Auka y sus amigas protegen el agua de los ríos

Auka y Amana, una pequeña rana y su inseparable amiga indígena de nacionalidad shuar, viven en la Amazonía ecuatoriana y se lamentan al observar como el agua de los ríos cada vez está más contaminada y todos los seres vivos sufren las consecuencias.

Pero inconformistas y aventureras por naturaleza, ambas inician una emocionante aventura para investigar el origen de esos contaminantes en compañía de sus inquietos, divertidos e impetuosos que habitan la selva amazónica. ¿Conseguirán descubrir el origen de esos contaminantes? ¿Podrán movilizar a la población para defender los ríos? ¿Lograrán que se haga justicia y que los ríos vuelvan a ser cristalinos?

Este cuento infantil, editado por Enginyeria Sense Fronteres (ESF) en coordinación con el GADPO y la AJAAPySLB, forma parte de las aventuras de Auka y Amana, y pretende aproximar de una forma sencilla sobre la contaminación ambiental, sus orígenes y sus efectos sobre la naturaleza.

Puedes descargar la colección completa de cuentos de Auka y Amana aquí:

• Auka y sus amigas protegen el agua de los ríos (2020)

• Auka y sus amigas protegen las fuentes de agua (2019)

Auka la rana amazónica (2017)

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “toda persona tiene derecho a un nivel de vida que asegure, tanto para ella como para su familia, salud y bienestar, especialmente en lo que concierne a la alimentación, la vestimenta, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.  De hecho, el acceso a una vivienda adecuada ha sido reconocido como uno de los determinantes sociales de las desigualdades en salud (Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España) y se han documentado diversos impactos negativos de la inseguridad residencial sobre la salud física y mental de las personas.

El acceso a los suministros básicos es sin duda un aspecto esencial de una vivienda digna. El agua y la energía no solo posibilitan las tareas de cuidados y el confort térmico, entre otras necesidades vitales, sino que también posibilitan la interacción y participación social a través del uso de aparatos eléctricos. Un estudio exhaustivo realizado por la Plataforma de Afectadxs por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Enginyeria Sense Fronteres y el Grupo de Vivienda de la Agencia de Salud Pública muestra cómo el acceso inadecuado o insuficiente a la viviendo y/o suministros básicos tiene fuertes impactos en la salud general, en la prevalencia de trastornos crónicos, en el uso de servicios sanitarios y, especialmente, en la salud mental. De hecho, el 80% de los hombres y el 79% de las mujeres entrevistadas en este informe presentaba riesgos de sufrir problemas de salud mental, cuando estos indicadores en la población general son del 14,5% y  del 19,5%, respectivamente.

El no poder mantener la casa a una temperatura adecuada, no poder hacer frente a las facturas o no poder siquiera regularizar los suministros genera fuertes sentimientos de ansiedad, de impotencia y de culpa en las familias, que se ven obligadas a lidiar con estos problemas de forma individual y, a menudo, se sienten estigmatizadas y faltas de apoyo. Conscientes de estos malestares, proponemos abordarlos de manera colectiva y desde lo político, con el objetivo último de trasladar la responsabilidad que actualmente sienten las familias al modelo energético, basándonos en que el acceso a los suministros básicos es un derecho de las familias que nunca debería depender de su capacidad de pago. 

El grupo de apoyo mutuo es un espacio donde nos juntamos, compartimos preocupaciones y nos acompañamos desde lo cercano y lo concreto. Se trata de una herramienta de empoderamiento, igual que los asesoramientos colectivos quincenales, pero en esta ocasión con un funcionamiento que pone énfasis en la salud y que se desarrolla desde un espacio de seguridad y confianza más reducido, que va generando esa red en la que sostener, entre tod@s, los malestares e impactos del modelo energético en el que vivimos pero también otras vulneraciones y situaciones fruto de tantos otros ejes de desigualdad: la realidad material y económica de cada un@, el género, la diversidad funcional, la edad, la situación de salud. Es un lugar donde segar esas cadenas que nos oprimen como individuos, siendo conscientes de ellas, generando bienestar y dignidad de forma colectiva.

Juntes encarem aquests últims dies per aconseguir l’òptim

A una setmana de finalitzar la campanya #AcosoDeEndesaAJuicio volem agrair la participació i el compromís de totes per fer-ho possible. En aquests poc més de trenta dies hem aconseguit superar el mínim necessari per portar a judici els cobradors d’Endesa per fer-se passar per funcionaris judicials.

Ens ajudeu a aconseguir l’òptim?

I recorda, les aportacions a Goteo tenen una desgravació de fins a un 80%, aprofita els avantatges fiscals!

Fes la teva aportació i/o comparteix a les xarxes socials!

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Liderazgos comunitarios para la gestión del agua en tiempos de COVID-19

El 13 de marzo de 2020, bajo un calor sofocante, se inauguró la primera ESCUELA DE FORMACIÓN DE LÍDERES Y LIDERESAS NORTE AMAZÓNICAS EN LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA, con la finalidad de fortalecer a las organizaciones sociales en la defensa y ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento, bajo un enfoque de género y ambiental.

Sin embargo, todo quedó abruptamente suspendido el 16 del mismo mes cuando, mediante Decreto Executivo Nro. 1017, se declaró el estado de excepción por calamidad pública a todo en todo el territorio nacional por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia internacional de COVID-19.

Desde esa fecha, Enginyeria Sense Fronteres (ESF) y el GAD de la Provincia de Orellana (GADPO), trabajamos duramente para adaptar los materiales y contenidos de este proceso socioeducativo a la nueva normalidad bajo modalidad virtual mediante la plataforma educativa moodle de ESF basada en software libre.

Se desarrollaron un total de 5 módulos que contenían un video introductorio, un manual teórico, un cuestionario de evaluación online, dos actividades a desarrollar y material complementario de consulta. Los módulos que se desarrollaron fueron:

• M1. REALIDAD MUNDIAL, NACIONAL Y LOCAL DEL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO
• M2. MARCO NORMATIVO DEL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO
• M3. AGUA, INCLUSIÓN SOCIAL, GESTIÓN COMUNITARIA Y PARTICIPACIÓN
• M4. AGUA, AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
• M5. LIDERAZGO E INCIDENCIA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

El viernes 02 de octubre, una vez levantado el estado de excepción, en grupos reducidos de 6 personas y con un estricto protocolo y medidas de bioseguridad, completamos el proceso con 5 talleres presenciales de la escuela de formación, uno por módulo en cada una de las 4 sedes establecidas en las provincias de Orellana y Sucumbíos.

La escuela de formación ha superado las expectativas y, si bien no se graduaron todas las personas inscritas, finalmente, el 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos, 18 líderes y lideresas de la Asociación de Juntas de Agua La Belleza (AJAAPySLB) y del Consorcio de Juntas de Agua de Sucumbíos, Napo y Orellana (CJASNO) culminaron exitosamente el proceso socioeducativo.

Pero, por encima de todo, deben destacarse también aquellos resultados derivados de la actividad como han sido el fortalecimiento de los líderes y lideresas en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y las sinergias creadas para la gestión del agua entre lo público y lo comunitario, es decir, entre la Asociación de Juntas de Agua La Belleza, el Consorcio de Juntas de Agua de Sucumbíos, Napo y Orellana, el GAD de la Provincia de Orellana y el Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador, entre otros.

Los líderes y lideresas, lejos de considerar esta etapa como culminada, se han emplazado, y a nosotras también, a dar continuidad a este proceso incorporando a nuevos líderes y lideresas, así como profundizando en las capacidades creadas en materia de medio ambiente, cambio climático y TIC, entre otras.

Aquestes festes juga amb ESF!

Sabem que aquest any 2020 no ha estat pas un any fàcil, molts dels reptes que ens havíem marcat els hem hagut d’adaptar. El que imaginàvem que seria el 2020 finalment ha estat completament diferent.

Gràcies al compromís dels socis i sòcies, a la implicació del voluntariat i al suport dels finançadors aquest any hem pogut tirar endavant projectes i campanyes per seguir reforçant la nostra tasca vers la justícia social i el dret a l’aigua pública i l’energia.

Per tot això aquestes festes volem compartir amb totes vosaltres el Joc de Memòria que ha preparat el Grup El Salvador d’ESF. Un joc pels més petits però també pels més grans on a més de la diversió i l’agilitat mental també hi trobareu informació molt important pel que respecta el Dret Humà a l’aigua i en concret a El Salvador.

Quina és la quantitat mínima per garantir les necessitats més bàsiques d’aigua per persona i per dia? Sabies que l’agricultura extensiva contribueix a la degradació del sòl i facilitar les inundacions? Totes aquestes preguntes i respostes les trobareu en el Joc de memòria de El Salvador!

Us convidem a jugar-hi aquestes festes i a compartir-ho amb amics i familiars! Juntes treballem per garantir el Dret Humà a l’Aigua!

Juga en aquest enllaç!

La prohibición de cortes de suministro: un logro de las entidades sociales con demasiados interrogantes

• Tras la presión de la ciudadanía organizada, el Gobierno central impulsa finalmente una moratoria durante el estado de alarma para los suministros de electricidad, gas natural y agua

• La medida protegerá a las familias con bono social y a las que cumplan los requisitos para acceder a él, pero cuenta con algunas lagunas muy preocupantes

22 de diciembre de 2020

Finalmente la presión ha surtido efecto. Tras más de un mes de campaña, las entidades sociales hemos conseguido que la Ministra Teresa Ribera, al frente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ceda en sus primeras intenciones e impulse una nueva moratoria de cortes de suministros mientras se encuentre en vigor el actual estado de alarma. La medida, que no será tan garantista como la moratoria del mes de abril, cubrirá los suministros de electricidad, gas natural y agua y se beneficiarán aquellas familias que dispongan del bono social eléctrico o cumplan los requisitos para acceder al mismo.

Cabe destacar que el presente análisis se basa en el texto filtrado a los medios de comunicación y las informaciones publicadas por el mismo ministerio, a la espera de su publicación definitiva en el BOE, prevista para el día de mañana. Según la información recibida, la prohibición de cortes se reflejaría en una disposición adicional con tres apartados, que desarrollan su alcance y los posibles beneficiarios.

En primer lugar, la protección abarcaría tan solo el horizonte temporal del actual estado de alarma, prorrogado hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021 por el Real Decreto 956/2020. Según el texto, la garantía incluiría los suministros de energía eléctrica, gas natural y agua. Las personas protegidas serían “aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017”.

Además, se extendería la protección a aquellas personas que, no pudiendo acreditar la titularidad del contrato de suministro, cumplan con los requisitos que dan derecho al reconocimiento de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 897/2017”. Este artículo está pensado para aquellas familias que, debido a su situación en la vivienda (alquiler de habitaciones, inquilinos con el contrato a nombre del propietario), no dispongan de la titularidad del contrato. Las mismas deberían acreditar ante la compañía suministradora su condición de consumidoras vulnerables mediante un informe de Servicios Sociales o de entidades del Tercer Sector colaboradoras de la Administración General del Estado. 

En este sentido, la primera de las lagunas detectadas se encuentra en la definición de consumidor vulnerable del Real Decreto 897/2017, que obliga a las familias a estar acogidas al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), es decir, a tener su suministro eléctrico en el llamado mercado regulado. En un escenario ideal, desearíamos que todos los consumidores vulnerables tuvieran contratada la tarifa PVPC y contasen con el correspondiente bono social. No obstante, hasta un 30,4% de los españoles desconocen la existencia del bono social. Este grado de desconocimiento viene asociado a que, según datos de la CNMC, en 2019 un 62% de los puntos de suministro (muchos de ellos de familias vulnerables) tenían contratada una tarifa en el mercado libre. Estos datos corroboran una situación que vemos cotidianamente en nuestras asambleas e intervenciones directas con personas afectadas: muchas familias vulnerables se encuentran aún en mercado libre y no disponen de bono social. Estas familias no estarían protegidas frente al corte.

Por otro lado, también cabría destacar que la protección general sólo incluiría a aquellas familias que cumplen con los requisitos históricos del bono social (artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017), pero no a los nuevos beneficiarios afectados por la crisis de la COVID-19 (artículo 28 del Real Decreto-ley 11/2020). En estos casos, sólo evitarían el corte aquellos hogares con menores de 16 años, personas con discapacidad o dependientes. 

El segundo de los problemas detectados reside en que no queda claro si para acceder a la protección las familias deben disponer del bono social eléctrico en vigor o basta con cumplir con los requisitos, teniendo en cuenta que se menciona que éstas deben presentar la última factura eléctrica en la cual se contemple que son beneficiarias del bono social para evitar el corte de gas o agua. Asimismo el apartado tercero parte de estas mismas premisas, solo se dirige a aquéllas que no puedan “acreditar la titularidad del contrato de suministro”. Por tanto, ¿qué ocurre con las personas que cumplen los requisitos, tienen el contrato a su nombre, pero no disponen de bono social? A nuestro entender, existen dudas sobre si estarían protegidas del corte antes de acceder a los descuentos del bono social, un trámite que puede demorarse durante meses, sin tener en cuenta el desconocimiento antes mencionado.

En tercer lugar, la disposición adicional establece que la familia es quien debe acreditar su situación ante la compañía (o los Servicios Sociales o entidades sociales en el caso de que el contrato no esté a su nombre). Creemos que, una vez más, situar la responsabilidad en las familias, y no en las entidades suministradoras, es un error. 

Al mismo tiempo, no se incluye referencia alguna a quien asumirá el coste de las facturas que las familias no puedan pagar, ¿generará esto un endeudamiento más en esas mismas familias?. 

Por ello, desde las entidades iniciamos una campaña para hacer llegar nuestras propuestas al Ministerio. El pasado 19 de noviembre nos reunimos con la Ministra Ribera, la Secretaria de Estado Sara Aagesen y sus equipos para proponer tres medidas claves:

• Principio de precaución que obligue a las compañías a preguntar a los Servicios Sociales sobre la situación de la familia antes de cualquier corte y a garantizar el suministro si se produce una situación de vulnerabilidad. A su vez, las facturas impagadas que deriven de la aplicación de este mecanismo se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100% por las propias compañías de todos los segmentos implicados.
• Redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que abarque los tres suministros e incremente los límites de renta, para responder a la realidad social de la ciudadanía.
• Periodo de carencia sin cortes en todo el ámbito doméstico mientras las anteriores medidas no se implementen.

Unas semanas después, y ante el bloqueo del Ministerio, recabamos el apoyo de hasta diez grupos políticos con representación parlamentaria, que firmaron un manifiesto abogando por la implementación de estas medidas y urgiendo a la ministra Teresa Ribera y al Gobierno de Pedro Sánchez a proteger de forma integral las familias que padecen la pobreza energética.

Es evidente que la prohibición de corte que se anunciará hoy es un paso adelante, que nace gracias a la presión de la ciudadanía organizada. Aun así, las lagunas detectadas nos preocupan ya que entendemos que muchas familias se quedarán al margen de la protección. 

En plena pandemia es necesario garantizar el acceso a la energía y el derecho humano al agua. Exigimos medidas de choque con mayor cobertura para hacer frente al escenario actual, pero también la adopción de iniciativas legislativas y  cambios estructurales que dejen de considerar los suministros básicos como meros servicios mercantiles para considerarlos auténticos derechos exigibles.

Porque no hay vida digna sin suministros garantizados: por el fin de los cortes.

Atención a medios:

Daniel López: 699 300 695

Portavoces:

María Campuzano (Alianza contra la Pobreza Energética y Enginyeria Sense Fronteres): 647 079 507

Miriam Planas (Red Agua Pública, Aigua és Vida): 625 056 699

Paca Blanco (Ecologistas en Acción, Coordinadora de Vivienda de Madrid y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético): 633 328 956

La COVID sí que entén de fronteres

La pandèmia provocada pel coronavirus suma ja centenars de milers de víctimes mortals i milions d’infectats al món i el seu avanç està agreujant la desigualtat i la pobresa. Organitzacions institucionals com les Nacions Unides preveuen que aquestes circumstàncies es faran encara més evidents en els propers mesos.

Un dels països on es pot contextualitzar aquesta situació és El Salvador, un país centreamericà amb una població de 6,6M de persones. Durant la pandèmia, s’ha aprofitat per fer polítiques de repressió i de divisió dins la societat. I és que 7/10 salvadorencs viuen de l’economia informal i durant el confinament es van veure forçats a incomplir la quarantena domiciliària decretada per l’estat, que ni ha tingut suficient partida pressupostària per mitigar la crisi, ni s’ha caracteritzat per realitzar una bona gestió. Per això, la quantitat de persones tancades en centres de quarantena no s’ha correspost de manera proporcional amb el nombre d’infectats durant els mesos de març, abril i maig i aquests han estat principals focus d’infecció.  

Un dels problemes que fa anys que pateixla població és la manca d’accés a aigua potable, tant necessària en un context on la higiene és imprescindible. Per això, davant de la continuada i persistent ineficàcia de la política, la població salvadorenca empra l’autoorganització per tal de garantir la seguretat hídrica. Al país, existeixen 2.325 sistemes o juntes comunitàries d’aigua que abasteixen aproximadament un 20% de la població salvadorenca. Les Juntas de Agua (en endavant JdA), nascudes en un context de falta d’inversió estatal, són estructures d’autogovern que operen de manera autònoma. En elles, les sòcies de les comunitats rurals gestionen i construeixen els seus propis sistemes d’abastament adoptant el rol d’administradores i subministradores. En altres paraules, les JdA s’encarreguen de garantir l’accés a l’aigua a una determinada comunitat. Són sistemes independents de les estructures estatals i sovint això dóna peu a la seva invisibilització o bé a l’acusació d’una ineficient gestió de l’aigua. 

Durant els darrers mesos, l’Asociación Comunitaria Unida por el Agua (ACUA), organització local per l’exercici ple de drets, ha estat realitzant un estudi enfocat en els impactes que ha causat la pandèmia del coronavirus a les zones urbanes i rurals d’El Salvador. Aproximadament, un 40% de la població del país viu a les zones rurals d’El Salvador, però tan sols un 30% d’aquesta té aigua a casa seva. L’altre 60% viu a les zones urbanes, on la cobertura de l’aigua és del 90%. 

Zones urbanes – San Salvador

Prèviament a la pandemia, als mesos de gener i febrer, ja hi havia hagut problemes d’accés a l’aigua potable i es va detectar contaminació causada per l’existència d’algues a la xarxa d’aigua. Durant el confinament i posteriorment, les incidències s’han agreujat i la situació de la població ha empitjorat, tot derivant en despeses de compra d’aigua per a la higiene personal com a mesura de protecció contra el coronavirus.

Zones rurals

L’estudi s’ha centrat en dues línies de treball, una referent a l’impacte en l’abastament d’aigua de les comunitats rurals i l’altra en l’afectació sobre les JdA a nivell administratiu.

En general, a causa de les restriccions instaurades a El Salvador per la pandèmia, les comunitats rurals que no disposen de sistemes d’abastament domiciliari o fonts d’aigua comunitàries, s’han trobat amb barreres administratives a l’hora de desplaçar-se als diferents recursos hídrics naturals o fins i tot per anar comprar aquest bé bàsic. Un exemple il·lustratiu és la comunitat rural anomenada Miramar, on actualment s’agafa l’aigua directament del riu. Enguany, a causa de l’abocament de sediments de dues canteres situades aigua amunt del riu, aquest s’ha contaminat. El riu és l’únic recurs que té aquesta comunitat per hidratar-se, i donades les restriccions aplicades s’ha impossibilitat el desplaçament cap a un altre torrent. 

Algunes comunitats costaneres dedicades als serveis turístics s’han vist obligades a tancar per les mesures de mitigació imposades per la COVID-19, i per tant, s’han reduït els seus ingressos de manera considerable. A conseqüència, algunes famílies de les comunitats rurals que disposen de sistemes d’abastament d’aigua no han pogut pagar el rebut de l’aigua, provocant una disminució dels ingressos de les JdA, les quals han tingut dificultats per mantenir els sistemes. En la mateixa línia, les JdA s’han vist afectades per les polítiques d’impagament decretades pel govern durant la pandèmia (veure imatge). Les JdA operen sense superàvit i la suspensió del seu pagament implica que no es pugui garantir la cloració de l’aigua per tal de potabilitzar-la.

No hay vida digna sin suministros garantizados: diez grupos con representación parlamentaria apoyan las medidas ciudadanas para prohibir los cortes

• Representantes de diez grupos políticos del Congreso suscriben las medidas propuestas y exigen a la ministra Teresa Ribera la protección de todas las familias vulnerables.

• Numerosas entidades sociales reclaman la implementación del principio de precaución, un periodo de carencia sin cortes de suministro de agua, luz y gas y la redefinición de la figura de consumidor vulnerable.

Madrid, 17 de diciembre de 2020

A las puertas del invierno y en plena pandemia, numerosas entidades sociales han impulsado un manifiesto para exigir al Gobierno central y a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera el fin de los cortes de suministros y la implementación de una serie de medidas para garantizar la protección de todas las familias en situación de vulnerabilidad. Exigen así al Ejecutivo de Pedro Sánchez tres mecanismos efectivos para evitar cualquier interrupción de suministro de agua, luz y gas en hogares vulnerables: principio de precaución, periodo de carencia y redefinición de consumidor vulnerable.

En una rueda de prensa que ha tenido lugar en el exterior del Congreso de los Diputados, y ante los recientes anuncios del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir los desahucios y garantizar los suministros a las familias vulnerables, las portavoces de los movimientos ciudadanos han presentado tres medidas de urgencia, que protegerían al conjunto de familias que sufren la pobreza energética y el riesgo de corte:

1. La aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto-ley que vuelva a proteger a los miles de familias que a día de hoy pueden sufrir un corte de agua, electricidad o gas. Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encabezado por la ministra Teresa Ribera, debe impulsar cuanto antes el establecimiento del principio de precaución, una herramienta que obligue a las compañías suministradoras a consultar con los Servicios Sociales competentes la situación de cualquier familia afectada por un aviso de corte y a garantizar sus suministros en el caso de que cumpla con unos baremos específicos de vulnerabilidad. A su vez, las facturas impagadas que deriven de la aplicación de este mecanismo se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100% por las propias compañías de todos los segmentos implicados.

2. La promulgación de un periodo de carencia que evite cualquier interrupción de suministro en el ámbito doméstico, que tendrá como fecha límite la puesta en funcionamiento del principio de precaución. Se trata de una medida excepcional y urgente si se quiere garantizar el acceso a energía y agua en invierno y en plena pandemia.

3. La redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que abarque los suministros de agua y gas natural junto al de la electricidad, y que pueda ampliar los actuales requisitos de acceso por lo que al nivel de renta se refiere, dado que los mismos no se ajustan a la realidad social de la ciudadanía española y excluyen a una gran cantidad de familias de la protección frente al corte.

En este sentido, se ha incidido en que el derecho a una vida digna conlleva el reconocimiento de los derechos humanos a la vivienda, a la salud, al agua potable y al saneamiento, así como a la disponibilidad de servicios básicos como la luz y el gas. Por tanto, la exigencia de prohibición de cortes de suministro debe necesariamente abarcar el agua, la electricidad y el gas, así como los desahucios.

Coincidiendo con la rueda de prensa, esta semana se han conocido diferentes noticias relacionadas con esta problemática. Según las informaciones aparecidas en distintos medios, se calcula que solo entre octubre y noviembre, una vez levantada la moratoria aprobada en marzo, se han producido hasta 30.000 cortes de suministro en todo el Estado.

Como respuesta, el Gobierno anunció el pasado martes tras la reunión del Consejo de Ministros la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSS), con aportaciones de las compañías, que permitiría reducir la factura eléctrica al menos un 13 % en el plazo de cinco años. A su vez, la portavoz María Jesús Montero adelantó que el Ministerio de Ribera estaba trabajando en una disposición adicional que se añadiría a alguno de los próximos reales decretos-ley impulsados por el Ejecutivo en la que se garantizaría literalmente “que ningún consumidor vulnerable va a tener un problema con el corte de los suministros”.

A pesar de las buenas intenciones, en el pasado se ha visto cómo la mayoría de medidas aprobadas acaban siendo insuficientes porque no abarcan el conjunto de familias afectadas, bien porque no incluyen los suministros de agua o gas, porque circunscriben la protección exclusivamente a las personas beneficiarias del bono social eléctrico o porque no tienen en cuenta la complejidad de los colectivos que sufren pobreza energética (titularidad del suministro, desconocimiento de los mecanismos de protección, trampas de las compañías, etc.).

Las medidas que provienen de las entidades que día tras día trabajan directamente con las familias afectadas son, a juicio de estas organizaciones, las más efectivas para hacer frente a la situación y garantizar de este modo los derechos básicos de toda la ciudadanía, particularmente la más vulnerabilizada. Es necesario que las medidas excepcionales que ahora se tomen se consoliden y tornen en normales después de la crisis sanitaria mediante las oportunas iniciativas legislativas. También reclaman al Gobierno que concrete los procedimientos que propone para afrontar las deudas acumuladas durante la pandemia que, en todo caso, deberán tener en cuenta criterios de equidad y asequibilidad.

El manifiesto con las medidas ha sido promovido por Aigua és Vida, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Red Agua Pública (RAP).

A su vez, ha contado con el apoyo de los siguientes grupos con representación parlamentaria:

• Unidas Podemos
• Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes
• Junts per Catalunya-Junts
• En Comú Podem-Guanyem el Canvi
• Euskal Herria Bildu
• Más País-Equo
• CUP-Per la ruptura
• Nueva Canarias-Coalición Canaria
• Bloque Nacionalista Galego
• Més Compromís

El documento presentado hoy es una prueba más de que las medidas propuestas son viables y cuentan con un amplio apoyo. El Partido Socialista y la ministra Teresa Ribera no pueden seguir retrasando la protección de todas las familias españolas frente al corte. Por último, las organizaciones consideran que, tal y como se afirma en el manifiesto, no hay una vida digna si no se garantizan los derechos básicos y exigen que se ponga fin a los cortes de suministros.

Aigua és Vida

Alianza contra la Pobreza Energética

Coordinadora de Vivienda de Madrid

Ecologistas en Acción

Enginyeria Sense Fronteres

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

Red Agua Pública

L’Hospitalet i Maputo s’uneixen envers l’enfortiment de la sostenibilitat social i ambiental

Enginyeria Sense Fronteres, en col·laboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, crea el primer centre de compostatge comunitari a la capital de Moçambic i comença a comercialitzar el compost.

La ciutat de Maputo genera 1134 tones al dia de residus, i el sistema de gestió de residus sòlids a la ciutat presenta greus problemes. És per aquest motiu que l’abocador municipal de Hulene, que és el més gran del país, es veu molt sovint sobrecarregat. De fet, és en aquest mateix abocador que van morir al febrer del 2018 almenys 17 persones en un devessall d’escombraries. 

En els últims anys s’ha anat fent més visible la necessitat de dissenyar i construir ciutats més inclusives i amb ambients més saludables, en gran mesura, pels beneficis que pot aportar a tots els col·lectius ciutadans en termes de sostenibilitat. En contextos com Maputo, la implementació d’accions adreçades al desenvolupament sostenible progressen més lentament. En consonància amb el mandat de les Nacions Unides envers el desenvolupament sostenible, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat col·labora amb Enginyeria Sense Fronteres de Catalunya (ESF) donant suport a l’hora de conduir accions per tal d’enfortir certes àrees dels ODS a la ciutat de Maputo (Moçambic).

El sistema de gestió de residus sòlids a la ciutat de Maputo presenta greus problemes i és per aquest motiu que l’abocador municipal de Hulene, que és el més gran del país, es veu molt sovint sobrecarregat. De fet, és en aquest mateix abocador que van morir al febrer del 2018 almenys 17 persones en un devessall d’escombraries. 

És per això que, des de 2015, ESF treballa en aquesta problemàtica en un dels barris amb més ciutadans de Maputo (KaMaxakene i KaMuvukwana). Als barris periurbans de Maputo la majoria de residus sòlids generats correspon al residu orgànic. Així doncs, en els últims anys, amb l’objectiu de reduir la quantitat d’aquests residus a la ciutat, ESF i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat han apostat pel primer projecte pilot creant a l’Institut Industrial de Maputo (IIM) el primer Centre de Compostatge Comunitari amb la col·laboració de la Plataforma de Desenvolupament de Maxaquene, l’Associació de Microempreses de Prestació de Serveis AMMEPS, l’Associació d’Estudiants Tècnics (AETEC) i funcionaris del propi IIM. 

Es van fabricar les 8 composteres comunitàries instal·lades en el recinte de manera ordenada a partir de palets reciclats i adquirits al mercat. Després d’aquest pas, es van realitzar les gestions necessàries amb els mercats municipals de Kompone i Xikelene per a la recollida de material orgànic suficient per possibilitar el muntatge de les composteres. 

Després d’aquesta primera experiència, el 2019 es va replicar a major escala en l’anell verd de Maputo, concretament en el districte municipal de KaMuvukwana, amb la creació del Centre de Compostatge de Choupal que va suposar una rehabilitació de l’antiga casa agrària pertanyent a la Direcció municipal d’Agricultura. Es van instal·lar 16 composteres que continuen en marxa en l’actualitat gràcies a la col·laboració de productors i productores i personal tècnic del municipi. Això ha permès reduir, en gran mesura, el residu orgànic i sensibilitzar a la comunitat sobre els seus usos per a enriquiment de sòls i millora d’inputs per a les seves hortes.

Actualment, l’equip de seguiment del procés de compostatge de tots dos centres ja realitza les seves activitats, portant un control exhaustiu del desenvolupament de les composteres, revisant i mesurant cada setmana la humitat, la temperatura, la ventilació, el Ph, i d’altres, del compost que s’està produint. El primer compost de l’IIM va servir per a enriquir els seus horts comunitaris i afavorir així els cultius hortícoles per a la comunitat, al mateix temps que es sensibilitzava per a la promoció del compostatge urbà i domèstic a la ciutat. 

“Com a primera experiència pilot en compostatge, aquest centre suposa un trampolí per a submergir-nos en l’àrea de reciclatge de residu orgànic, el més produït a la ciutat, per a donar-li un ús útil i per a millorar la seva gestió en els mercats” explica el tècnic d’incidències de ESF Isildo Nhantumbo.

Així, durant l’any 2020, s’ha continuat treballant en la mateixa línia potenciant el Centre de Compostatge de Choupal i es pot dir que, després de 3 anys treballant en compost, i després d’implementar millores i realitzar compost a una escala major, hem fet un pas més per estabilitzar els processos de producció i comercialització del compost produït. “Es tracta d’un procés d’aprenentatge a llarg termini que els productors i productores de la zona estan assimilant bé i replicant en les seves pròpies hortes, estem molt contents amb els resultats i esperem el 2021 començar amb la comercialització del compost produït als mercats de la ciutat” conclou Eveline Nguiraze, tècnica social promotora d’ESF a Maputo.

Aquest projecte suposa un gran desafiament per a aconseguir la reducció de residu orgànic de la ciutat, ja que el seu impacte real només podrà veure’s a llarg termini perquè implica un canvi rellevant d’hàbits i del comportament de la ciutadania.

Tres mujeres que sufren pobreza energética levantan la voz contra el gobierno exigiendo una nueva moratoria de cortes de suministro.

EmpowerMed con la colaboración de la Alianza contra la Pobreza Energética presenta una serie de vídeos dando visibilidad a las familias que sufren cortes de suministros.

Desde que el 1 de octubre decayó la moratoria de cortes de suministro muchos hogares acontecen, una vez más, desprotegidas ante cortes indiscriminados de agua, luz y gas por parte de las compañías.

Miles de familias vulnerables quedan expuestas a vivir sin los servicios básicos cuando, en tiempos de pandemia por la COVID-19 hemos visto como tanto el agua, la luz o el gas son imprescindibles para mantener una buena higiene. Una situación que se suma a la precariedad laboral e inestabilidad económica, que desgraciadamente, está lejos de mejorar.

Desde EmpowerMed y la Alianza contra la Pobreza Energética vemos que desde que empezó la pandemia las medidas del gobierno de PSOE y Podemos ante la pobreza energética son totalmente insuficientes, y dan la espalda a miles de familias que no pueden pagar las facturas del agua, la luz o el gas. Desde los movimientos sociales pedimos que se implemente esta moratoria de cortes de suministros.

Como hemos visto en los últimos estudios realizados en que hemos colaborado “Emergència habitacional, pobresa energètica i salut: Inseguretat residencial a Barcelona 2017 – 2020” y  “ESFeres17: Desigualtat de gènere i pobresa energètica. Un factor de risc oblidat” las mujeres, son las que más se ven afectadas de manera desproporcionada por la pobreza energética.

Juani, Arancha y Paca son tres mujeres de Madrid que se han visto afectadas por la pobreza energética y se encuentran expuestas a posibles cortes de suministros al no poder hacer frente a las facturas. Las tres lo tienen claro, quieren que la moratoria de cortes de suministros se recupere, ahora más que nunca es necesario que las familias que no pueden pagar sus facturas no se queden detrás, el gobierno no les puede dar la espalda.

Juani, desempleada, afectada por posibles cortes de suministros y desahucio, exige en el gobierno que vuelva la moratoria de cortes de suministro y paran los desahucios en plena pandemia. Esta crisis no la podemos volver a pagar nosotros.

Arancha, desempleada y afectada por posibles cortes de suministros. Arancha pide en el gobierno que vuelva la moratoria de cortes, los suministros de agua, luz y gas son básicos y vitales.

Paca, afectada de pobreza energética, exige en el gobierno que vuelva la moratoria de cortes, no pueden dejar desprotegidas a miles de familias que no pueden hacer frente a las facturas.