca-cola, entre d’altres.
- El 2017 es prohibeix la mineria metàl·lica al país, ja que la indústria és causant de la contaminació de les aigües, tot deixant la població sense recurs.
- Tot i existir una Ley Integral del Agua redactada aquesta encara no ha estat aprovada
El Salvador és un país centreamericà que es troba lluny d’assolir una verdadera seguretat hídrica. En general, el problema de l’abastament d’aigua potable de les col·lectivitats rurals és més difícil que el de les ciutats. La dispersió de la població i la manca d’un pla estatal, així com l’escassa voluntat política, són alguns factors que aguditzen i compliquen considerablement la solució del problema. A més, el seu marc jurídic i institucional es troba fragmentat i genera un xoc de competències entre entitats. El Salvador necessita una llei que asseguri a la ciutadania el dret a l’aigua.
Taula comparativa d’El Salvador i Catalunya de dades demogràfiques i sobre el recurs hídric.
PRECEDENTS POLÍTICS 2019
En el context polític de 2019, s’ha agreujat la situació sobretot per les retallades en el sector de la sanitat, per l’increment de desigualtats a causa de les retallades al sector social i pel silenci davant les desaparicions i assassinats.
El juny de 2019 inicia amb una victòria electoral del candidat de dretes Nayib Bukele. Durant el seu mandat s’han produït diversos fets en detriment de la població i els seus drets:
- Deficient gestió en els àmbits de SALUT I D’AIGUA: Desmantellament de la Reforma Integral de Salut: tancament d’Equips Comunitaris de Salut (ECOS) i acomiadament del personal encarregat de les estratègies de control de malalties. Les morts a finals del 2019 per dengue, pneumònia i diarrea augmenten una mitjana del 46% respecte finals de 2018.
- Silenci davant la INSEGURETAT CIVIL: No posicionament envers les persones migrants (inclosos infants) detingudes, perseguides i engarjolades a la frontera dels EEUU. Durant l’any 2019 hi ha 2.390 assassinats i 3.202 persones reportades com a desaparegudes. No hi ha dades de la quantitat de persones desaparegudes que després són trobades amb vida.
- Retallades als SERVEIS BÀSICS: Es produeix un encariment dels subministraments bàsics: El gas s’encareix per unes 100.000 famílies, en retallar 9 milions de dòlars de subsidi.
- Increment de les DESIGUALTATS: El tancament de cinc secretaries de Casa Presidencial dedicades a l’àrea social. Desmuntatge de programes socials i econòmics per la població vulnerable. El Govern de Bukele colpeja 20 programes: 15 es tanquen i 5 tenen retallades pressupostàries, tot i que alguns per llei no es poden tocar. Al juny, en acomiadar personal públic i retallar en serveis i sous, la població es veu afectada monetàriament i hi ha una desaccelerada econòmica, amb gran afectació a les classes mitjanes i baixes.
- Manca de TRANSPARÈNCIA: Anunci d’obres públiques de manera precipitada (quatre dies després de la presa de possessió). Préstec de 389 MUSD del Fons Monetari Internacional (FMI).
DURANT LA COVID-19
La crisi sanitària de la COVID-19 no s’ha gestionat de la manera òptima: s’ha aprofitat per fer polítiques de repressió i de divisió dins la societat. Un exemple molt clar és que el número d’infectats i la quantitat de persones tancades en centres de quarantena no es correspon de manera proporcional. I és que 7/10 salvadorencs viu de l’economia informal i s’han vist forçats a incomplir la quarentena domiciliar decretada per l’estat, qui no té suficient partida pressupostària per a mitigar la crisi. Les Juntes d’Aigua (JdA) s’han vist afectades per la suspensió de pagaments de serveis bàsics anunciada el 18 de març. Les JdA operen autogestionadament sense superàvit i la suspensió del seu pagament implica que no es pugui garantir la cloració de l’aigua per tal de potabilitzar-la
SALUT: No es garanteix el dret sanitari: Manca material i equips mèdics, els serveis d’atenció telefònic es troben col·lapsats, manca difusió i sensibilització a la població sobre mesures d’higiene, així com recursos pel sanejament, no se sectoritza als centres de quarentena (CCC)… Tot i que el 100% de CCC compten amb accés a inodors i rentamans, es desconeix en quines condicions estan i si hi ha instal·lacions per a dutxar-se. Per tots aquests motius, es requereix la intervenció internacional, on diverses ONGs (UNICEF, PROVIDA, EDUCO, Cruz Roja… ) aporten els seus recursos.
ALIMENTACIÓ: Es detecten 630.000 persones amb inseguretat alimentària. Els col·lectius més afectats són els petits productors i jornalers de cafè, aqüicultors i pescadors. El 46% de tota la població investigada gasta més de el 75% de l’ingrés familiar en aliments. Tot i haver ajudes per part del govern, com ara el Programa de Bienestar Social, no són suficients i arriben amb retard per a moltes famílies.
SEGURETAT CIVIL: Augmenta la inseguretat nacional: Increment de les deportacions nord-americanes i CCC col·lapsats, detencions arbitràries segons perfil ètnic, manca de transparència als centres de quarentena, manca de mecanismes de denúncia de violacions als DDHH…
AIGUA: Més del 20% de la població rural és proveïda per Juntes Rurals d’Aigua (JRA), el funcionament del qual depèn del pagament mensual efectuat pels usuaris. Com que no és efectiu, hi ha risc de suspensió del servei a les llars. Les JRA no compten amb un suport econòmic que els permeti garantir el seu funcionament regular sense ingressos
ECONOMIA: 7/10 salvadorenys viu de l’economia informal. La situació fiscal és cada cop més restrictiva per finançar mesures com ara la sustentació de llocs de treball, o la promoció d’inversions. Per tant, cal precisar els grups amb majors condicions de vulnerabilitat per ser atesos prioritàriament. Malgrat això, la capacitat pressupostària estatal està endeutada per 30 anys amb el FMI i, per això, està limitada
DADES
Les dades mostren com s’ha aprofitat la pandèmia per controlar el dret al lliure moviment. La taxa de mortalitat no supera el 3%
Presentem la memòria d’activitats i econòmica 2019. Un recull dels projectes i campanyes que hem dut a terme al llarg de l’any passat.
Presentem com cada any, la memòria d’activitats de l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF), una fotografia de tot el que hem fet, pensat i provocat juntes des de la nostra entitat durant l’any 2019.
Ha estat un any en què hem produït videoclips, estudis, documentals, mobilitzacions, obres de teatre. Hem estat a fires, cinemes, mercats, abocadors. Hem caminat per rius, muntanyes, barris. Hem parlat a juntes comunitàries, oficines elèctriques, parlaments, ràdios. Hem treballat amb la nostra gent de l’Equador, del Perú, El Salvador i Moçambic, a Catalunya, a l’Estat i a Europa, amb companyes i companys de tot el món, gràcies a totes les xarxes, aliances i complicitats en les que ens recolzem. Enguany, fins i tot, hem pensat que calia fer un pas endavant i aproximar-nos a un país com Colòmbia, immers en un complicadíssim però necessari procés de pau, en el que potser podem aportar el nostre granet de sorra. I malgrat això, tot és poc per aconseguir els canvis que pensem que cal generar en aquest món per acabar amb les injustícies i les desigualtats.
Però el 2019 és l’any que vam ser conscients que el nostre temps s’acabava com a societat. Per fi, vam entendre les dimensions de l’emergència climàtica i com condicionava tot allò pel que venim treballant des de fa 27 anys. Si no fem res, com a societat global, la sequera comprometrà més encara la disponibilitat de recursos hídrics, i el dret humà a l’aigua se’n ressentirà. Si no abordem una transició energètica justa, que descarbonitzi a marxes forçades la nostra economia sense deixar ningú enrere, la pobresa energètica assetjarà a moltes famílies més. Si no imaginem i ens organitzem per tenir ciutats integradores, amb serveis de qualitat i a l’accés de tothom, els residus, la mobilitat o la manca d’accés a l’habitatge les farà inhabitables. Si no aconseguim una agricultura que aconsegueixi donar feina i aliments a les famílies camperoles de tot el món, malgrat l’augment de temperatures, tampoc les ciutats del Nord o del Sud seran la solució per a ningú.
L’emergència climàtica ens reafirma en tot allò que hem vingut fent i alhora posa data de caducitat als nostres esforços. Tenim poc més d’una dècada per canviar el cor d’un sistema profundament injust. Afortunadament, hem vist com milers de persones s’han unit a una mobilització per canviar-ho tot. Nosaltres ja hi érem, amb una altra pancarta, només esperem que vosaltres també us hi sumeu i continuem caminant juntes.
El pueblo Shipibo Konibo uno de los grupos más afectados por la COVID19 en Perú
La Amazonía, habitada por más de 420 pueblos indígenas, al menos 60 de ellos en aislamiento voluntario, es una de las regiones natural y culturalmente más diversas del mundo. Allí la propagación de COVID-19 ha crecido de manera exponencial, afectando a los pueblos que viven en esta región, muchos de ellos comunidades pequeñas en aislamiento conformadas solamente por decenas de familias. Uno de los pueblos más afectados, por número de casos, es el del pueblo Shipibo Konibo en Perú.
En vísperas del Día Internacional del Medio Ambiente, desde la ONU Derechos Humanos y la CIDH alertaron que “la COVID-19 ha puesto en grave riesgo la supervivencia y los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas, portadores de un conocimiento profundo sobre uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad y culturas del planeta”.
Los Shipibo Konibo, grupo étnico cuya población asciende a las 14 mil habitantes, vive mayoritariamente en la selva baja del Perú, cerca de las orillas del río Ucayali, afluente del Amazonas. Sin embargo, muchos hermanos han migrado a las ciudades de Pucallpa, Lima y otras zonas urbanas, en búsqueda de mejores oportunidades. Su espiritualidad está llena de relaciones con las plantas y el río, son considerados guardianes de la selva peruana, y de uno de sus famosos enteógenos sagrados, la Ayahuasca. La vida para los shipibos se basa en la creencia que todo lo que existe es una unidad, en el hecho de que todo esté en armonía para que haya salud y paz. Con esta creencia la selva les proporciona todo lo necesario de forma sostenible, desde los materiales para la ropa, los medios de transporte como la canoa, hasta la comida a través de la caza y la pesca.
Según las cifras oficiales del Ministerio de Salud de Perú, la región amazónica de Ucayali registra 7293 personas afectadas por el coronavirus y 145 fallecidos, sin embargo, no se incluye la variable étnica en las estadísticas sobre población afectada por el COVID-19, lo cual no permite analizar el impacto diferenciado en poblaciones vulnerables, como son las comunidades indígenas.
La Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau), reporta más de 500 personas estarían afectadas y, al menos, 58 habrían fallecido. La Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Iparía (Feconadip), reporta once personas fallecidas en diez de las cuarenta comunidades bajo su jurisdicción. Muchos de ellos no figuran en los registros oficiales porque temen ir al hospital.
“Se están tratando en sus casas con plantas medicinales porque los puestos de salud están cerrados, sin medicamentos, sin personal de salud, sin máscaras, sin bioseguridad, sin nada”, afirma Ronald Suárez Maynas, Coshikox Consejo Shipibo Konibo Xetebo (Coshikox).
La situación que enfrentan los hospitales de Pucallpa y de toda la región, donde prácticamente no hay oxígeno para atender a los pacientes, ha agudizado la desconfianza de los habitantes de las comunidades indígenas.
Varios líderes indígenas en Ucayali resultaron afectados por el COVID-19. Entre ellos el propio Ronald Suárez Maynas Coshikox del Consejo Shipibo Konibo Xetebo también ha padecido la enfermedad en su casa. Lamentablemente, Ronald Suárez perdió a su madre a consecuencia del COVID-19. También la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana informó que su presidente Lizardo Cauper estaba afectado por el virus.
El desplazamiento por el cobro de los beneficios que entrega el Estado ha sido uno de las causas de los contagios en las comunidades nativas, así como la entrega de alimentos por parte de los alcaldes en varios distritos y el tránsito de las embarcaciones por vía fluvial, pese a la orden de inmovilización que existía en el país.
Las comunidades shipibo konibo también están en las ciudades, en las llamadas comunidades interculturales, once de ellas establecidas en Pucallpa y una en Lima.
En la comunidad indígena de Cantagallo en Lima, las autoridades redoblaron el encierro de la comunidad, luego que el Ministerio de Salud detectara 476 enfermos en una población de alrededor de 2.000 personas. Esta comunidad, ubicada sobre un terreno de 1,9 hectáreas en el centro de Lima, está integrada por alrededor de 500 familias, entre residentes permanentes y desplazados. Hace cuatro años (2016) sufrió un incendio que arrasó con la mayoría de las casas, después de la reconstrucción, las casas están hechas de madera y techos de calamina o plástico y la mayoría albergan a más de una familia. La comunidad debe compartir cuatro caños de agua, además deben distribuirse el uso de 20 baños portátiles instalados por la Municipalidad de Lima, pues sus casas no cuentan con agua ni desagüe.
“Los pueblos indígenas de nuestro país son la última preocupación de los gobernantes, incluyendo las autoridades y sectores que tienen el mandato de dar atención específica a los pueblos indígenas”, denunció el Coshikox Consejo Shipibo Konibo Xetebo (Coshikox).
A través de una carta enviada al relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, José Francisco Calí Tzay, el Coshikox, Ronald Suárez Maynas, detalló las consecuencias de la Covid-19 en las comunidades nativas del departamento de Ucayali.
En este contexto, el dirigente shipibo recordó que la cuarentena establecida por el gobierno peruano solo trajo “hambre y otras privaciones para la mayoría de las familias de los pueblos originarios”. “Cada día perdemos hermanas y hermanos, jóvenes y mayores, incluyendo a uno de nuestros más respetados líderes, el alcalde del distrito de Masisea, Silvio Valles Lomas, muchísimos sabios y sabias en todas nuestras comunidades han muerto y lamentablemente también mi adorada madre”, comenta en su carta.
Ronald Suárez Maynas también informa al relator que “el estado peruano, debido a su incapacidad, corrupción e indiferencia, no muestra las cifras reales de los fallecidos, además las pruebas rápidas que se practican en las comunidades no son estadísticamente significativas”.
Además, recuerda que la Covid-19 puso al descubierto “un problema estructural que ya existía antes”. Así se puede evidenciar que no existe una política específica para la salud indígena “porque ha sido siempre un tema sesgado por discriminación y estigmatización”. Ante la falta de “una política de salud integral y con enfoque intercultural para la atención a los pueblos indígenas” frente a la Covid-19, Coshikox solicitó “apoyo financiero y logístico inmediato” para enfrentar el cambio sociocultural que será más visible a largo plazo.
Para ello, han emprendido una campaña de recogida de fondos para entregar alimentos y elementos de bioseguridad a las comunidades más alejadas.
