Desde el pasado mes de abril, los precios de la electricidad han subido hasta alcanzar máximos históricos que han sido superados una y otra vez. Además, los mercados de futuro auguran un invierno con mayores subidas de las que ya estamos padeciendo.

El carácter sistémico del precio de la electricidad afecta de manera directa a bienes y servicios de todos los sectores, incluidos los productos de primera necesidad. La subida del precio de la luz impacta a toda la ciudadanía, pero lo hace de forma desigual, en función de la clase social, el género u otros factores, como la pertenencia a algún colectivo racializado.

Desde la sociedad civil hacemos un llamamiento al Gobierno, responsable de la protección de los derechos de todas las personas, para que lleve a cabo las reformas legislativas necesarias con el fin de garantizar a la ciudadanía los siguientes cinco puntos básicos:

1. NO A LOS CORTES DE SUMINISTROS BÁSICOS
Reclamamos al Gobierno que cumpla con los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 y desarrolle el principio de precaución, entendido como la obligación de las empresas suministradoras de consultar a los Servicios Sociales sobre la situación de las familias antes de efectuar cualquier corte de luz, agua o gas y a garantizarles el suministro, en caso de que se encuentren en situación de vulnerabilidad, hasta que no cese tal situación, con independencia del tiempo que transcurra.

El grado de protección que ofrece el llamado “mínimo vital eléctrico”, aprobado por el Gobierno en septiembre de 2021, está lejos del nivel de protección que garantizaría el principio de precaución, pues solo afecta al suministro eléctrico (no a los otros suministros esenciales) y limita a un plazo de 10 meses la prohibición de cortes, sin atender a la situación de las personas transcurrido ese plazo.

Igualmente, ante la escalada de los precios que está empobreciendo a muchas familias, especialmente a las regentadas por mujeres, es imprescindible redefinir y ampliar el concepto de vulnerabilidad.

Mientras estas propuestas no sean desarrolladas, reivindicamos que se prorrogue la moratoria de cortes incluida en el escudo social, aprobado en el contexto de pandemia. Pese a que esta medida es un parche temporal, es lo mínimo imprescindible para hacer frente a las necesidades más urgentes.

2. TARIFAS JUSTAS PARA TODAS LAS PERSONAS
El acceso a un nivel mínimo de suministros básicos, como el agua y la energía, es fundamental para garantizar los derechos más básicos de las personas. Sin embargo, la falta de medidas permite que estos bienes sigan siendo considerados exclusivamente como productos de mercado, lo que pone en serio riesgo el derecho a la salud, la higiene o a una alimentación adecuada.

Con el fin de garantizar unas condiciones de vida dignas en todos los hogares, los suministros básicos deberían estar asegurados a un precio asequible y, en cualquier caso, la tarifa debería ser progresiva en función de los ingresos de los hogares y adaptada a las realidades y necesidades particulares, en especial, de las personas más vulnerables.

Medidas como el bono social son parches que no alcanzan a proteger a todas las personas que padecen pobreza energética. En la actualidad, el bono social únicamente alcanza a algo más de un millón de personas, mientras el Instituto Nacional de Estadística (INE) advierte que un 26,4 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

3. VIVIENDAS QUE NO MALGASTEN ENERGÍA Y DINERO
Frente a la emergencia climática, es necesario ahondar en medidas que permitan ahorrar energía en los edificios y garantizar unas condiciones adecuadas en los hogares. Cabe recordar que los actores sociales con mayor capacidad económica son los que tienen un mayor impacto climático. En cambio, las poblaciones más vulnerables son las que reciben en mayor medida las consecuencias de esta degradación climática.

Reclamamos que se amplíen los fondos destinados a la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de los edificios, priorizando las actuaciones y ayudas en las comunidades más vulnerables, donde las viviendas son más ineficientes energéticamente y las personas disponen de menos capacidad económica para reformarlas. Asimismo, es importante asegurar que el acceso a estos recursos sea sencillo y que las personas puedan recibir acompañamiento para solicitarlos.

4. UN SISTEMA ELÉCTRICO DEMOCRÁTICO, CIUDADANO Y AMBIENTALMENTE JUSTO
Actualmente, el sistema de fijación de precios de la energía se basa en los principios de la economía liberal, cuyo objetivo es aumentar exponencialmente los beneficios económicos de las empresas. El oligopolio energético (Endesa, Iberdrola y Naturgy), que controla gran parte de la producción, transporte y distribución de la electricidad, tiene una gran capacidad de influencia en el sistema de fijación de precios.

Ante esta situación, es crucial disputar el poder al oligopolio para avanzar hacia un modelo controlado por la ciudadanía, en el que cada tecnología tenga un precio acorde a sus costes reales, y que no esté subordinado a un sistema mercantil construido para rentabilizar las inversiones de unas minorías sociales. El suministro eléctrico se ha convertido en un negocio muy rentable, pero debería ser considerado un servicio público, como lo fue en el pasado, gestionado por entidades a disposición del bien común (empresas públicas, cooperativas, etc).

Mostramos nuestro rechazo a la campaña que el oligopolio está realizando contra la tarifa PVPC del mercado regulado, empujando a la ciudadanía hacia otras tarifas que excluyen a las personas vulnerables de determinados derechos, como el acceso al bono social. Estas estrategias, además de dar beneficio extra a las compañías, pueden dejar fuera de juego a las comercializadoras independientes, como las cooperativas.

Las multinacionales también cuentan con instrumentos para proteger sus inversiones en el sector energético y demandar a los Estados ante tribunales privados cuando consideran que han legislado en contra de sus intereses económicos.
La implementación de medidas encaminadas a reducir el precio de la electricidad y asegurar el acceso a la energía de toda la población del Estado Español puede dar lugar a demandas millonarias bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), como ya ha ocurrido en algunos países de Europa del este. Para garantizar un sistema energético justo y democrático que no deje a miles de personas en situación de vulnerabilidad, también es crucial abandonar el TCE de inmediato.

5. HOGARES Y COMUNIDADES QUE GENEREN LA ELECTRICIDAD QUE UTILIZAN
Es crucial apostar por el autoconsumo, las comunidades energéticas y las cooperativas, por la inversión pública y local, por una transición energética con soberanía ciudadana, también en el sector doméstico. Está demostrado que la energía comunitaria es una herramienta que contribuye a reducir la pobreza energética y el consumo. El Estado español tiene la obligación legal de crear marcos jurídicos para asegurar que se cumpla el derecho de la ciudadanía y las comunidades a producir, almacenar, consumir y vender su propia energía renovable.

La actual subida del precio de la luz está estrechamente vinculada con la crisis de escasez de recursos fósiles, que está provocando una escalada del precio del gas a nivel mundial. Para abordar la crisis climática y social que atravesamos, es fundamental emprender de forma inmediata una transición energética democrática, ambiental y socialmente justa, con un nuevo marco de fuentes de energía renovable accesibles para todos los hogares.

¡El 28 de octubre, salgamos todas y todos a la calle!

Adhiérete al manifiesto a través de este formulario

Ecologistas en Acción, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Greenpeace, Coordinadora cde Pensionistas de Madrid, Federación regional de asociaciones vecinales de Madrid, Coordinadora de Vivienda de Madrid, Fridays For Future Madrid, Amigos de la Tierra, Campaña Estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión, Feministas por el Clima, Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras, Xarxa per la Sobirania Energètica, Yayoflautas Madrid, Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, CGT, Anticapitalistas Madrid, Movimiento Ibérico Antinuclear, No Más Precariedad, Plataforma de Pensionistas de Móstoles, Sindicat de Llogateres, Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Al llarg d’aquest any hem treballat conjuntament amb un grup d’estudiants de l’Escola Guinardó, dins un projecte d’aprenentatge i servei comunitari, per difondre la problemàtica de la pobresa energètica.

El projecte ha culminat amb l’organització d’una jornada al carrer, al barri del Guinardó, per a sensibilitzar al veïnat sobre la pobresa energètica. Al llarg de la jornada l’alumnat es va anar apropant a la ciutadania per explicar, amb díptics i un roll up, què és la pobresa energètica i quines conseqüències té, i com poder fer-hi front.

Compartim un vídeo resum i algunes de les fotografies de la jornada.

Des d’Enginyeria Sense Fronteres estem molt contentes del resultat d’aquest projecte d’Aprenentatge i Servei comunitari amb l’alumnat de l’Escola Guinardó, sens dubte ha estat una molt bona oportunitat per a conscienciar tant en els més joves com en el veïnat del Guinardó sobra la pobresa energètica. Un projecte enriquidor globalment que esperem poder estendre a altres escoles i barris del territori.

Amb la col·laboració de:

ESFeres 30 El impacto de las empresas españolas en el exterior

Vídeo de la presentación del estudio:

Durante décadas, el orden sociopolítico imperante a nivel mundial ha impuesto un modelo de crecimiento económico exponencial basado y sostenido por el aumento continuo de la extracción de recursos naturales. Una tendencia que va directa e inevitablemente ligada a la vulneración de derechos humanos, al aumento del consumo y la emisión indiscriminada de contaminantes. Y deja tras de sí un modelo de desarrollo dependiente de recursos limitados, planteando un reto al paradigma dominante actual, de lógica insostenible y con fuertes impactos y desequilibrios ambientales, sociales y económicos que afectan directamente a los derechos humanos de muchas poblaciones.

Además, las grandes corporaciones se han apoderado del control de la energía, convirtiendo este derecho básico en una mercancía. Su gestión, por un lado, limita el acceso a las familias que no tienen suficientes recursos económicos y, por otro, perpetúa la constante violación de derechos humanos asociada al modelo de obtención de recursos energéticos basado en la extracción hacia el exterior.

Ante esta situación, se hace imperativo buscar alternativas. Desde Enginyeria sense Fronteres defendemos un cambio de paradigma en el modelo de desarrollo, producción y consumo, que se base en el respeto y la protección de los derechos humanos y del medio ambiente y que tenga en cuenta la sostenibilidad de los bienes comunes disponibles. Planteamos también un cambio de modelo que nos lleve a un escenario de soberanía energética, donde los espacios de decisión sean liderados por la ciudadanía, no solo como herramienta de garantía de un modelo sostenible y socialmente justo, sino también como elemento democratizador del acceso a la energía.

Actualmente, estamos inmersas en el debate político y ciudadano de la transición energética. Hay un consenso global que nos dice que el actual modelo energético, mayormente basado en energías fósiles, es insostenible; tanto las instituciones como la sociedad civil, el mundo empresarial y el tercer sector coinciden en la necesidad de transitar hacia una matriz energética basada en energías renovables. Las grandes corporaciones que dominan el panorama energético no son ajenas a este proceso y se están sumando, con la velocidad que sus amplios beneficios les permiten, a la generación renovable.

Sin embargo, observamos a nuestro alrededor distintos hechos que hacen necesaria una reflexión alrededor de la transición energética: municipios que alertan sobre la amenaza que suponen los megaproyectos de renovables, las mismas grandes corporaciones que buscan acceder a fondos públicos para financiar su supuesta transición y mantener los beneficios, o la ausencia de conceptos tan necesarios como el decrecimiento en los sectores mainstream.

No hay duda de la importancia de transitar hacia una energía más verde, pero solamente con esto no alcanzaremos la soberanía energética. La transición a las renovables debe ir acompañada de una democratización del modelo energético, de participación ciudadana vinculante, de una generación energética vinculada a los territorios y a las personas que los habitan; debe deshacerse de grandes empresas transnacionales que solo operan bajo la búsqueda de beneficio económico y generan precariedad energética tanto en el Norte como en el Sur global. Debemos decrecer y generar nuevos consensos que asuman la energía como un derecho indispensable para la vida y reconozcan y prioricen sus usos sociales y de cuidados. Debemos rechazar todo extractivismo, fósil o renovable.

Este estudio pretende aportar más luz sobre cuáles son en realidad los impactos de las energías renovables a gran escala en el Sur Global, y así poder contribuir a la reflexión sobre qué aspectos es necesario cambiar del actual modelo energético más allá de las fuentes de generación de la energía.

Es voluntad de Enginyeria sense Fronteres generar espacios para que las propias comunidades afectadas relaten las vulneraciones a las que se han visto sometidas por parte de grandes corporaciones que operan en el mercado energético del Estado Español. Por ello, las tres capítulos que conforman este informe proceden de distintas autorías que han vivido o han sido testimonios del conflicto. Creemos que este carácter coral aporta riqueza y contribuye a hacer escuchar voces que algunos querrían silenciar.

Descarga el estudio

L’alumnat de l’Escola Guinardó explica al barri què és la pobresa energètica

A través d’un projecte d’aprenentatge i servei comunitari, les alumnes han preparat un vídeo de difusió sobre la problemàtica

Horta-Guinardó és un dels districtes més afectats de Barcelona i les estudiants han compartit amb les veïnes els efectes de la pobresa energètica

Un grup d’estudiants de l’Escola Guinardó han treballat conjuntament amb Enginyeria Sense Fronteres en un projecte d’aprenentatge i servei comunitari per difondre al seu entorn la problemàtica de la pobresa energètica. Després d’unes sessions introductòries, l’alumnat va decidir elaborar un vídeo explicant el fenomen, en el qual s’inclouen situacions pràctiques dels efectes de la pobresa energètica en les famílies que la pateixen. Al vídeo s’hi pot accedir mitjançant un codi qr, que s’ha repartit a moltes veïnes del barri en una jornada al carrer davant del Mercat del Guinardó. A més, també van dissenyar un pòster que ha servit per cridar l’atenció a la gent que s’apropava a fer la seva compra quotidiana.

El projecte culminarà amb la representació de l’obra de teatre L’Apagada, a càrrec de Xucrut Teatre, una peça que explica la vida d’una família que es troba a l’atur i que té dificultats per fer front a les seves factures de subministraments bàsics. La representació, que serà gratuïta i per la qual caldrà reservar entrada, tindrà lloc al Centre Cívic Navas el proper 23 de juliol de 2021. Més informació aquí: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/navas.

Amb la col·laboració de:

Resposta davant la denúncia d’“Abogados Catalanes por la Constitución”: una acusació sense fonamentació jurídica ni ètica

El passat 15 de març alguns mitjans de comunicació van publicar que s’havia presentat una denúncia davant de Fiscalia que implica les nostres entitats i es signa sota la denominació d’”Abogados catalanes por la Constitución”, una entitat vinculada a Societat Civil Catalana i els grans poders econòmics que fa ús del poder judicial per perjudicar els seus adversaris polítics.

Sobre els fets que es denuncien

La denúncia atribueix possibles delictes a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la regidora Laura Pérez, les ex-regidores Laia Ortiz i Gala Pin i la directora de l’Observatori DESC, Irene Escorihuela, en relació amb un conveni de col·laboració que es desenvolupa des de 2012 -per tant, previ a l’arribada de Barcelona en Comú a l’Ajuntament- i que està justificat i auditat anualment.

Com en altres ocasions, com a entitats que treballem en la defensa dels drets socials, ens preguntem si val la pena adreçar algun tipus d’esforç a respondre una acció mancada d’una mínima raonabilitat jurídica i, en conseqüència, d’una mínima actitud ètica. Ara bé, la novetat aquesta vegada és el mitjà que s’utilitza: ja no estem davant d’una informació aïllada, no contrastada i posteriorment difosa per xarxes o per algun diari, sinó que el soroll es vol crear a través d’acusacions greus de tipus penal, podríem dir fent ús del lawfare. Sigui com sigui, ens limitarem una vegada més a exposar una senzilla explicació que, en condicions normals, hauria de servir per esgotar el recorregut d’aquest tipus d’actuacions.

No és la primera vegada que aquestes campanyes polítiques de desprestigi, sovint orquestrades pels lobbies econòmics, embruten la feina de defensa de drets que fem les entitats de drets humans. Més enllà de l’evident atac polític a l’Ajuntament de Barcelona, aquesta denúncia, 9 anys després de l’inici del projecte, no la podem deslligar de la tasca de les entitats sotasignants i altres col·lectius en defensa de l’habitatge i l’energia. És evident que es vol coartar la feina dels moviments socials que lluiten per garantir drets per a totes.

El nostre paper com a organitzacions de defensa dels drets humans

Aquest cop han estat quatre les entitats socials a les quals es pretén perjudicar. L’Observatori DESC és una organització amb més de 20 anys de vida que és internacionalment reconeguda per la vàlua de la seva tasca en defensa dels drets humans en general i dels drets socials en particular. En el marc d’aquesta trajectòria, l’any 2012, durant el mandat de Xavier Trias (CiU), l’Ajuntament de Barcelona va aprovar un conveni de col·laboració que ha estat reeditat fins arribar a l’actualitat i que ha permès un intens treball al voltant de la defensa del dret a l’habitatge i als subministraments bàsics. Així doncs, l’actual consistori únicament ha continuat un projecte que ja portava en execució 4 anys, atès que la situació d’emergència habitacional i pobresa energètica es perpetuava a la ciutat.

Cal recordar que, en les darreres edicions, aquest projecte ha enxarxat la feina de l’Observatori DESC i d’Enginyeria Sense Fronteres, associació amb més de 25 anys de trajectòria que treballa per garantir l’accés universal als serveis bàsics, acompanyant el canvi social i l’enfortiment de les poblacions. Conjuntament amb la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca de Barcelona i l’Aliança contra la Pobresa Energètica, hem abordat la problemàtica de les vulneracions del dret a l’habitatge i la pobresa energètica.

El projecte “Dret a l’habitatge i a l’energia: empoderament col·lectiu i assessorament jurídic social” té com a finalitat oferir respostes a persones i/o famílies que es troben immerses o ja han patit processos de desnonaments o bé que es troben en risc de patir-lo, així com aquelles que no poden garantir l’accés als seus drets energètics. Com a aportació ben tangible, les actuacions que inclou el projecte permeten: disposar d’una base de dades estadística sobre les vulneracions diàries d’aquests drets, realitzar recerca; publicar informes anuals sobre l’estat del dret a l’habitatge i a l’energia (consulteu aquí el darrer); analitzar i fer incidència sobre les noves lleis o polítiques que poden vulnerar drets o que poden protegir-los; col·laborar a formular propostes legals i de política pública per la garantia d’aquests; elaborar documents amb eines jurídiques per defensar el dret a l’habitatge i l’energia; identificar els actors i interessos que controlen el mercat de l’habitatge i l’energia; reforçar en xarxes internacionals la protecció d’aquests drets, etc.

Sobre les subvencions a projectes

Els convenis són mecanismes de col·laboració recollits per llei i àmpliament coneguts (Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic) que els ajuntaments i totes les administracions públiques tenen al seu abast com a eina per abordar el compliment de les seves competències, comptant amb la feina d’entitats socials o de qualsevol tipus. L’Ajuntament de Barcelona té actualment convenis amb diverses entitats socials, culturals i d’altres, que es poden consultar al registre administratiu corresponent, a més de subvencions en règim de concurrència competitiva. La seva aplicació comporta un estricte procediment periòdic de justificació, amb el filtre d’una auditoria independent, el qual les diferents reedicions del projecte han superat sense cap tipus d’incident, incloent el control dels diferents grups polítics amb representació al Ple del consistori.

Pensem que no cal alimentar una nova polèmica artificial. En el propi escrit de denúncia, de la seva total inconsistència es conclou una intencionalitat merament política i un ús esbiaixat de les denúncies davant la Fiscalia. Les entitats socials som aquí afectades per danys col·laterals, però estem orgulloses i convençudes de la feina que fa el sector social i que des de les administracions s’hi doni suport.

Lamentem per tant l’actuació de l’associació “Abogados Catalanes por la Constitución”, que suposa un nou intent de debilitar la defensa dels drets socials d’amplis sectors de la població i la capacitat per qüestionar els interessos de determinats actors privilegiats. Estem, però, convençudes que aquests intents no tindran més ressò del que mereixen. Qualsevol persona que vulgui conèixer a fons la tasca que realitzem pot consultar les nostres webs (web Enginyeria Sense Fronteres, web Observatori DESC, web PAH Barcelona, web Aliança contra la Pobresa Energètica).

Presentem en castellà l’ESFeres 15: Com garantir l’assequibilitat del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament mitjançant les tarifes

Aquest estudi pretén analitzar en una petita mostra de municipis si l’estructura tarifària i el preu que els habitants d’aquestes localitats paguen per la factura de l’aigua permet el compliment de la garantia del dret humà a l’aigua. Per això es considera tant l’estructura tarifària i els preus aplicats de forma general, com l’existència de mesures a aplicar en casos de dificultats econòmiques.

La traducció al castellà ha estat possible gràcies a la col·laboració amb l’AECID i Mundubat.

Descarrega ESFeres 15: Com garantir l’assequibilitat del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament mitjançant les tarifes en castellà aquí.

També el trobaràs en català aquí.

El dret humà a l’aigua, aterrant el debat a Tarragona

El passat divendres 26 de maç va tenir lloc l’acte de presentació de l’ESFera 29, amb títol “La defensa de la gestió pública i democràtica de l’aigua. Anàlisi i eines per el debat a Tarrgona”, realitzada per la Isabel Vilaseca Boixareu, investigadora de CICrA Justicia Ambiental i activista del grup de Tarragona d’ESF.

L’estudi, emmarcat en el projecte d’EPD, “Un accés universal i una gestió més justa de l’aigua i l’energia a Tarragona i el Sud Global”, té com a objectiu principal fer una radiografia de la situació mundial, estatal i catalana de las gestió pública de l’aigua i situar Tarragona en aquest context, amb la finalitat última d’oferir algunes eines que ajudin a encarar la discussió sobre el tema entre moviments socials i administracions públiques d’aquesta ciutat.

L’estudi aspira a assumir vàries funcions: ser alhora un mapa conceptes bàsics, una retrospectiva històrica, un recull d’experiències locals i globals i una caixa d’eines jurídiques. Atès que està escrit des de dins dels moviments socials en defensa la gestió pública i democràtica de l’aigua a Catalunya, opera també com anàlisi introspectiu, com a revisió crítica del recorregut traçat fins ara i com a identificació de possibles passes futures. Així mateix, a l’estudi predomina una clara intenció de promoure un intercanvi horitzontal d’experiències i coneixements entre el sud i el nord global, així com donar a conèixer a Tarragona els aprenentatges adquirits en el marc dels projectes relacionats amb el dret humà a l’aigua, que ESF duu a terme a l’Equador.

La presentació de l’estudi va anar precedida de la intervenció del Dante Maschio Gastelaars, en la qual, a mode de introducció a la temàtica, va presentar els resultats de l’ESFera 25, escrita per ell mateix i publicada al 2019, en la qual es fa una anàlisi crítica sobre l’ODS6 de Nacions Unides.

Descarrega aquí l’estudi

No hay vida digna sin suministros garantizados: diez grupos con representación parlamentaria apoyan las medidas ciudadanas para prohibir los cortes

Representantes de diez grupos políticos del Congreso suscriben las medidas propuestas y exigen a la ministra Teresa Ribera la protección de todas las familias vulnerables.

Numerosas entidades sociales reclaman la implementación del principio de precaución, un periodo de carencia sin cortes de suministro de agua, luz y gas y la redefinición de la figura de consumidor vulnerable.

Madrid, 17 de diciembre de 2020

A las puertas del invierno y en plena pandemia, numerosas entidades sociales han impulsado un manifiesto para exigir al Gobierno central y a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera el fin de los cortes de suministros y la implementación de una serie de medidas para garantizar la protección de todas las familias en situación de vulnerabilidad. Exigen así al Ejecutivo de Pedro Sánchez tres mecanismos efectivos para evitar cualquier interrupción de suministro de agua, luz y gas en hogares vulnerables: principio de precaución, periodo de carencia y redefinición de consumidor vulnerable.

En una rueda de prensa que ha tenido lugar en el exterior del Congreso de los Diputados, y ante los recientes anuncios del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir los desahucios y garantizar los suministros a las familias vulnerables, las portavoces de los movimientos ciudadanos han presentado tres medidas de urgencia, que protegerían al conjunto de familias que sufren la pobreza energética y el riesgo de corte:

La aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto-ley que vuelva a proteger a los miles de familias que a día de hoy pueden sufrir un corte de agua, electricidad o gas. Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encabezado por la ministra Teresa Ribera, debe impulsar cuanto antes el establecimiento del principio de precaución, una herramienta que obligue a las compañías suministradoras a consultar con los Servicios Sociales competentes la situación de cualquier familia afectada por un aviso de corte y a garantizar sus suministros en el caso de que cumpla con unos baremos específicos de vulnerabilidad. A su vez, las facturas impagadas que deriven de la aplicación de este mecanismo se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100% por las propias compañías de todos los segmentos implicados.

La promulgación de un periodo de carencia que evite cualquier interrupción de suministro en el ámbito doméstico, que tendrá como fecha límite la puesta en funcionamiento del principio de precaución. Se trata de una medida excepcional y urgente si se quiere garantizar el acceso a energía y agua en invierno y en plena pandemia.

La redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que abarque los suministros de agua y gas natural junto al de la electricidad, y que pueda ampliar los actuales requisitos de acceso por lo que al nivel de renta se refiere, dado que los mismos no se ajustan a la realidad social de la ciudadanía española y excluyen a una gran cantidad de familias de la protección frente al corte.

En este sentido, se ha incidido en que el derecho a una vida digna conlleva el reconocimiento de los derechos humanos a la vivienda, a la salud, al agua potable y al saneamiento, así como a la disponibilidad de servicios básicos como la luz y el gas. Por tanto, la exigencia de prohibición de cortes de suministro debe necesariamente abarcar el agua, la electricidad y el gas, así como los desahucios.

Coincidiendo con la rueda de prensa, esta semana se han conocido diferentes noticias relacionadas con esta problemática. Según las informaciones aparecidas en distintos medios, se calcula que solo entre octubre y noviembre, una vez levantada la moratoria aprobada en marzo, se han producido hasta 30.000 cortes de suministro en todo el Estado.

Como respuesta, el Gobierno anunció el pasado martes tras la reunión del Consejo de Ministros la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSS), con aportaciones de las compañías, que permitiría reducir la factura eléctrica al menos un 13 % en el plazo de cinco años. A su vez, la portavoz María Jesús Montero adelantó que el Ministerio de Ribera estaba trabajando en una disposición adicional que se añadiría a alguno de los próximos reales decretos-ley impulsados por el Ejecutivo en la que se garantizaría literalmente “que ningún consumidor vulnerable va a tener un problema con el corte de los suministros”.

A pesar de las buenas intenciones, en el pasado se ha visto cómo la mayoría de medidas aprobadas acaban siendo insuficientes porque no abarcan el conjunto de familias afectadas, bien porque no incluyen los suministros de agua o gas, porque circunscriben la protección exclusivamente a las personas beneficiarias del bono social eléctrico o porque no tienen en cuenta la complejidad de los colectivos que sufren pobreza energética (titularidad del suministro, desconocimiento de los mecanismos de protección, trampas de las compañías, etc.).

Las medidas que provienen de las entidades que día tras día trabajan directamente con las familias afectadas son, a juicio de estas organizaciones, las más efectivas para hacer frente a la situación y garantizar de este modo los derechos básicos de toda la ciudadanía, particularmente la más vulnerabilizada. Es necesario que las medidas excepcionales que ahora se tomen se consoliden y tornen en normales después de la crisis sanitaria mediante las oportunas iniciativas legislativas. También reclaman al Gobierno que concrete los procedimientos que propone para afrontar las deudas acumuladas durante la pandemia que, en todo caso, deberán tener en cuenta criterios de equidad y asequibilidad.

El manifiesto con las medidas ha sido promovido por Aigua és Vida, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Red Agua Pública (RAP).

A su vez, ha contado con el apoyo de los siguientes grupos con representación parlamentaria:

Unidas Podemos
Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes
Junts per Catalunya-Junts
En Comú Podem-Guanyem el Canvi
Euskal Herria Bildu
Más País-Equo
CUP-Per la ruptura
Nueva Canarias-Coalición Canaria
Bloque Nacionalista Galego
Més Compromís

El documento presentado hoy es una prueba más de que las medidas propuestas son viables y cuentan con un amplio apoyo. El Partido Socialista y la ministra Teresa Ribera no pueden seguir retrasando la protección de todas las familias españolas frente al corte. Por último, las organizaciones consideran que, tal y como se afirma en el manifiesto, no hay una vida digna si no se garantizan los derechos básicos y exigen que se ponga fin a los cortes de suministros.

Aigua és Vida

Alianza contra la Pobreza Energética

Coordinadora de Vivienda de Madrid

Ecologistas en Acción

Enginyeria Sense Fronteres

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

Red Agua Pública

L’Hospitalet i Maputo s’uneixen envers l’enfortiment de la sostenibilitat social i ambiental

Enginyeria Sense Fronteres, en col·laboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, crea el primer centre de compostatge comunitari a la capital de Moçambic i comença a comercialitzar el compost.

La ciutat de Maputo genera 1134 tones al dia de residus, i el sistema de gestió de residus sòlids a la ciutat presenta greus problemes. És per aquest motiu que l’abocador municipal de Hulene, que és el més gran del país, es veu molt sovint sobrecarregat. De fet, és en aquest mateix abocador que van morir al febrer del 2018 almenys 17 persones en un devessall d’escombraries.

En els últims anys s’ha anat fent més visible la necessitat de dissenyar i construir ciutats més inclusives i amb ambients més saludables, en gran mesura, pels beneficis que pot aportar a tots els col·lectius ciutadans en termes de sostenibilitat. En contextos com Maputo, la implementació d’accions adreçades al desenvolupament sostenible progressen més lentament. En consonància amb el mandat de les Nacions Unides envers el desenvolupament sostenible, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat col·labora amb Enginyeria Sense Fronteres de Catalunya (ESF) donant suport a l’hora de conduir accions per tal d’enfortir certes àrees dels ODS a la ciutat de Maputo (Moçambic).

El sistema de gestió de residus sòlids a la ciutat de Maputo presenta greus problemes i és per aquest motiu que l’abocador municipal de Hulene, que és el més gran del país, es veu molt sovint sobrecarregat. De fet, és en aquest mateix abocador que van morir al febrer del 2018 almenys 17 persones en un devessall d’escombraries.

És per això que, des de 2015, ESF treballa en aquesta problemàtica en un dels barris amb més ciutadans de Maputo (KaMaxakene i KaMuvukwana). Als barris periurbans de Maputo la majoria de residus sòlids generats correspon al residu orgànic. Així doncs, en els últims anys, amb l’objectiu de reduir la quantitat d’aquests residus a la ciutat, ESF i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat han apostat pel primer projecte pilot creant a l’Institut Industrial de Maputo (IIM) el primer Centre de Compostatge Comunitari amb la col·laboració de la Plataforma de Desenvolupament de Maxaquene, l’Associació de Microempreses de Prestació de Serveis AMMEPS, l’Associació d’Estudiants Tècnics (AETEC) i funcionaris del propi IIM.

Es van fabricar les 8 composteres comunitàries instal·lades en el recinte de manera ordenada a partir de palets reciclats i adquirits al mercat. Després d’aquest pas, es van realitzar les gestions necessàries amb els mercats municipals de Kompone i Xikelene per a la recollida de material orgànic suficient per possibilitar el muntatge de les composteres.

Després d’aquesta primera experiència, el 2019 es va replicar a major escala en l’anell verd de Maputo, concretament en el districte municipal de KaMuvukwana, amb la creació del Centre de Compostatge de Choupal que va suposar una rehabilitació de l’antiga casa agrària pertanyent a la Direcció municipal d’Agricultura. Es van instal·lar 16 composteres que continuen en marxa en l’actualitat gràcies a la col·laboració de productors i productores i personal tècnic del municipi. Això ha permès reduir, en gran mesura, el residu orgànic i sensibilitzar a la comunitat sobre els seus usos per a enriquiment de sòls i millora d’inputs per a les seves hortes.

Actualment, l’equip de seguiment del procés de compostatge de tots dos centres ja realitza les seves activitats, portant un control exhaustiu del desenvolupament de les composteres, revisant i mesurant cada setmana la humitat, la temperatura, la ventilació, el Ph, i d’altres, del compost que s’està produint. El primer compost de l’IIM va servir per a enriquir els seus horts comunitaris i afavorir així els cultius hortícoles per a la comunitat, al mateix temps que es sensibilitzava per a la promoció del compostatge urbà i domèstic a la ciutat.

“Com a primera experiència pilot en compostatge, aquest centre suposa un trampolí per a submergir-nos en l’àrea de reciclatge de residu orgànic, el més produït a la ciutat, per a donar-li un ús útil i per a millorar la seva gestió en els mercats” explica el tècnic d’incidències de ESF Isildo Nhantumbo.

Així, durant l’any 2020, s’ha continuat treballant en la mateixa línia potenciant el Centre de Compostatge de Choupal i es pot dir que, després de 3 anys treballant en compost, i després d’implementar millores i realitzar compost a una escala major, hem fet un pas més per estabilitzar els processos de producció i comercialització del compost produït. “Es tracta d’un procés d’aprenentatge a llarg termini que els productors i productores de la zona estan assimilant bé i replicant en les seves pròpies hortes, estem molt contents amb els resultats i esperem el 2021 començar amb la comercialització del compost produït als mercats de la ciutat” conclou Eveline Nguiraze, tècnica social promotora d’ESF a Maputo.

Aquest projecte suposa un gran desafiament per a aconseguir la reducció de residu orgànic de la ciutat, ja que el seu impacte real només podrà veure’s a llarg termini perquè implica un canvi rellevant d’hàbits i del comportament de la ciutadania.

La crisi sanitària de la Covid19 a El Salvador

La història d’El Salvador ve caracteritzada per constants conflictes interns pel territori, essent la Guerra Civil acabada el 1992 la darrera confrontació bèl·lica rellevant. Avui dia, el país afronta l’existència de les maras que tenen com a objectiu el control sobre els territoris. En aquest context i la manca de regulació estatal, el dret humà a l’aigua no està garantit i hi ha una clara vulneració que es pot il·lustrar amb els següents exemples:

Fins el 2016, el 40% de la població de Nejapa no té accés a aigua potable, tot i que la regió abasta el segon aqüífer més gran del país. El recurs és privatitzat per la Coca-cola, entre d’altres.
El 2017 es prohibeix la mineria metàl·lica al país, ja que la indústria és causant de la contaminació de les aigües, tot deixant la població sense recurs.
Tot i existir una Ley Integral del Agua redactada aquesta encara no ha estat aprovada

El Salvador és un país centreamericà que es troba lluny d’assolir una verdadera seguretat hídrica. En general, el problema de l’abastament d’aigua potable de les col·lectivitats rurals és més difícil que el de les ciutats. La dispersió de la població i la manca d’un pla estatal, així com l’escassa voluntat política, són alguns factors que aguditzen i compliquen considerablement la solució del problema. A més, el seu marc jurídic i institucional es troba fragmentat i genera un xoc de competències entre entitats. El Salvador necessita una llei que asseguri a la ciutadania el dret a l’aigua.

Taula comparativa d’El Salvador i Catalunya de dades demogràfiques i sobre el recurs hídric.

PRECEDENTS POLÍTICS 2019

En el context polític de 2019, s’ha agreujat la situació sobretot per les retallades en el sector de la sanitat, per l’increment de desigualtats a causa de les retallades al sector social i pel silenci davant les desaparicions i assassinats.

El juny de 2019 inicia amb una victòria electoral del candidat de dretes Nayib Bukele. Durant el seu mandat s’han produït diversos fets en detriment de la població i els seus drets:

Deficient gestió en els àmbits de SALUT I D’AIGUA: Desmantellament de la Reforma Integral de Salut: tancament d’Equips Comunitaris de Salut (ECOS) i acomiadament del personal encarregat de les estratègies de control de malalties. Les morts a finals del 2019 per dengue, pneumònia i diarrea augmenten una mitjana del 46% respecte finals de 2018.

Silenci davant la INSEGURETAT CIVIL: No posicionament envers les persones migrants (inclosos infants) detingudes, perseguides i engarjolades a la frontera dels EEUU. Durant l’any 2019 hi ha 2.390 assassinats i 3.202 persones reportades com a desaparegudes. No hi ha dades de la quantitat de persones desaparegudes que després són trobades amb vida.

Retallades als SERVEIS BÀSICS: Es produeix un encariment dels subministraments bàsics: El gas s’encareix per unes 100.000 famílies, en retallar 9 milions de dòlars de subsidi.

Increment de les DESIGUALTATS: El tancament de cinc secretaries de Casa Presidencial dedicades a l’àrea social. Desmuntatge de programes socials i econòmics per la població vulnerable. El Govern de Bukele colpeja 20 programes: 15 es tanquen i 5 tenen retallades pressupostàries, tot i que alguns per llei no es poden tocar. Al juny, en acomiadar personal públic i retallar en serveis i sous, la població es veu afectada monetàriament i hi ha una desaccelerada econòmica, amb gran afectació a les classes mitjanes i baixes.

Manca de TRANSPARÈNCIA: Anunci d’obres públiques de manera precipitada (quatre dies després de la presa de possessió). Préstec de 389 MUSD del Fons Monetari Internacional (FMI).

DURANT LA COVID-19

La crisi sanitària de la COVID-19 no s’ha gestionat de la manera òptima: s’ha aprofitat per fer polítiques de repressió i de divisió dins la societat. Un exemple molt clar és que el número d’infectats i la quantitat de persones tancades en centres de quarantena no es correspon de manera proporcional. I és que 7/10 salvadorencs viu de l’economia informal i s’han vist forçats a incomplir la quarentena domiciliar decretada per l’estat, qui no té suficient partida pressupostària per a mitigar la crisi. Les Juntes d’Aigua (JdA) s’han vist afectades per la suspensió de pagaments de serveis bàsics anunciada el 18 de març. Les JdA operen autogestionadament sense superàvit i la suspensió del seu pagament implica que no es pugui garantir la cloració de l’aigua per tal de potabilitzar-la

SALUT: No es garanteix el dret sanitari: Manca material i equips mèdics, els serveis d’atenció telefònic es troben col·lapsats, manca difusió i sensibilització a la població sobre mesures d’higiene, així com recursos pel sanejament, no se sectoritza als centres de quarentena (CCC)… Tot i que el 100% de CCC compten amb accés a inodors i rentamans, es desconeix en quines condicions estan i si hi ha instal·lacions per a dutxar-se. Per tots aquests motius, es requereix la intervenció internacional, on diverses ONGs (UNICEF, PROVIDA, EDUCO, Cruz Roja… ) aporten els seus recursos.

ALIMENTACIÓ: Es detecten 630.000 persones amb inseguretat alimentària. Els col·lectius més afectats són els petits productors i jornalers de cafè, aqüicultors i pescadors. El 46% de tota la població investigada gasta més de el 75% de l’ingrés familiar en aliments. Tot i haver ajudes per part del govern, com ara el Programa de Bienestar Social, no són suficients i arriben amb retard per a moltes famílies.

SEGURETAT CIVIL: Augmenta la inseguretat nacional: Increment de les deportacions nord-americanes i CCC col·lapsats, detencions arbitràries segons perfil ètnic, manca de transparència als centres de quarentena, manca de mecanismes de denúncia de violacions als DDHH…

AIGUA: Més del 20% de la població rural és proveïda per Juntes Rurals d’Aigua (JRA), el funcionament del qual depèn del pagament mensual efectuat pels usuaris. Com que no és efectiu, hi ha risc de suspensió del servei a les llars. Les JRA no compten amb un suport econòmic que els permeti garantir el seu funcionament regular sense ingressos

ECONOMIA: 7/10 salvadorenys viu de l’economia informal. La situació fiscal és cada cop més restrictiva per finançar mesures com ara la sustentació de llocs de treball, o la promoció d’inversions. Per tant, cal precisar els grups amb majors condicions de vulnerabilitat per ser atesos prioritàriament. Malgrat això, la capacitat pressupostària estatal està endeutada per 30 anys amb el FMI i, per això, està limitada

DADES

Les dades mostren com s’ha aprofitat la pandèmia per controlar el dret al lliure moviment. La taxa de mortalitat no supera el 3%