Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “toda persona tiene derecho a un nivel de vida que asegure, tanto para ella como para su familia, salud y bienestar, especialmente en lo que concierne a la alimentación, la vestimenta, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.  De hecho, el acceso a una vivienda adecuada ha sido reconocido como uno de los determinantes sociales de las desigualdades en salud (Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España) y se han documentado diversos impactos negativos de la inseguridad residencial sobre la salud física y mental de las personas.

El acceso a los suministros básicos es sin duda un aspecto esencial de una vivienda digna. El agua y la energía no solo posibilitan las tareas de cuidados y el confort térmico, entre otras necesidades vitales, sino que también posibilitan la interacción y participación social a través del uso de aparatos eléctricos. Un estudio exhaustivo realizado por la Plataforma de Afectadxs por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Enginyeria Sense Fronteres y el Grupo de Vivienda de la Agencia de Salud Pública muestra cómo el acceso inadecuado o insuficiente a la viviendo y/o suministros básicos tiene fuertes impactos en la salud general, en la prevalencia de trastornos crónicos, en el uso de servicios sanitarios y, especialmente, en la salud mental. De hecho, el 80% de los hombres y el 79% de las mujeres entrevistadas en este informe presentaba riesgos de sufrir problemas de salud mental, cuando estos indicadores en la población general son del 14,5% y  del 19,5%, respectivamente.

El no poder mantener la casa a una temperatura adecuada, no poder hacer frente a las facturas o no poder siquiera regularizar los suministros genera fuertes sentimientos de ansiedad, de impotencia y de culpa en las familias, que se ven obligadas a lidiar con estos problemas de forma individual y, a menudo, se sienten estigmatizadas y faltas de apoyo. Conscientes de estos malestares, proponemos abordarlos de manera colectiva y desde lo político, con el objetivo último de trasladar la responsabilidad que actualmente sienten las familias al modelo energético, basándonos en que el acceso a los suministros básicos es un derecho de las familias que nunca debería depender de su capacidad de pago. 

El grupo de apoyo mutuo es un espacio donde nos juntamos, compartimos preocupaciones y nos acompañamos desde lo cercano y lo concreto. Se trata de una herramienta de empoderamiento, igual que los asesoramientos colectivos quincenales, pero en esta ocasión con un funcionamiento que pone énfasis en la salud y que se desarrolla desde un espacio de seguridad y confianza más reducido, que va generando esa red en la que sostener, entre tod@s, los malestares e impactos del modelo energético en el que vivimos pero también otras vulneraciones y situaciones fruto de tantos otros ejes de desigualdad: la realidad material y económica de cada un@, el género, la diversidad funcional, la edad, la situación de salud. Es un lugar donde segar esas cadenas que nos oprimen como individuos, siendo conscientes de ellas, generando bienestar y dignidad de forma colectiva.

Juntes encarem aquests últims dies per aconseguir l’òptim

A una setmana de finalitzar la campanya #AcosoDeEndesaAJuicio volem agrair la participació i el compromís de totes per fer-ho possible. En aquests poc més de trenta dies hem aconseguit superar el mínim necessari per portar a judici els cobradors d’Endesa per fer-se passar per funcionaris judicials.

Ens ajudeu a aconseguir l’òptim?

I recorda, les aportacions a Goteo tenen una desgravació de fins a un 80%, aprofita els avantatges fiscals!

Fes la teva aportació i/o comparteix a les xarxes socials!

La prohibición de cortes de suministro: un logro de las entidades sociales con demasiados interrogantes

  • Tras la presión de la ciudadanía organizada, el Gobierno central impulsa finalmente una moratoria durante el estado de alarma para los suministros de electricidad, gas natural y agua
  • La medida protegerá a las familias con bono social y a las que cumplan los requisitos para acceder a él, pero cuenta con algunas lagunas muy preocupantes

22 de diciembre de 2020

Finalmente la presión ha surtido efecto. Tras más de un mes de campaña, las entidades sociales hemos conseguido que la Ministra Teresa Ribera, al frente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ceda en sus primeras intenciones e impulse una nueva moratoria de cortes de suministros mientras se encuentre en vigor el actual estado de alarma. La medida, que no será tan garantista como la moratoria del mes de abril, cubrirá los suministros de electricidad, gas natural y agua y se beneficiarán aquellas familias que dispongan del bono social eléctrico o cumplan los requisitos para acceder al mismo.

Cabe destacar que el presente análisis se basa en el texto filtrado a los medios de comunicación y las informaciones publicadas por el mismo ministerio, a la espera de su publicación definitiva en el BOE, prevista para el día de mañana. Según la información recibida, la prohibición de cortes se reflejaría en una disposición adicional con tres apartados, que desarrollan su alcance y los posibles beneficiarios.

En primer lugar, la protección abarcaría tan solo el horizonte temporal del actual estado de alarma, prorrogado hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021 por el Real Decreto 956/2020. Según el texto, la garantía incluiría los suministros de energía eléctrica, gas natural y agua. Las personas protegidas serían “aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017”.

Además, se extendería la protección a aquellas personas que, no pudiendo acreditar la titularidad del contrato de suministro, cumplan con los requisitos que dan derecho al reconocimiento de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 897/2017”. Este artículo está pensado para aquellas familias que, debido a su situación en la vivienda (alquiler de habitaciones, inquilinos con el contrato a nombre del propietario), no dispongan de la titularidad del contrato. Las mismas deberían acreditar ante la compañía suministradora su condición de consumidoras vulnerables mediante un informe de Servicios Sociales o de entidades del Tercer Sector colaboradoras de la Administración General del Estado. 

En este sentido, la primera de las lagunas detectadas se encuentra en la definición de consumidor vulnerable del Real Decreto 897/2017, que obliga a las familias a estar acogidas al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), es decir, a tener su suministro eléctrico en el llamado mercado regulado. En un escenario ideal, desearíamos que todos los consumidores vulnerables tuvieran contratada la tarifa PVPC y contasen con el correspondiente bono social. No obstante, hasta un 30,4% de los españoles desconocen la existencia del bono social. Este grado de desconocimiento viene asociado a que, según datos de la CNMC, en 2019 un 62% de los puntos de suministro (muchos de ellos de familias vulnerables) tenían contratada una tarifa en el mercado libre. Estos datos corroboran una situación que vemos cotidianamente en nuestras asambleas e intervenciones directas con personas afectadas: muchas familias vulnerables se encuentran aún en mercado libre y no disponen de bono social. Estas familias no estarían protegidas frente al corte.

Por otro lado, también cabría destacar que la protección general sólo incluiría a aquellas familias que cumplen con los requisitos históricos del bono social (artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017), pero no a los nuevos beneficiarios afectados por la crisis de la COVID-19 (artículo 28 del Real Decreto-ley 11/2020). En estos casos, sólo evitarían el corte aquellos hogares con menores de 16 años, personas con discapacidad o dependientes. 

El segundo de los problemas detectados reside en que no queda claro si para acceder a la protección las familias deben disponer del bono social eléctrico en vigor o basta con cumplir con los requisitos, teniendo en cuenta que se menciona que éstas deben presentar la última factura eléctrica en la cual se contemple que son beneficiarias del bono social para evitar el corte de gas o agua. Asimismo el apartado tercero parte de estas mismas premisas, solo se dirige a aquéllas que no puedan “acreditar la titularidad del contrato de suministro”. Por tanto, ¿qué ocurre con las personas que cumplen los requisitos, tienen el contrato a su nombre, pero no disponen de bono social? A nuestro entender, existen dudas sobre si estarían protegidas del corte antes de acceder a los descuentos del bono social, un trámite que puede demorarse durante meses, sin tener en cuenta el desconocimiento antes mencionado.

En tercer lugar, la disposición adicional establece que la familia es quien debe acreditar su situación ante la compañía (o los Servicios Sociales o entidades sociales en el caso de que el contrato no esté a su nombre). Creemos que, una vez más, situar la responsabilidad en las familias, y no en las entidades suministradoras, es un error. 

Al mismo tiempo, no se incluye referencia alguna a quien asumirá el coste de las facturas que las familias no puedan pagar, ¿generará esto un endeudamiento más en esas mismas familias?. 

Por ello, desde las entidades iniciamos una campaña para hacer llegar nuestras propuestas al Ministerio. El pasado 19 de noviembre nos reunimos con la Ministra Ribera, la Secretaria de Estado Sara Aagesen y sus equipos para proponer tres medidas claves:

  • Principio de precaución que obligue a las compañías a preguntar a los Servicios Sociales sobre la situación de la familia antes de cualquier corte y a garantizar el suministro si se produce una situación de vulnerabilidad. A su vez, las facturas impagadas que deriven de la aplicación de este mecanismo se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100% por las propias compañías de todos los segmentos implicados.
  • Redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que abarque los tres suministros e incremente los límites de renta, para responder a la realidad social de la ciudadanía.
  • Periodo de carencia sin cortes en todo el ámbito doméstico mientras las anteriores medidas no se implementen.

Unas semanas después, y ante el bloqueo del Ministerio, recabamos el apoyo de hasta diez grupos políticos con representación parlamentaria, que firmaron un manifiesto abogando por la implementación de estas medidas y urgiendo a la ministra Teresa Ribera y al Gobierno de Pedro Sánchez a proteger de forma integral las familias que padecen la pobreza energética.

Es evidente que la prohibición de corte que se anunciará hoy es un paso adelante, que nace gracias a la presión de la ciudadanía organizada. Aun así, las lagunas detectadas nos preocupan ya que entendemos que muchas familias se quedarán al margen de la protección. 

En plena pandemia es necesario garantizar el acceso a la energía y el derecho humano al agua. Exigimos medidas de choque con mayor cobertura para hacer frente al escenario actual, pero también la adopción de iniciativas legislativas y  cambios estructurales que dejen de considerar los suministros básicos como meros servicios mercantiles para considerarlos auténticos derechos exigibles.

Porque no hay vida digna sin suministros garantizados: por el fin de los cortes.

Atención a medios:

Daniel López: 699 300 695

Portavoces:

María Campuzano (Alianza contra la Pobreza Energética y Enginyeria Sense Fronteres): 647 079 507

Miriam Planas (Red Agua Pública, Aigua és Vida): 625 056 699

Paca Blanco (Ecologistas en Acción, Coordinadora de Vivienda de Madrid y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético): 633 328 956

No hay vida digna sin suministros garantizados: diez grupos con representación parlamentaria apoyan las medidas ciudadanas para prohibir los cortes

  • Representantes de diez grupos políticos del Congreso suscriben las medidas propuestas y exigen a la ministra Teresa Ribera la protección de todas las familias vulnerables.
  • Numerosas entidades sociales reclaman la implementación del principio de precaución, un periodo de carencia sin cortes de suministro de agua, luz y gas y la redefinición de la figura de consumidor vulnerable.

Madrid, 17 de diciembre de 2020

A las puertas del invierno y en plena pandemia, numerosas entidades sociales han impulsado un manifiesto para exigir al Gobierno central y a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera el fin de los cortes de suministros y la implementación de una serie de medidas para garantizar la protección de todas las familias en situación de vulnerabilidad. Exigen así al Ejecutivo de Pedro Sánchez tres mecanismos efectivos para evitar cualquier interrupción de suministro de agua, luz y gas en hogares vulnerables: principio de precaución, periodo de carencia y redefinición de consumidor vulnerable.

En una rueda de prensa que ha tenido lugar en el exterior del Congreso de los Diputados, y ante los recientes anuncios del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir los desahucios y garantizar los suministros a las familias vulnerables, las portavoces de los movimientos ciudadanos han presentado tres medidas de urgencia, que protegerían al conjunto de familias que sufren la pobreza energética y el riesgo de corte:

  1. La aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto-ley que vuelva a proteger a los miles de familias que a día de hoy pueden sufrir un corte de agua, electricidad o gas. Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encabezado por la ministra Teresa Ribera, debe impulsar cuanto antes el establecimiento del principio de precaución, una herramienta que obligue a las compañías suministradoras a consultar con los Servicios Sociales competentes la situación de cualquier familia afectada por un aviso de corte y a garantizar sus suministros en el caso de que cumpla con unos baremos específicos de vulnerabilidad. A su vez, las facturas impagadas que deriven de la aplicación de este mecanismo se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100% por las propias compañías de todos los segmentos implicados.
  1. La promulgación de un periodo de carencia que evite cualquier interrupción de suministro en el ámbito doméstico, que tendrá como fecha límite la puesta en funcionamiento del principio de precaución. Se trata de una medida excepcional y urgente si se quiere garantizar el acceso a energía y agua en invierno y en plena pandemia.
  1. La redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que abarque los suministros de agua y gas natural junto al de la electricidad, y que pueda ampliar los actuales requisitos de acceso por lo que al nivel de renta se refiere, dado que los mismos no se ajustan a la realidad social de la ciudadanía española y excluyen a una gran cantidad de familias de la protección frente al corte.

En este sentido, se ha incidido en que el derecho a una vida digna conlleva el reconocimiento de los derechos humanos a la vivienda, a la salud, al agua potable y al saneamiento, así como a la disponibilidad de servicios básicos como la luz y el gas. Por tanto, la exigencia de prohibición de cortes de suministro debe necesariamente abarcar el agua, la electricidad y el gas, así como los desahucios.

Coincidiendo con la rueda de prensa, esta semana se han conocido diferentes noticias relacionadas con esta problemática. Según las informaciones aparecidas en distintos medios, se calcula que solo entre octubre y noviembre, una vez levantada la moratoria aprobada en marzo, se han producido hasta 30.000 cortes de suministro en todo el Estado.

Como respuesta, el Gobierno anunció el pasado martes tras la reunión del Consejo de Ministros la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSS), con aportaciones de las compañías, que permitiría reducir la factura eléctrica al menos un 13 % en el plazo de cinco años. A su vez, la portavoz María Jesús Montero adelantó que el Ministerio de Ribera estaba trabajando en una disposición adicional que se añadiría a alguno de los próximos reales decretos-ley impulsados por el Ejecutivo en la que se garantizaría literalmente “que ningún consumidor vulnerable va a tener un problema con el corte de los suministros”.

A pesar de las buenas intenciones, en el pasado se ha visto cómo la mayoría de medidas aprobadas acaban siendo insuficientes porque no abarcan el conjunto de familias afectadas, bien porque no incluyen los suministros de agua o gas, porque circunscriben la protección exclusivamente a las personas beneficiarias del bono social eléctrico o porque no tienen en cuenta la complejidad de los colectivos que sufren pobreza energética (titularidad del suministro, desconocimiento de los mecanismos de protección, trampas de las compañías, etc.).

Las medidas que provienen de las entidades que día tras día trabajan directamente con las familias afectadas son, a juicio de estas organizaciones, las más efectivas para hacer frente a la situación y garantizar de este modo los derechos básicos de toda la ciudadanía, particularmente la más vulnerabilizada. Es necesario que las medidas excepcionales que ahora se tomen se consoliden y tornen en normales después de la crisis sanitaria mediante las oportunas iniciativas legislativas. También reclaman al Gobierno que concrete los procedimientos que propone para afrontar las deudas acumuladas durante la pandemia que, en todo caso, deberán tener en cuenta criterios de equidad y asequibilidad.

El manifiesto con las medidas ha sido promovido por Aigua és Vida, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Red Agua Pública (RAP).



A su vez, ha contado con el apoyo de los siguientes grupos con representación parlamentaria:

  • Unidas Podemos
  • Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes
  • Junts per Catalunya-Junts
  • En Comú Podem-Guanyem el Canvi
  • Euskal Herria Bildu
  • Más País-Equo
  • CUP-Per la ruptura
  • Nueva Canarias-Coalición Canaria
  • Bloque Nacionalista Galego
  • Més Compromís

El documento presentado hoy es una prueba más de que las medidas propuestas son viables y cuentan con un amplio apoyo. El Partido Socialista y la ministra Teresa Ribera no pueden seguir retrasando la protección de todas las familias españolas frente al corte. Por último, las organizaciones consideran que, tal y como se afirma en el manifiesto, no hay una vida digna si no se garantizan los derechos básicos y exigen que se ponga fin a los cortes de suministros.

Aigua és Vida

Alianza contra la Pobreza Energética

Coordinadora de Vivienda de Madrid

Ecologistas en Acción

Enginyeria Sense Fronteres

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

Red Agua Pública

Tres mujeres que sufren pobreza energética levantan la voz contra el gobierno exigiendo una nueva moratoria de cortes de suministro.

EmpowerMed con la colaboración de la Alianza contra la Pobreza Energética presenta una serie de vídeos dando visibilidad a las familias que sufren cortes de suministros.

Desde que el 1 de octubre decayó la moratoria de cortes de suministro muchos hogares acontecen, una vez más, desprotegidas ante cortes indiscriminados de agua, luz y gas por parte de las compañías.

Miles de familias vulnerables quedan expuestas a vivir sin los servicios básicos cuando, en tiempos de pandemia por la COVID-19 hemos visto como tanto el agua, la luz o el gas son imprescindibles para mantener una buena higiene. Una situación que se suma a la precariedad laboral e inestabilidad económica, que desgraciadamente, está lejos de mejorar.

Desde EmpowerMed y la Alianza contra la Pobreza Energética vemos que desde que empezó la pandemia las medidas del gobierno de PSOE y Podemos ante la pobreza energética son totalmente insuficientes, y dan la espalda a miles de familias que no pueden pagar las facturas del agua, la luz o el gas. Desde los movimientos sociales pedimos que se implemente esta moratoria de cortes de suministros.

Como hemos visto en los últimos estudios realizados en que hemos colaborado “Emergència habitacional, pobresa energètica i salut: Inseguretat residencial a Barcelona 2017 – 2020” y  “ESFeres17: Desigualtat de gènere i pobresa energètica. Un factor de risc oblidat” las mujeres, son las que más se ven afectadas de manera desproporcionada por la pobreza energética.


Juani, Arancha y Paca son tres mujeres de Madrid que se han visto afectadas por la pobreza energética y se encuentran expuestas a posibles cortes de suministros al no poder hacer frente a las facturas. Las tres lo tienen claro, quieren que la moratoria de cortes de suministros se recupere, ahora más que nunca es necesario que las familias que no pueden pagar sus facturas no se queden detrás, el gobierno no les puede dar la espalda.

Juani, desempleada, afectada por posibles cortes de suministros y desahucio, exige en el gobierno que vuelva la moratoria de cortes de suministro y paran los desahucios en plena pandemia. Esta crisis no la podemos volver a pagar nosotros.

Arancha, desempleada y afectada por posibles cortes de suministros. Arancha pide en el gobierno que vuelva la moratoria de cortes, los suministros de agua, luz y gas son básicos y vitales.

Paca, afectada de pobreza energética, exige en el gobierno que vuelva la moratoria de cortes, no pueden dejar desprotegidas a miles de familias que no pueden hacer frente a las facturas.

Tres dones que pateixen pobresa energètica alcen la veu contra el govern exigint una nova moratòria de talls de subministrament.

EmpowerMed amb la col·laboració de l’Aliança contra la Pobresa Energètica presenta una sèrie de vídeos donant visibilitat a les famílies que pateixen talls de subministraments.

Des de que l’1 d’octubre va decaure la moratòria de talls de subministrament moltes llars esdevenen, un cop més, desprotegides davant talls indiscriminats d’aigua, llum i gas per part de les companyies.

Milers de famílies vulnerables queden exposades a viure sense els serveis bàsics quan, en temps de pandèmia per la COVID-19 hem vist com tant l’aigua, la llum o el gas son imprescindibles per mantenir una bona higiene. Una situació que se suma a la precarietat laboral i inestabilitat econòmica, que desgraciadament, està lluny de millorar.

Des d’EmpowerMed i l’Aliança contra la Pobresa Energètica hem vist com les mesures del govern de PSOE i Podemos davant la pobresa energètica, des de que va començar la pandèmia, son totalment insuficients i donen l’esquena a milers de famílies que no poden pagar les factures de l’aigua, la llum o el gas. Des dels moviments socials demanem que s’implementi aquesta moratòria de talls de subministraments.

Com hem vist en els darrers estudis realitzats en què hem col·laborat “Emergència habitacional, pobresa energètica i salut: Inseguretat residencial a Barcelona 2017 – 2020” i “ESFeres17: Desigualtat de gènere i pobresa energètica. Un factor de risc oblidat” les dones, son les que més es veuen afectades de manera desproporcionada per la pobresa energètica.


Juani, Arancha i Paca són tres dones de Madrid que s’han vist afectades per la pobresa energètica i es troben exposades a possibles talls de subministraments al no poder fer front a les factures. Les tres ho tenen clar, volen que la moratòria de talls de subministraments es recuperi, ara més que mai és necessari que les famílies que no poden pagar les seves factures no es queden darrere, el govern no les pot donar l’esquena.

Juani, desocupada, afectada per possibles talls de subministraments i desnonament, exigeix al govern que torni la moratòria de talls de subministrament i aturen els desnonaments en plena pandèmia. Aquesta crisi no la podem tornar a pagar nosaltres. 

Arancha, desocupada i afectada per possibles talls de subministraments. Arancha demana al govern que torni la moratòria de talls, els subministraments d’aigua, llum i gas són bàsics i vitals.

Paca, afectada de pobresa energètica, exigeix al govern que torni la moratòria de talls, no poden deixar desprotegides a milers de famílies que no poden fer front a les factures.

L’incendi al Gorg, conseqüència del racisme institucional

En el Dia Internacional dels Drets Humans denunciem com, més que mai, aquests s’han convertit en un privilegi

Ahir vam anar a dormir amb l’angoixa i la ràbia de veure com les flames a una nau industrial podien acabar amb vides de persones que s’han vist excloses de tot plegat.

Però per què arribem a aquest punt?

Aquests horribles esdeveniments són una conseqüència directa d’un sistema capitalista, classista i racista que vulnera els drets econòmics, socials, culturals de les persones migrades. Tot plegat, drets humans que les institucions de tot nivell, municipals, autonòmiques, estatals, han vulnerat i vulneren sistemàticament. Els fets succeïts aquesta nit són la conseqüència d’haver privat a totes aquestes persones de drets fonamentals com: el dret a un habitatge digne, el dret a la seguretat social, el dret al treball, el dret a la salut, etc. La violació que condueix a situacions de pobresa o d’exclusió social i naturalment a la pèrdua de la dignitat humana. És obligació i deure de les administracions respectar, protegir i garantir l’accés a aquests drets. 

Assenyalem també com a còmplices necessaris, per acció o omissió, els responsables de les administracions. En primer lloc, a l’Ajuntament de Badalona i al seu alcalde Xavier García Albiol per promoure els discursos d’odi i la xenofòbia envers una part de la població, desviant el focus d’atenció (quan hi ha vides humanes en joc) cap a l’incivisme i la suposada delinqüència, i per liderar una política racista que nega els drets més bàsics, al padró, a l’atenció social o a un habitatge digne.

A la Generalitat de Catalunya per la manca de polítiques que garanteixin l’accés a un habitatge per a totes les veïnes i pel col·lapse de la mesa d’emergència.

A l’Estat espanyol per negar-se a regularitzar les persones en situació administrativa irregular, fins i tot enmig d’una pandèmia, excloent i deixant encara més enrere milers de persones. 

Denunciem el racisme institucional

Les polítiques estatals i europees migratòries i la Llei d’Estrangeria empenyen a moltes persones a la irregularitat, a la precarietat, a l’exclusió, a l’assetjament policial als espais públics, a l’explotació laboral i al constant perill de la deportació, previ pas pel CIE o sent víctima d’una deportació exprés, sense cap garantia jurídica. La violència de l’aparell deportador, les traves burocràtiques per aconseguir regularitzar la situació i la constant  criminalització de la migració ens permeten afirmar que vivim en una societat estructuralment racista.

No permetrem la victimització i criminalització d’aquestes persones que són permanentment excloses i que ni en els moments d’urgència es tenen en compte les seves necessitats vitals. Es proposen solucions que mai no serien acceptables per a persones blanques però que sembla que siguin l’única opció per a les persones migrants. 

És urgent que les administracions reconeguin primer el racisme com un dels factors principals que impedeixen l’accés als drets més bàsics, i que treballin en desenvolupar polítiques públiques efectives per a totes les persones, independentment del seu origen o la seva situació administrativa

Denunciem la precarietat habitacional

No tenir una llar digna i estable és una vulneració de drets. L’Estratègia integral per a l’abordatge i implementació del sensellarisme a Catalunya, que encara està pendent d’aprovació i implementació, parlava el 2017 de més de 53.000 persones en aquesta situació. La problemàtica s’agreuja i no hi ha una perspectiva optimista, perquè no hi ha cap consens de llarga durada ni compromís ferm dels diferents administracions públiques per combatre aquesta injustícia.

L’accés i el gaudi de l’habitatge han de ser contemplats com a drets essencials de totes les persones, però l’administració prioritza els interessos de les grans corporacions capitalistes per sobre de la lògica de la protecció social. Segons l’Agència d’Habitatge de Catalunya, les entitats bancàries i fons d’inversió són propietàries de 30.000 habitatges buits. Mentrestant, els desnonaments s’executen diàriament i els mitjans de comunicació posen el focus mediàtic en les ocupacions, criminalitzant-les, enlloc d’abordar la problemática amb tota la seva complexitat i assenyalar tots els factors estructurals que la provoquen.

Es criminalitza a persones que veuen vulnerats els seus drets i dignitat. Famílies senceres, que no només pateixen la condició d’inestabilitat, sinó que a més son estigmatitzades i excloses de la societat des dels seus més petits racons: són assenyalats a l’escola, són acusats pels veïns, surten a la televisió com a criminals per intentar viure en condicions mínimes d’habitabilitat.

Es condemna a pares i mares pel fet d’intentar donar als seus fills condicions pel seu desenvolupament, oblidant la responsabilitat de les institucions de donar condicions de vida, salut, educació, treball i dignitat per a tothom tal com s’expressa en la Declaració Universal de Drets Humans.

Viure amb dignitat no és patir constantment d’una manca de recursos o del risc de ser desallotjats o afectats per un incendi.

El dret al lliure desenvolupament de la persona no es pot dur a terme si s’ha d’anar d’assentament en assentament, esperant el dia del proper desnonament.

Una vida digna no pot ser discriminada: no tolerem el fet que s’assenyali als nens, nenes, pares, veïnes, per les condicions del seu habitatge, especialment quan l’article 25 d’aquesta Declaració de Drets confereix el dret a l’habitatge que veiem violat en aquest i altres molts casos.

Per això denunciem que el crim no és en viure en un lloc que cau, és no tenir un altre lloc per anar-hi.

Des de fa anys el Moviment Popular de l’Habitatge lluita al carrer amb campanyes com l’Obra Social i promou lleis per solucionar l’emergència habitacional que patim (24/2015 RD 1/2019 11/2020…), però no s’estan complint, abocant a milers de persones al sensellarisme després de patir desnonaments. És urgent situar el dret a l’habitatge com a punt de partida i desenvolupar mecanismes perquè ningú perdi casa seva. I no només això, actualment no hi ha prou places en pisos d’emergència ni albergs per acollir les persones que no tenen alternativa habitacional i els dispositius d’urgència, oberts per exemple per la pandèmia de la Covid-19, evidencien que sovint s’actua amb respostes temporals i a curt termini. Cal una estratègia conjunta per afrontar el sensellarisme més enllà dels temps de crisi i els recursos d’emergència.

Per evitar situacions com la d’ahir, l’habitatge ha de deixar de ser una mercaderia.

Denunciem la pobresa energètica

Segons algunes informacions, el foc podria tenir el seu origen en una espelma que hauria caigut dins la nau. Les entitats que treballem per l’eradicació de la pobresa energètica portem anys denunciant la inseguretat que pateixen les persones que, per la seva situació de precarietat, es veuen forçades a ocupar per accedir a un habitatge o, en aquest cas, a un sostre.

L’accés als subministraments ha de ser universal i sense excepcions. Exigim que les administracions garanteixin els drets bàsics de totes les veïnes i estableixin protocols perquè els col·lectius més vulnerabilitzats puguin accedir als seus subministraments de forma regular, sigui quina sigui la seva situació dins de l’immoble. Alhora cal que la Generalitat estableixi el més aviat possible al seu cos de Bombers el llargament reclamat protocol de detecció de casos de pobresa energètica. Mentre no es duguin a terme accions contundents en aquest sentit, seguirem veient morts als nostres barris i pobles. Unes morts, per tant, que tenen responsables directes.

Drets humans com a privilegi

Avui, Dia internacional dels Drets Humans, contemplem un cop més com aquests han deixat de ser universals per convertir-se en un privilegi. En un premi que s’atorga a discreció segons el seguiment d’unes suposades normes socials o si s’encaixa dins d’unes determinades classificacions econòmiques, socials i culturals.

Denunciem el racisme institucional, la precarietat habitacional, l’exclusió social i la criminalització de les persones migrades. Amb la tristesa i la indignació davant la tragèdia que s’ha viscut aquesta nit a Badalona, que demà pot ser en qualsevol altre municipi de Catalunya, de l’estat o del món; però amb la solidaritat i el suport mutu en primer pla per a les persones que eren a la nau incendiada i per tal que mai més ningú hagi de patir situacions com aquesta,

Les organitzacions signants, exigim als poders públics:

– Regularització de totes les persones en situació administrativa irregular.

– Garantir l’accés als drets bàsics: Padró, habitatge, sanitat, educació, serveis socials, etc.

  • Garantir la tutela i el suport al jovent migrant fins a la seva autonomia.

– Prendre mesures per fer realitat els compromisos adquirits per part de les institucions municipals i autonòmiques pel tancament dels CIE, la fi de les identificacions il·legals per perfil racial i de les deportacions forçoses.

– Pla de Xoc d’Habitatge liderat per la Generalitat, coordinat amb els municipis i el Govern de l’estat i amb la participació de les entitats socials, per posar la llista de la Mesa d’Emergències d’habitatge a zero i reallotjar totes les persones que viuen en espais temporals i/o precaris.

-Assegurar el dret de totes les persones a l’accés i gaudi d’un habitatge digne i desenvolupar eines efectives per combatre les diferents formes de discriminacions racistes, directes i indirectes.

– Garantir l’accés universal als subministraments bàsics per a tota la ciutadania implementant protocols que permetin la instal·lació de comptadors socials d’aigua, llum i gas en situacions d’ocupació en precari.

– Establir un protocol de detecció de casos de pobresa energètica en el cos de Bombers de la Generalitat coordinat entre el Departament d’Interior i el d’Afers Socials i Família tal i com porten reclamant les organitzacions socials des de fa anys

El juez admite a trámite la querella presentada por la APE contra los cobradores de Endesa

Los hechos podrían ser constitutivos de delitos castigados con penas de hasta tres años de prisión.

La APE lanzamos campaña de micromecenazgo para hacer frente a los gastos del procedimiento.


Barcelona 09/12/2020
El pasado 30 de julio presentamos una querella contra DPS Consulting para denunciar lo que hace años venimos presenciando: el acoso que sufren familias en situación de vulnerabilidad por parte de las empresas como Endesa, que contratan este tipo de despachos para reclamar deudas impagadas de luz o de gas. Sus estrategias no tienen límite: Cartas, llamadas, amenazas con juicios falsos. Ahora, incluso, se han hecho pasar por funcionarios judiciales. 


A finales de junio de 2020, en plena pandemia, Yolanda, una vecina vulnerable de Cubelles (Barcelona) recibe una llamada a su móvil. Al otro lado del teléfono, la persona se identifica como una funcionaria del poder judicial y le advierte que si no paga los más de 2.000 euros que debe a Endesa en menos de una semana, se le embargarán todas las cuentas e ingresos, incluidas prestaciones sociales, desde los mismos juzgados.
Yolanda, aterrada ante la perspectiva de perder los pocos ingresos con los que cuenta, consiguió grabar la llamada y trasladar a la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) su contenido. Tras escuchar la conversación y realizar consultas a diferentes abogados, destapamos la verdad. La llamada provenía de DPS Consulting, un despacho de abogados y empresa de recobros contratada por Endesa para hacer el trabajo sucio: acosar y amedrentar a familias como Yolanda para pagar sus deudas, a pesar de conocer su situación de vulnerabilidad.


Ahora el juez ha visto indicios de delito y ha admitido a trámite la querella. Los hechos que denunciamos podrían ser constitutivos de los delitos de usurpación de funciones públicas, realización arbitraria del propio derecho y coacciones, castigados con penas de hasta tres años de prisión. Al tratarse de delitos no menores, el procedimiento contará con una fase de instrucción, que ya ha comenzado, y el juicio oral, un procedimiento que puede demorarse más de un año y medio. 


Por primera vez se lleva a juicio el acoso que sufren las familias vulnerables por no poder pagar sus facturas de luz o de gas, prácticas de las que Endesa es responsable, por acción u omisión. Empresas como Endesa subcontratan supuestos despachos de abogados o empresas de recobro como DPS Consulting que, con prácticas extremadamente agresivas, presionan a las familias para conseguir cobrar facturas en nombre de la compañía.
DPS Consulting es una de las empresas que se ocupan de los recobros de la compañía eléctrica, así como de otras grandes suministradoras como Naturgy o Agbar.


Por todo esto, desde hoy, la APE, junto con Ingeniería Sin Fronteras Cataluña, lanzamos una campaña de micromecenazgo a través de la plataforma Goteo.org para costear los gastos del procedimiento, que pueden alcanzar los 3.000-5.000€ (en el caso de no acabar en condena y debamos hacer frente a los costes del mismo). 


Con la campaña invitamos a la ciudadanía comprometida a hacer su aportación y ser partícipe de esta batalla contra el Oligopolio evitando que ninguna empresa de recobro contratada por Endesa o cualquier otra suministradora vuelva a acosar a familias vulnerables. Es el momento de que las compañías, que consienten la práctica de estas actuaciones, dejen de derivar la deuda de familias en situación de vulnerabilidad a terceros actores. 


El caso de Yolanda lamentablemente no es un caso único pero sí un ejemplo clarísimo de qué significa ese acoso para miles de familias vulnerables que se ven en la tesitura de escoger entre pagar sus facturas de luz o llenar la nevera.


La APE no vamos a permitir que empresas como Endesa sigan actuando con impunidad acosando a familias vulnerables. 

Energy Poverty and Management Models in the Water and Energy Sectors: Towards the Universal Right to Guaranteed Basic Supplies

The research critically analyzes some of the measures applied in different Member States and points out the lines of action for an urgent and comprehensive change in how these models deal with energy poverty.

In recent years we have seen how social awareness (and alarm) about energy poverty has grown significantly, almost as fast as the population affected by this situation. In Spain, however, it seems that it has barely landed on this issue. Although in the European Union there are Member States that have been applying palliative measures for years, here there is still no marked path or in-depth analysis to decide on actions to be taken against energy poverty. In Catalonia, there is Law 24/2015, the result of a citizen’s legislative initiative, which protects against indiscriminate disconnections and provides measures to write off the indebtedness of families in a vulnerable situation. There negotiations between administration and big utility companies are still ongoing, and show us the importance of the property and model of management of this basic supplies, because privatization is making it difficult for institutions to draw the red lines for water and energy companies that search for profit over guaranteeing Human Rights.

In this context, the research presented by ESF allows us to know other laws and measures that are applied in the face of the urgency of energy poverty across the EU: some more focused on energy efficiency (such as Eastern European countries ), others in the protection against supply cuts (as in the case of France), or in the application of discounts and social tariffs (such as the recently approved tariff in Portugal). Among these different examples, the study also detects approaches and policies that can become patchy, or even perpetuators of situations of inequality (as is the case with prepaid meters in the UK or solidarity funds paid for with public funds), far from becoming answers to the problem from a social justice perspective.

The research explains how the scope of this problem, and the ways in which it can be combated, have to do with basic service management models. So the goal is not so much to extrapolate recipes automatically, but to learn from what has had a positive or negative impact, where and why, so as not to make mistakes already detected. The aim of environmental and social organizations defending the right to water and energy is going to be, in the coming years, to point at the gaps where it has not yet been arrived, even when we are able to stop disconnections. For instance, aspects related to the same opacity of some of these water and energy management models in a liberalised market, the lack of real participation and co-governance. In this sense, the lines of action for an urgent change in how these models address energy poverty are pointed out, in order to finally achieve a true guarantee in the universal right to basic supplies, where all dimensions are taken into account (access and affordability, but also information, transparency and the right to decide over them, from communities, workers and civil society groups).

You can download the study from this link

Únete al Foro sobre el Derecho a la Energía del 1 al 3 de diciembre de 2020 organizado por la Coalición Right to Energy!

A medida que la pobreza energética gana fuerza como uno de los problemas sociales más apremiantes de nuestro tiempo:

La Coalición Right to Energy, por el Derecho a la Energía en la UE, nos invita a debatir soluciones y estrategias para fortalecer el creciente movimiento para acabar con la pobreza energética en toda Europa.

Cuando: Del 1 al 3 de diciembre

Qué: 15 sesiones, incluyendo mesas redondas, talleres y seminarios web

Dónde: En línea, regístrate aquí.

Un tema que une a los defensores del medio ambiente y de la sociedad, a los grupos de lucha contra la pobreza, a los sindicatos, a los proveedores de viviendas sociales, a las organizaciones de salud, a las ONG y a las cooperativas de energía:

Estamos creando un fuerte movimiento en toda Europa exigiendo y creando soluciones energéticas para todos.

Esta es una oportunidad para conectar con activistas, responsables de la toma de decisiones e investigadores que trabajan en la pobreza energética y la democracia energética para garantizar una transición energética socialmente justa que no deje a nadie atrás. El programa incluye oradores de perspectivas locales, nacionales y de la UE, entre los que se encuentran: activistas de base de la Alianza contra la Pobreza Energética en Cataluña, activistas nacionales de Focus en Eslovenia y diputados europeos como Cornelia Ernst (GUE/NGL) y Radan Kanev (PPE)

Traducción disponible: La mayoría de las sesiones serán en inglés, sin embargo las traducciones están disponibles en más de 10 idiomas a petición. Por favor, contacte con Samia.dumbuya@foeeurope.org para más información.

La pobreza energética como una cuestión de justicia social y ambiental:

1 de cada 4 europeos no puede iluminar, calentar o enfriar adecuadamente sus casas, y la mala calidad de las viviendas está relacionada con 100.000muertes prematuras alaño. Existe un descontento creciente ante las políticas climáticas injustas y poco ambiciosas que hacen que los más pobres paguen la factura de la transición energética. A medida que las tasas se disparan debido al Covid-19, está más claro que nunca que la pobreza energética es una cuestión de justicia social y ambiental.

¡Sé parte del movimiento!

¡Esperamos veros del 1 al 3 de diciembre!